El Gobierno central acelera este fin de semana la respuesta económica a la crisis migratoria de Ceuta con la aprobación, prevista para el martes en el Consejo de Ministros, de un paquete de emergencia de 165 millones de euros. La medida convive con el arranque del calendario político hacia el 2 de septiembre, cuando PP y Vox han convocado concentraciones en toda España, y con una jornada sin cobertura verificada en la prensa oficialista marroquí.
Acciones institucionales
El Consejo de Ministros aprobará el próximo martes un paquete de emergencia de 165 millones de euros para Ceuta, según ha avanzado El País y han confirmado a la agencia Efe fuentes gubernamentales. La partida se suma a los 180 millones del plan de recuperación a medio plazo anunciado por el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, quien sigue en negociación con patronal, sindicatos y representantes de los sectores productivos de la ciudad.
A diferencia de aquel, el nuevo paquete son medidas de emergencia: 80 millones de euros se inyectarán en la economía local en los próximos cuatro meses —35 millones en ayudas directas a pymes y autónomos, 15 millones para comercio y turismo, y 15 millones para reforzar educación, sanidad y justicia—, mientras otros 70 millones están previstos para 2027.
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, mantiene en marcha una ampliación de hasta 44,5 millones de euros para la atención humanitaria en la ciudad, a la que se suma el crédito extraordinario de 25 millones de euros pactado el jueves con las comunidades autónomas en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia para la atención de los menores migrantes.
Por su parte, la ministra de Sanidad, Mónica García, mantiene como objetivo que en dos semanas nadie duerma en la calle en Ceuta, en paralelo a la habilitación de nuevos espacios de acogida.
El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha advertido que, si no cesa la violencia registrada en las calles de la ciudad, se producirá «una ruptura total» que retrasará la solución de la crisis.
En Interior, la medida más reciente confirmada del ministro Fernando Grande-Marlaska sigue siendo el plan de 35,6 millones de euros anunciado el viernes en el Congreso para alargar los espigones de El Tarajal y Benzú e instalar un sistema permanente de boyas fondeadas y vigilancia con drones, cofinanciado en un 90 por ciento por la Unión Europea.
La petición de apoyo a Frontex y Europol para agilizar los triajes, avanzada ayer, sigue en estudio por parte de la Comisión Europea.
En el capítulo económico, fuentes gubernamentales citadas por la prensa recuerdan que la cuantía del nuevo paquete de emergencia resulta especialmente significativa para una ciudad de ochenta mil habitantes: trasladada proporcionalmente a Madrid equivaldría a unos 7200 millones de euros. El Gobierno insiste en que esta partida es independiente del plan de desarrollo socioeconómico a medio plazo impulsado desde 2022 junto con la Ciudad Autónoma, que ya ha movilizado 180 millones de euros y que continúa en fase de ampliación negociada con los agentes sociales.
Oenegés
Cruz Roja continúa como entidad prioritaria en la atención humanitaria. Según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, la organización reparte diariamente cerca de 4000 kits de alimentación, además de kits de higiene femenina, y ha prestado asistencia sociosanitaria básica a más de 4000 personas en la ciudad desde principios de agosto.
La Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo y Amnistía Internacional han pedido a las autoridades respuestas conjuntas que protejan a las personas migrantes y garanticen la seguridad de quienes trabajan en la atención humanitaria, tras denunciar amenazas y obstáculos para repartir agua y alimentos, así como el incendio de parte de un campamento en la playa Benítez.
Más allá de las grandes organizaciones, la respuesta vecinal de base sigue sosteniendo buena parte de la atención directa. Voluntarias del colectivo Border Resistance, coordinadas con No Name Kitchen, la Asociación Elín, Luna Blanca y distintas redes vecinales, mantienen desde hace semanas un almacén en el que clasifican donaciones de ropa, calzado, pañales y alimentos llegadas desde la España peninsular en lo que han bautizado como «caravana solidaria».
Una de las voluntarias ha resumido así los límites de este esfuerzo: «podemos tener mil organizaciones no gubernamentales en Ceuta, pero no llegamos a cubrir a toda la gente», al tiempo que ha reclamado una respuesta institucional que garantice alimentación, agua, alojamiento, atención sanitaria y protección a quienes lo necesitan.
Debate político
El calendario político se concentra en el 2 de septiembre, día en que la Federación Española de Municipios y Provincias convocó, a través de su presidenta, concentraciones a las 20.00 horas ante los ayuntamientos de toda España en defensa de las fronteras y de Ceuta. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, acudirá a la concentración de Madrid, mientras Vox ha llamado a sus simpatizantes a movilizarse bajo el lema «No a la invasión. Defiende Ceuta. Defiende España».
El PSOE, en un comunicado fechado el 29 de agosto, ha decidido no participar en estos actos al considerar que el PP está haciendo un uso «partidista» de la convocatoria: «Ceuta sí, su utilización partidista no».
El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha afirmado que el Gobierno «está a la altura de las circunstancias» y ha pedido más solidaridad por parte de la Unión Europea.
Síntesis
Un mes después del salto masivo del 30 y 31 de julio, el Gobierno intenta imprimir ritmo a la respuesta económica —165 millones de euros de emergencia, más los 180 millones a medio plazo y la ampliación de la atención humanitaria— mientras la política institucional convive con la movilización callejera convocada para el 2 de septiembre.
En ese contexto, la red de apoyo vecinal y de pequeñas organizaciones sigue cubriendo, con recursos limitados, necesidades básicas que reclaman una respuesta pública más amplia.
