El Ejecutivo aceleró este lunes su respuesta a la crisis migratoria de Ceuta con el anuncio de dos decisiones que se formalizarán este martes en el Consejo de Ministros: la declaración de la situación como de interés para la Seguridad Nacional y la creación de un mando único que coordinará a todas las administraciones implicadas. En paralelo, Sanidad activó el envío de miles de vacunas a la ciudad autónoma y Justicia urgió al Poder Judicial a desbloquear el refuerzo de los tribunales, mientras el choque político entre el Gobierno y el PP se endureció en torno al riesgo sanitario.
Acciones institucionales
El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, anunció que el Consejo de Ministros aprobará este martes la situación de interés para la Seguridad Nacional en Ceuta y pondrá al frente de un mando único al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.
«La creación del mando único que tendrá lugar mañana forma un antes y un después en cuanto a la gestión de los expedientes», afirmó Cuerpo, quien vinculó la medida a una aceleración de las repatriaciones pendientes. Del comité formarán parte, además de Torres, el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, el delegado del Gobierno, el Centro Nacional de Inteligencia y los departamentos de Defensa, Interior y Migraciones, junto con Seguridad Nacional, que depende de Presidencia del Gobierno.
Cuerpo, quien compareció en la Delegación del Gobierno de Ceuta, avanzó también «medidas de choque» que ampliarán el Plan Socioeconómico aprobado en dos mil veintidós, con el Instituto de Crédito Oficial y el ICEX como posibles instrumentos. Cifró en ciento ochenta millones de euros lo movilizado hasta la fecha y señaló que el gasto con tarjetas cayó un treinta por ciento en los primeros días tras la entrada de ochenta mil personas migrantes, con una recuperación progresiva posterior. Según sus datos, ya se han filiado dos mil novecientos menores.
Este mismo lunes, la Comisión de Salud Pública aprobó el envío de 45.000 vacunas a Ceuta —15.000 dosis de triple vírica y 10.000 de cada una de difteria-tétanos, varicela y polio— para inmunizar tanto a personas migrantes como a población ceutí no vacunada. Fuentes del Ministerio de Sanidad insistieron en que «la situación no es una emergencia de salud pública», aunque «hay que trabajar en prevención». La medida se acordó en una reunión con las comunidades autónomas marcada por las críticas de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, quien acusó a la ministra Mónica García de convocar el encuentro «de manera chantajista».
El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, por su parte, remitió una carta al Consejo General del Poder Judicial para urgir el envío de la documentación pendiente —la solicitud del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla y el informe del Servicio de Inspección— que permitiría desbloquear la partida presupuestaria destinada a reforzar el Tribunal de Instancia de Ceuta.
El secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo, aseguró que el departamento «tiene todo preparado» para autorizar el crédito en cuanto reciba esa documentación. Entre los refuerzos ya autorizados figuran tres tramitadores, un gestor procesal, ampliación de guardias, tres abogados fiscales sustitutos, once médicos forenses, siete técnicos de autopsia y cinco abogados adicionales del turno de oficio de extranjería.
Pedro Sánchez convocó además el Consejo de Seguridad Nacional para dar seguimiento a la situación en la ciudad autónoma.
Esta semana, coincidiendo con el arranque del curso político, hasta ocho ministros —Defensa, Justicia, Sanidad, Exteriores, Interior, Migraciones e Infancia e Igualdad, entre otros— comparecerán en el Congreso para explicar la gestión de la crisis.
Desde el Ejecutivo se admite que aún «faltan piezas del puzle» sobre lo ocurrido el treinta y uno de julio, aunque se sostiene que Marruecos colaboró en el retorno de setenta mil personas.
Oenegés
Save the Children alertó este lunes de que los errores en la identificación de menores migrantes en Ceuta ponen en riesgo su protección, especialmente durante los traslados entre recursos: si un menor es considerado adulto por error, pierde el acceso al sistema específico que le corresponde por edad. La organización insistió en que no debe recurrirse a pruebas de determinación de edad cuando existen indicios claros de minoría, como fotografías, copias de pasaportes o certificados de nacimiento, y recordó que cualquier procedimiento de identificación debe regirse por el interés superior del menor.
La Comisión Española de Ayuda al Refugiado reiteró, a través de su director general, Mauricio Valiente, que «un menor nunca puede ser expulsado» y que el retorno a Marruecos no puede confundirse con una devolución sin garantías. Desde CEAR se insiste en que el acuerdo hispanomarroquí de 2007 «no es el paraguas para tomar una decisión colectiva» y que cada caso requiere una valoración individualizada de las circunstancias del menor.
Debate político
El choque entre el Gobierno y el PP se agravó este fin de semana cuando el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, pidió a Sánchez que «estudie muy bien la posibilidad de decretar el confinamiento» de Ceuta por razones de salud pública, citando la sarna y la tuberculosis. La ministra de Sanidad, Mónica García, calificó la petición de «injustificada» y «contraproducente», mientras que la ministra de Migraciones, Elma Saiz, acusó a Feijóo de «generar angustia y miedo»: «Lo que sí es contagioso es la xenofobia», afirmó.
La tensión también atraviesa la gestión de los menores: las comunidades autónomas gobernadas por el PP y Vox se disponen a repetir su plante al secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez Correa, en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia convocada para el 27 de agosto, en la que se abordará el reparto de menores no acompañados. Días antes, la Fiscalía General del Estado había rechazado la propuesta de Feijóo de devolver de forma inmediata a los menores migrantes a Marruecos, al considerar que «no tiene sentido» sin una valoración individual de cada caso.
Síntesis
Veinticinco días después de la entrada masiva del treinta de julio, el Gobierno pasa de la gestión de urgencia a un intento de institucionalización: mando único, declaración de interés para la Seguridad Nacional y refuerzo simultáneo en sanidad y justicia.
Pero la creación de estas estructuras convive con una batalla política que se recrudece —confinamiento, vacunas, menores— justo cuando el Congreso se dispone a escuchar explicaciones de ocho ministros por lo ocurrido hace casi un mes.
- Pie de foto: Avatares Cuerpo y Vivas en Ceuta 24AGO2026 ©AqM-ChatGPT
