CCOO sostiene que la «Ley Ómnibus» que tramita Díaz Ayuso traerá ocultismo, falta de control y vulneración de derechos

Permitirá que episodios como los protagonizados por el hermano de la presidenta queden impunes.

El anteproyecto de la conocida como «Ley Ómnibus» que se tramita en la Asamblea de Madrid por iniciativa del gobierno de Isabel Díaz Ayuso promueve medidas antidemocráticas y muy preocupantes al ámbito sanitario son, según Manuel Rodríguez, secretario de Políticas Sociales y Diversidad de CCOO de Madrid.

Manuel Rodríguez explica que, por ejemplo, «la creación de la Agencia de Contratación Sanitaria de la Comunidad de Madrid es un paso previo a futuras privatizaciones y supondrá más ocultismo y falta de control en la contratación pública de bienes y servicios».

Agrega que «esta agencia es innecesaria porque ya existe un organismo, la Junta Central de Compras, que garantiza la transparencia. En la actualidad es obligatorio publicar cualquier compra de suministro en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, requisito que esta ley intencionadamente anulará».

El anteproyecto crea la figura del consejero delegado para dirigir y gestionar esta agencia, una persona que puede ser ajena a la administración y por tanto muy cercana a las empresas que tienen intereses económicos en este sector.

Añade que lo que pretende el PP es que episodios como los ocurridos con el hermano de la presidenta Ayuso «queden impunes».

Aporta otro ejemplo, el proyecto de ley arremete directamente contra los trabajadores y trabajadoras de la Comunidad de Madrid al vulnerar el derecho a la negociación colectiva, impone régimen disciplinario, entre otros colectivos, para los agentes forestales, sin negociación ni participación de la representación sindical, que ni siquiera ha sido escuchada.

Otra disposición que recorta garantías y libertades es la que afecta al Tribunal Administrativo de Contratación Pública, que incrementa de seis a doce años el mandato de sus miembros. Esto pondrá en peligro la independencia, imparcialidad y objetividad de un tribunal que es el encargado de controlar y fiscalizar al gobierno regional.

Lejos de impulsar y fortalecer las políticas sociales, la norma legisla en su contra con medidas como el fomento del juego y la ludopatía, al posibilitar la instalación de máquinas recreativas en bares y cafeterías sin prácticamente control alguno.

Manuel Rodríguez señala que «estas razones, sumadas a la agresión al medio ambiente y al urbanismo, a evitar el control parlamentario y a silenciar la participación ciudadana, llevan a CCOO de Madrid a exigir al gobierno del PP que retire el anteproyecto de inmediato, puesto que es muy dañino para el presente y futuro de la ciudadanía madrileña».

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