El defensor del pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, ha entregado este 3 de marzo de 2021 en el registro de las Cortes Generales un monográfico sobre la migración en las islas Canarias en 2020, periodo en el que llegaron a las costas de Canarias 23.023 personas, documento que recoge las principales conclusiones de la Institución, entre ellas establecer convenios con oenegés y entidades dedicadas a la protección de menores para complementar la acción de los gobiernos autonómicos.
Para evitar que se repitan situaciones como la vivida en Canarias en el estudio se proponen medidas a corto, medio y largo plazo.
A corto plazo, la Institución considera necesario crear centros de acogida con un conjunto de instalaciones de carácter permanente que eviten tener que improvisarlas sobre la marcha; destinar más medios personales y materiales; protocolos de actuación bien definidos; normas de aplicación claras y precisas para regular cada situación (menores, madres con hijos, solicitantes de asilo y protección internacional); sistemas de identificación de personas desaparecidas en el trayecto y oficina de atención a los familiares y medidas especificas para evitar que se generen fenómenos de xenofobia entre la población.
A medio y largo plazo, el Defensor considera necesario establecer un sistema de coordinación que integre a los distintos organismos involucrados, tanto de la Administración central como de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos.
También ve imprescindible alcanzar un acuerdo de coordinación con las comunidades autónomas que sea consensuado y estable para buscar vías que acometan de forma solidaria distintas iniciativas de colaboración.
Fernández Marugán considera que para abordar esta situación es necesaria la solidaridad de todas las comunidades autónomas y también reclama una política migratoria europea común. En este sentido, valora positivamente el tercer Plan África vigente desde 2019.
Más de una veintena de visitas en seis islas
Para elaborar este informe, que se hizo necesario tras la recepción de distintas quejas y para completar la información de varias actuaciones de oficio, técnicos de la Institución hicieron visitas de inspección a centros dependientes de la Administración General del Estado, Comunidad autónoma y cabildos insulares en las islas de Gran Canaria, Tenerife, La Palma, El Hierro, Fuerteventura y Lanzarote.
Se supervisaron las condiciones de siete centros de detención policial, tres comisarías de policía para examinar la documentación, cinco dispositivos de acogida humanitaria, tres centros de menores extranjeros no acompañados y un juzgado de instrucción. Además, se inspeccionaron las zonas de los puertos donde se hace la primera recepción de las pateras en las seis islas visitadas.
En el mes de diciembre, Fernández Marugán también se desplazó a Gran Canaria donde se reunió con el presidente de Canarias, el delegado del Gobierno, autoridades autonómicas y una amplia representación de las ONG.
Las principales carencias identificadas fueron la falta de instalaciones adecuadas y la inexistencia de protocolos de identificación ágiles y eficaces para la derivación de personas vulnerables.
Además, durante las visitas volvieron a presenciarse lecturas de derechos y asistencias letradas colectivas. La Institución ha reiterado que «la asistencia jurídica que estas personas reciben cuando llegan a las costas es elemental para que el conjunto de garantías que tiene previsto el ordenamiento jurídico funcione de manera correcta», y descarta que la urgencia y una pretendida eficacia hagan imposible llevar a cabo una asistencia jurídica individual con unas mínimas garantías materiales.
En este sentido, reitera que los letrados intervinientes y los colegios de abogados han de velar para que la asistencia jurídica sea efectiva. En su opinión, los letrados tienen la obligación de exigir la existencia de unos medios que permitan proporcionar dichas asistencias con unas condiciones mínimas.
Una situación que se repite
A juicio del Defensor, la dispersión de competencias en materia de gestión migratoria entre diferentes departamentos ministeriales y entre el Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos explica en parte las carencias de coordinación que, una vez más, se han podido apreciar con este repunte de llegadas en Canarias.
La Institución insiste desde hace años en la necesidad de articular «mecanismos de coordinación eficaces y efectivos para mejorar la gestión de las llegadas a las costas españolas, conjugando el control de las fronteras con los intereses de la sociedad y con la protección de los derechos de las personas extranjeras, especialmente de las más vulnerables».
En su nuevo informe, Fernández Marugán señala que muchas de las carencias sobre las que ya se llamó la atención en 2018 siguen presentes, ya que «de nuevo, hemos asistido a una carrera contra el tiempo en la búsqueda de lugares que permitan acoger con dignidad a las personas que llegan».
Así, señala que «el aumento exponencial de llegadas ha colapsado la capacidad de acogida de las islas y ha obligado a habilitar múltiples dispositivos temporales: hoteles, naves industriales y campamentos. Algunos, como el del Muelle de Arguineguín, llegaron a acoger a miles de personas en condiciones precarias y de hacinamiento», destaca.
A juicio de esta Institución, es imprescindible seguir trabajando en la búsqueda de espacios adecuados en Canarias, pero también promover traslados a la península, fundamentalmente de aquellas personas en una situación más delicada.
Restricciones a la libre circulación y residencia
Durante sus visitas, la Institución ha podido constatar que el sistema de acogida en Canarias, tanto de personas en situación irregular, que por distintos motivos no han sido expulsadas, como de solicitantes de asilo, no tiene capacidad para atender a estas personas en centros residenciales adecuados.
El Defensor considera que «no puede convertirse a determinadas zonas costeras del sur de Europa en lugares de privación de derechos tales como la libre circulación, con el argumento del control migratorio y de evitar el efecto llamada».
Las restricciones a la libre circulación de los solicitantes de asilo en Ceuta y en Melilla, y ahora en Canarias, son objeto de quejas recurrentes ante el Defensor. La Institución lleva años reiterando que el solicitante de asilo ostenta el derecho fundamental a la libertad de circulación por todo el territorio español y puede fijar libremente su residencia en todo el territorio nacional siempre que lo comunique a la Administración. Criterio que, tras numerosas resoluciones judiciales, ya es doctrina del Tribunal Supremo.
Sin embargo, en Canarias las quejas recibidas en la Institución denuncian que se sigue privando de este derecho a los solicitantes de protección internacional por lo que el Defensor ha tenido que formular un recordatorio de deberes legales a la Dirección General de la Policía.
Por otra parte, se han recibido quejas de ciudadanos senegaleses y marroquíes, documentados con su pasaporte, a los que se les ha impedido la salida hacia la península en el aeropuerto, pese a tener familiares dispuestos a acogerlos.
Al Defensor le preocupa la cobertura legal para las identificaciones de ciudadanos extranjeros documentados dentro de territorio nacional y la negativa de la Secretaría de Estado de Seguridad a dar cumplimiento a las previsiones de la Directiva de retorno, que obliga a los Estados miembros a facilitar un documento a las personas que, por motivos variados, no puede expulsar en el plazo legalmente previsto.
Además, en el caso concreto de Canarias considera imprescindible abordar esta cuestión, ya que afecta de lleno a una gestión racional y eficaz de los recursos de acogida humanitaria que, a su juicio, «en modo alguno deberían ser utilizados como campamentos en los que ciudadanos extranjeros esperen sine die a que se pueda ejecutar su retorno».
Menores extranjeros no acompañados
Según datos facilitados por la entidad de protección de menores canaria, a 12 de febrero de 2021, el número de menores extranjeros no acompañados que se encuentran bajo su guarda es de 2666. De nuevo se han tenido que habilitar centros de emergencia ante la imposibilidad de acogerlos con los recursos disponibles del sistema de protección canario.
El Defensor reconoce el esfuerzo desarrollado para ofrecer a estos niños y niñas la atención inmediata que precisan, pero apunta que «no es razonable que los servicios de protección de menores canarios asuman en solitario el reto que esto supone».
En este sentido, recuerda que la reforma de la Ley de Extranjería que se hizo en 2009 facilita herramientas para afrontar esta situación. Así, valora la vía ya iniciada por la entidad de protección de menores canaria de llegar a acuerdos con otras comunidades autónomas para que asuman su tutela y custodia, con el fin de garantizarles unas mejores condiciones de integración a estos menores. En su opinión, es «una iniciativa muy necesaria que ayudaría a descongestionar el alto número de menores que permanecen en los distintos recursos de emergencia».
Fernández Marugán también señala que hay otra posibilidad prevista en la norma, que no se ha puesto en marcha nunca, que es que la Administración General del Estado y las comunidades autónomas establezcan convenios con organizaciones no gubernamentales, fundaciones y entidades dedicadas a la protección de menores, con el fin de atribuirles su tutela ordinaria. A su juicio, para que «esta medida pueda ponerse en marcha con éxito, se necesita voluntad política y un liderazgo para su coordinación y financiación de la Administración General del Estado».
Plan África
Por último, Fernández Marugán considera que «España no pude aplicar una política migratoria al margen de nuestros socios europeos» y que es necesario contar con un proyecto consensuado en el seno de la Unión Europea.
En este contexto, el Defensor del Pueblo valora positivamente el Tercer Plan África, vigente desde 2019, a través del cual España quiere asumir la iniciativa en la fijación de la política migratoria de los países del Sur de Europa.
En opinión de la Institución, este plan, que incluye una estrategia integral de ayudas y financiación, de relaciones diplomáticas, de medidas socioeconómicas y de refuerzo de las capacidades de seguridad en la zona, es una buena iniciativa para sentar a medio y largo plazo unas bases sólidas que permitan ordenar de forma duradera nuestras relaciones con el continente africano.
