Pasados 49 días de la entrada masiva del 30 y 31 de julio, la jornada de este jueves ha combinado protección real de las personas migrantes con nueva presión institucional desde Bruselas: la Policía Nacional y la Guardia Civil han desarticulado dos estructuras que explotaban económicamente a decenas de migrantes en Ceuta, la Audiencia Nacional ha autorizado finalmente el campamento del puerto tras paralizarlo horas antes, y el Parlamento Europeo ha aprobado una resolución que califica de «guerra híbrida» los hechos de julio.
Acciones institucionales
Gobierno de España
La Policía Nacional ha detenido a dos personas en Ceuta por integrar una organización que explotaba económicamente a migrantes recién llegados, según la nota de prensa remitida por el Ministerio del Interior a este observatorio. La red alojaba a las víctimas en un garaje comunitario cercano a la barriada del Príncipe —hasta una veintena de personas a la vez, durmiendo en el suelo— y cobraba hasta novecientos euros mensuales por plaza, además de entre cinco y diez euros por cada carga completa de móvil; la entrega de colchones y mantas quedaba condicionada al pago íntegro.
La organización ofrecía también traslados irregulares a la Península por hasta seis mil euros, y algunas víctimas denunciaron amenazas de muerte para imponerles la ley del silencio.
Horas antes, la Guardia Civil había detenido a los dos propietarios de un piso en la calle Real donde convivían veinticinco migrantes, seis de ellos menores, en condiciones de salubridad que el instituto armado calificó de «nulas». Ambas investigaciones, coordinadas con la Fiscalía especializada en tráfico ilícito de migrantes, se mantienen abiertas.
Congreso de los Diputados
El Congreso, por su parte, convalidó el miércoles el decreto de ayudas a Ceuta por 309 millones de euros —118 para menores y atención humanitaria, 90 para seguridad y 80 para empresas y trabajadores—, con el apoyo del PP y el resto de la Cámara salvo el voto en contra de Vox y la abstención de Junts. El vicepresidente y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, calificó la norma de «clave» para devolver Ceuta «a la normalidad». Ese mismo pleno aprobó, con los votos del PP, UPN y Junts, una moción que reprueba la gestión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y pide a Sánchez su cese; PSOE, Sumar, ERC y PNV votaron en contra.
Gobierno de Ceuta
El presidente de la ciudad, Juan Jesús Vivas, calificó de «salida de tono» la respuesta que dio ayer Pedro Sánchez cuando le preguntaron por el millar de menores que aún deambulan sin identificar por la ciudad («Eso, pregúnteselo a Vivas»), y recordó que la identificación y filiación de cualquier persona que entra en territorio nacional corresponde al Ministerio del Interior y a la Delegación del Gobierno, no a la ciudad autónoma.
No se ha registrado hoy ninguna medida de gestión propia impulsada por el Gobierno ceutí más allá de estas declaraciones en medios.
Unión Europea
El Parlamento Europeo aprobó este jueves, por 339 votos a favor, 225 en contra y una veintena de abstenciones, una resolución que condena «los cruces ilegales masivos» a Ceuta y su «instrumentalización» como «herramienta de guerra híbrida» contra la integridad territorial española, lamenta los 141 fallecidos del cruce y reclama a España y Marruecos acelerar la expulsión de quienes no tienen derecho a permanecer en la Unión.
El texto, impulsado por el PPE con el apoyo de los Conservadores y Reformistas y de los Patriotas por Europa, salió adelante con el rechazo de los socialistas europeos; en el mismo párrafo critica también las «regularizaciones masivas» practicadas por España.
Una enmienda de Vox que pedía revisar toda la financiación europea a Marruecos no prosperó en su totalidad, aunque sí quedó incorporada una referencia genérica a la posibilidad de suspender fondos a socios que no cooperen. La víspera, la Eurocámara ya había incluido una condena similar en un informe sobre amenazas híbridas, aprobada por 435 votos.
Comunidades autónomas
Castilla-La Mancha recibió hoy, como estaba previsto, a los catorce menores procedentes de Ceuta anunciados el martes por la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, quien insistió en que la región mantiene «la misma línea de colaboración» pese a que sus recursos de acogida están, en sus palabras, «tensionados».
Investigación judicial
La Audiencia Nacional vivió una jornada de vaivenes: la Sala de lo Contencioso-Administrativo paralizó el miércoles, de forma cautelarísima y a petición del Sindicato Unificado de Policía, la puesta en marcha del campamento humanitario del puerto de Ceuta, alegando dudas sobre las condiciones de seguridad para los agentes; este jueves, tras revisar la documentación remitida por el Ministerio de Transportes, rechazó la medida y levantó la suspensión, dejando en manos de Interior la fijación de las condiciones de seguridad del dispositivo, que podrá alojar a cerca de un millar de personas.
Por otra parte, la Fiscalía ha señalado en un escrito a la Delegación del Gobierno en Ceuta por una posible omisión de medidas que pudo agravar las consecuencias de la entrada masiva, un trámite que se suma, sin apuntar todavía a responsabilidades firmes, a la instrucción abierta por la jueza María Tardón sobre los hechos de julio.
Oenegés
No se ha registrado hoy ninguna actuación nueva de las organizaciones humanitarias en Ceuta, más allá de la continuidad de sus dispositivos de acogida y atención sanitaria.
Marruecos
La prensa marroquí en francés dedicó este jueves su cobertura a desmontar los argumentos de la resolución europea antes incluso de que se votara.
Hespress tituló que la Eurocámara «se queda corta de pruebas» pese al vocabulario empleado, y subrayó que el propio texto también critica las regularizaciones masivas de España, lo que interpreta como prueba de que la resolución «no se dirige solo a Marruecos».
TelQuel recogió, por su parte, el anuncio de von der Leyen de un mecanismo europeo de emergencia. No hemos localizado hoy información sobre qué comunican las autoridades marroquíes a su propia población sobre la resolución, ni sobre el resultado de las dos operaciones policiales contra la explotación de migrantes.
Vulneraciones de derechos de las personas migrantes
Las dos operaciones anunciadas hoy son, en sí mismas, una fotografía de la vulneración de derechos que sufren las personas migrantes en Ceuta: hacinamiento en garajes y trasteros, cobros abusivos por necesidades básicas, amenazas de muerte para imponer el silencio y menores conviviendo en pisos sin condiciones mínimas de salubridad.
A diferencia de los episodios de violencia militar documentados ayer por elDiario.es, aquí los presuntos responsables son particulares que se lucraban con la vulnerabilidad de las víctimas, y la respuesta institucional ha sido, en este caso, de protección: varias de las personas identificadas aceptaron colaborar y declarar contra la organización.
No hay hoy novedades sobre la investigación de las agresiones militares denunciadas la víspera, ni sobre si el Ministerio de Defensa ha abierto expediente alguno.
Síntesis
El jueves deja una paradoja parecida a la de días anteriores, con un matiz: junto a la presión de Bruselas y el ruido parlamentario de Madrid —la censura a Marlaska, la resolución europea sobre guerra híbrida—, dos operaciones policiales muestran cómo la necesidad de las personas migrantes se ha convertido en negocio para terceros, y esta vez la respuesta ha sido de protección a las víctimas.
Frente a eso, la Audiencia Nacional desbloquea en un día el campamento del puerto, Castilla-La Mancha cumple lo prometido con catorce menores más, y el Gobierno de Ceuta sigue sin aportar gestión propia más allá de la réplica verbal a Moncloa.
Ese contraste, entre quienes actúan sobre el terreno y quienes libran el pulso en los hemiciclos, sigue siendo el hilo conductor de este observatorio.
