El jefe de gabinete del delegado del Gobierno en Ceuta, Gonzalo Sanz, presentó este jueves 10 su dimisión después de que los informes desclasificados el pasado miércoles revelaran que mantuvo un intercambio directo con un agente del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) el 29 de julio, la víspera de la entrada masiva de migrantes en la ciudad autónoma.
En su carta de renuncia, Sanz sostiene que trasladó esa información al delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez Triano, «ese mismo día», una versión que contradice frontalmente las declaraciones públicas de Pérez Triano, quien había calificado ese intercambio de «comunicación informal» de la que no tuvo conocimiento formal, según recogía ya esta serie el jueves.
La Delegación del Gobierno confirmó este viernes la dimisión y precisó que fue el propio Pérez Triano quien pidió a Sanz que abandonara el cargo, si bien la institución mantiene que el delegado desconocía tanto los mensajes de WhatsApp como la llamada telefónica de once minutos que su jefe de gabinete mantuvo con el agente de inteligencia.
La dimisión es la primera baja de peso en la cadena de mando ceutí desde que estalló la crisis y añade un elemento nuevo a una controversia que, hasta ahora, se movía en el terreno de las versiones contrapuestas: por un lado, la del CNI, que ya había precisado que su aviso del 29 de julio llegó únicamente por mensaje y una breve llamada al gabinete de la Delegación y a la UCE-3 de la Guardia Civil, sin activar una alerta de mayor nivel hacia las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional o el Ministerio de Defensa; por otro, la del propio delegado, que negaba haber sido informado. Con la carta de Sanz, esa negación queda por primera vez directamente cuestionada por alguien de su propio equipo.
En el plano judicial, la causa sigue su curso sobre la base ya conocida: la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón, quien investiga la entrada masiva de más de 70.000 personas como un posible delito contra la integridad territorial de España, reclamó el jueves al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, dirigido por Félix Bolaños, una copia autenticada de los cuarenta informes y comunicaciones de julio que el Gobierno ya había hecho públicos.
En la causa están personados como acusación particular tanto la Ciudad Autónoma de Ceuta como el propio Estado, a través de la Abogacía del Estado, mientras PP, Vox, Hazte Oír e Iustitia Europa ejercen las acusaciones populares.
La dimisión de Sanz se produce, por tanto, apenas un día después de esa petición formal de la magistrada, y aporta al expediente judicial un elemento que hasta ahora no figuraba en los documentos ya desclasificados: el propio jefe de gabinete afirmando por escrito que sí trasladó la alerta.
Oenegés
Mientras la causa judicial avanza, la situación sobre el terreno sigue sin resolverse para buena parte de las personas migrantes. elDiario.es documentó este jueves que decenas de mujeres y menores, algunas embarazadas, llevan quince días a las puertas de dos centros de acogida estatales en Ceuta —uno de ellos gestionado por la ONG Sur Acoge— sin apenas atención, en condiciones de insalubridad, con picaduras de insectos, escasez de agua y comida y, según varios testimonios recogidos por el medio, sin poder moverse libremente por la presencia de cordones militares que solo permiten bajar a la playa del Trampolín para el reparto de Cruz Roja.
El reportaje recoge desmayos por agotamiento y hambre que tuvieron que ser atendidos por servicios de emergencia avisados por periodistas presentes en la zona, no por personal de los centros.
El Ministerio de Inclusión, del que depende uno de esos centros, no respondió a las preguntas de elDiario.es sobre por qué estas mujeres y menores permanecen fuera de las instalaciones.
Debate político
La crisis también ha reavivado la tensión interna en el PP. Su presidente, Alberto Núñez Feijóo, envió este jueves un mensaje a los presidentes autonómicos de su partido para imponer un «mando único comunicativo» que evite «sobreactuaciones» ante la escalada de la crisis. Horas después, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ignoró la instrucción durante el debate del estado de la región en la Asamblea de Madrid y calificó de «traidores» a los miembros del Gobierno, reiterando que, de ser presidenta, habría «roto relaciones con Marruecos», una medida que la dirección nacional del PP rechaza por considerar necesario mantener abiertos los canales diplomáticos.
Por su parte, varios socios de investidura del Gobierno criticaron la «laxitud» del Ejecutivo ante el aviso del CNI, según recogió elDiario.es, aunque evitaron alinearse con las tesis del PP. Prensa oficialista marroquí.
Medios marroquíes
Ya el jueves, medios marroquíes como Le360, InfoMaroc, Hespress y TelQuel habían dado amplia cobertura a la desclasificación, varios de ellos subrayando —como recogía esta serie— que los propios servicios españoles compartieron su información con los servicios marroquíes antes del 30 de julio.
Este viernes, Hespress, en su edición en francés, ha centrado su cobertura en la dimisión de Sanz, titulando que la renuncia y las «versiones contradictorias» sobre las comunicaciones del CNI «embarazan a España», y detallando que la Delegación del Gobierno mantiene que Pérez Triano no tuvo constancia del contenido del aviso antes del 30 de julio. No se ha localizado hasta el momento un pronunciamiento oficial del Gobierno de Marruecos sobre la dimisión.
Síntesis
La jornada suma a una causa judicial que ya venía de días anteriores —la petición de Tardón a Bolaños, la personación del Estado y de Ceuta— un hecho nuevo de peso administrativo: la primera baja en la cadena de mando ceutí desde que estalló la crisis, y la primera vez que alguien del entorno directo del delegado del Gobierno pone por escrito una versión que contradice la suya.
A ello se añade, sobre el terreno, el testimonio recogido por elDiario.es sobre decenas de mujeres y menores que continúan sin atención adecuada a las puertas de los centros de acogida estatales, una situación que ni la desclasificación de julio ni el plan de choque de 309 millones aprobado a principios de mes han resuelto todavía.
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