El Área de Medio Ambiente y Movilidad de CCOO Madrid ha presentado alegaciones al proyecto de Ley de Economía Circular que tramita la Asamblea de Madrid por iniciativa del gobierno regional que preside Isabel Díaz Ayuso, porque da a la economía circular un enfoque limitado, como sector de crecimiento económico y negocio, eludiendo la protección del medio ambiente.
CCOO Madrid indica que la participación de los agentes sociales en una cuestión como la economía circular no es una mera formalidad, porque la transformación hacia la economía circular debería suponer un cambio en la manera de producir, distribuir y consumir bienes y servicios, afectando a todas las actividades económicas y en todos sus aspectos, desde la elección de las materias primas, hasta la recuperación del producto una vez terminada su vida útil.
Por lo tanto, señala, afecta al mundo de la empresa y a los trabajadores y trabajadoras, con impactos en el empleo, la transformación de las ocupaciones y las necesidades de cualificación, por lo que es obligado el diálogo social en esta materia.
Agrega que también es fundamental la participación del conjunto de la sociedad, ya que la reducción y recuperación de los residuos genera responsabilidades en empresas productoras, consumidores y administraciones, particularmente las entidades locales, y por ello, la participación y la implicación son imprescindibles para que cualquier medida en este campo tenga éxito.
Sin embargo, esta norma no ha pasado, como sería preceptivo, por el Consejo de Medio Ambiente, apunta CCOO, y en el articulado no se establece que vaya a ser preceptiva esta colaboración para las medidas que se proponen y los compromisos de elaboración reglamentaria, elaboración de planes y estrategias e informes y evaluaciones.
A la falta de participación, se une un problema de enfoque. La única preocupación del Gobierno regional en esta ley es promover el crecimiento económico y la oportunidad de negocio en este sector. Muchas de sus propuestas van en la línea de incentivar la inversión privada.
En cambio, para CCOO de Madrid, el principal objetivo que debe perseguirse con la implantación de la economía circular es preservar y mantener el medio ambiente. Una protección al medio ambiente que se encuentra en relación directa con los derechos de las personas (derecho a la vida y a la salud, al agua limpia, el saneamiento, la calidad del aire,…) en el presente y en el futuro.
Sin poner en primer lugar los objetivos de protección del medio ambiente, incluso la actividad económica que se pretende fomentar se verá afectada, porque muchas actividades verán comprometida su continuidad en el futuro. Pero sin duda, las más perjudicadas serán las personas vulnerables y con menos recursos, que están más expuestas a los efectos negativos del deterioro ambiental.
Sin compromisos, ni concreción
Además, CCOO sostiene que es un texto sin hoja de ruta, sin indicadores y sin concreción. El proyecto de ley es, sobre todo, una declaración de intenciones sin compromisos claros por parte de la Administración, que no delimita la responsabilidad de los agentes implicados, no solo los consumidores, sino también, y sobre todo, los productores y suministradores de bienes y servicios.
Utiliza términos como fomentar, impulsar, promover o mejorar. Pero más allá de plantearse «incentivar» o «facilitar» que los agentes privados (fundamentalmente empresas) puedan transitar hacia una economía circular, no se establece una normativa de obligado cumplimiento para que las empresas reduzcan o eliminen determinados consumos, generen menos residuos y se hagan responsables de los residuos que generan los productos y servicios, una vez que se ponen en manos del consumidor.
Tampoco se establecen indicadores y objetivos claros en materia de reducción de residuos, emisiones, vertidos y su tratamiento y gestión. La ausencia de una hoja de ruta y una estrategia con indicadores y actuaciones se hace necesaria también para que la región sea más eficaz en el aprovechamiento de los recursos de la Unión Europea aplicables a la economía circular.
El anteproyecto establece algunas cadenas de valor prioritarias pero olvida sectores de una gran importancia (energía, agua, comercio). Un ejemplo es el comercio, un sector con gran peso en la región y responsable de la distribución de gran parte de los productos, generador de envases y causante de buena parte de los desplazamientos, tanto a los núcleos comerciales, en el caso del modelo de grandes centros, como en la entrega de paquetería. Una intervención en este sector puede promover una distribución más sostenible a la vez que se mantiene y mejora el empleo.
Reducción del consumo
Para CCOO de Madrid, adoptar los principios de la economía circular exige utilizar herramientas como la fiscalidad, la compra pública verde, el pago por generación de residuos, etc. También exige plantear una reducción del consumo de productos como herramientas, equipos electrónicos o elementos de movilidad, que pueden ser de uso compartido.
Hay que promover la desaparición de productos como el agua envasada, los objetos desechables de un solo uso, el sobreenvasado y, en general, todos aquellos usos del plástico que se convierten de manera rápida en residuos. Es necesario eliminar del consumo los productos que se fabrican o exigen para su elaboración materias primas extraídas en puntos alejados y sustituirlos por productos de proximidad. También es necesario eliminar el desperdicio alimentario.
Añade que se debe cuestionar el modelo de región y el modelo de urbanismo extenso que genera más movilidad, más residuos y mayor dificultad para implantar sistemas de recogida y gestión de los residuos.
Concluye el sindicato que la Ley de Economía Circular debe dar respuesta al futuro de las instalaciones que se utilizan hoy en día para gestionar la mayoría de los residuos (incineradoras y macrovertederos), que tienen un impacto negativo sobre la salud y el medio ambiente, ya que son instalaciones muy contaminantes del aire, el agua y el suelo, y sustituirlo por sistemas que contemplen, además de la reducción de los residuos, la recogida selectiva y la implantación de sistemas de devolución, recuperación, reciclado y compostaje.
Para CCOO de Madrid, la implantación de una economía circular y verde debe hacerse desde la perspectiva del equilibrio social y territorial y la transición justa.
