Comisiones Obreras (CCOO) sostiene que la Ley Ómnibus que pretende aprobar el Gobierno presidido por Isabel Díaz Ayuso supone, en materia urbanística, seguir agudizando el modelo del PP causante de la burbuja inmobiliaria que tanto daño y desigualdad ha generado en la Comunidad de Madrid.

Alfredo Villafranca, secretario de Política Sectorial e Industrial de CCOO de Madrid, asegura que «con el falso pretexto de facilitar trámites administrativos, lo que hace este anteproyecto de ley es liberalizar más el suelo con fines especulativos. Va en contra del interés de común de las madrileñas y madrileños y beneficia a importantes promotores y terratenientes privados».

La eliminación de autorizaciones y controles preceptivos, permitirán la puesta en marcha de proyectos que actualmente están expresamente prohibidos por ley.

Las entidades privadas podrán otorgar licencias urbanísticas o verificar usos de suelos, lo que les convierte en juez y parte de unas actuaciones que nunca irán en contra de sus intereses.

Otro extremo de máxima gravedad para CCOO de Madrid es que el anteproyecto pretende sustituir las concesiones administrativas, que velan por que se cumpla la ley, por meras «declaraciones responsables» de las constructoras, como requisito para iniciar una obra.

Posibilitará desarrollar proyectos urbanísticos en zonas no urbanizables, además de permitir a promotores privados la expropiación de suelo, una potestad, hasta ahora, exclusivamente pública.

Se elimina el requisito para que cualquier edificación en terreno no urbanizable se pueda convertir en hotel rural o similar.

Con esta ley desaparecerá una de las bases del ordenamiento urbanístico, la obligación del promotor de ceder suelo a los ayuntamientos para la construcción de infraestructuras sociales como parques, centros escolares, guarderías, hospitales, centros de salud. Se deja en manos del promotor la opción de cambiar la cesión por el pago del suelo.

A juicio de Alfredo Villafranca esta ley «deja en manos del inversor privado la capacidad de llevar a cabo cualquier proyecto urbanístico en cualquier lugar. Pura especulación urbanística que supone un claro perjuicio para la ciudadanía madrileña en beneficio de los intereses de muy pocos».

Desde CCOO de Madrid indican que «trabajan para sumar fuerzas políticas y sociales que permitan evitar la aprobación de una ley que supondría un claro retroceso de las condiciones de vida del conjunto de la clase trabajadora madrileña».

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