CCOO denuncia que España va a incumplir la decisión del Comité Europeo de Derechos Sociales que exige que se adopten medidas inmediatas, antes del 15 de diciembre, para garantizar el suministro eléctrico en las viviendas de la Cañada Real en Madrid, y se condena así a más de 4500 personas, entre ellas 1800 niños y niñas, a sufrir un tercer invierno sin suministro eléctrico.

En octubre de 2020 la eléctrica Naturgy, con el consentimiento del Gobierno de la Comunidad de Madrid que preside Isabel Díaz Ayuso, interrumpió el suministro eléctrico en los sectores cinco y seis de la Cañada Real, con el pretexto de un consumo excesivo de lo que denominan «micro plantaciones de marihuana». Interrupciones del suministro que a lo largo de estos años se han extendido a los sectores dos, tres y cuatro, es decir a casi toda la población de la Cañada.

CCOO enfatiza que la falta de suministro eléctrico tiene un impacto tremendo en la vida de las personas, porque la imposibilidad de conservar alimentos frescos, la falta de calefacción y agua caliente para ducharse, provocan afecciones médicas y empeoran los problemas de salud preexistentes. También dificulta el uso de dispositivos médicos esenciales o el mantenimiento seguro de medicamentos.

Asimismo, y en relación a las necesidades de niños y niñas, la falta de luz eléctrica imposibilita disponer de tiempo con luz para estudiar, hacer las tareas escolares en casa y el acceso a Internet, lo que ahonda en su situación de desigualdad en su desarrollo educativo.

CCOO sostiene que el paso del tiempo ha demostrado que el pretexto utilizado por Naturgy y el Gobierno regional es una auténtica falsedad, para esconder el verdadero objetivo que persiguen, echar a las vecinas y vecinos de sus casas para desarrollar los megaproyectos urbanísticos que ya tienen diseñados.

Ante esta situación, el pasado 2 de marzo 2022, FEANTSA, MEDEL, ATD Cuarto Mundo, DCI y CCOO presentaron un reclamación colectiva, la primera contra el Estado español, ante el Comité Europeo de Derechos Sociales, para denunciar que España está incumpliendo obligaciones adquiridas ante el Consejo de Europa, recogidas en la Carta Social Europea, al no asegurar calefacción y suministro eléctrico a 4550 personas.

El 28 de octubre 2022, el Comité Europeo de Derechos Sociales decidió admitir a trámite la reclamación colectiva y exigir al Estado Español, lo que en este caso concierne a los Gobiernos central, Comunidad de Madrid y Ayuntamientos de Madrid y Rivas- Vaciamadrid, que adopten medidas inmediatas para garantizar el suministro eléctrico en la Cañada. Además les da de plazo hasta el 15 de diciembre para que presenten alegaciones.

El secretario de Políticas Sociales de CCOO de Madrid, Manuel Rodríguez, señala que «esta decisión deja al Estado español en una situación lamentable, ya que corrobora la violación de los derechos humanos en la Cañada Real Galiana», y exige a los gobiernos de España, de la Comunidad de Madrid y de los municipios de Madrid y Rivas- Vaciamadrid que, de forma inmediata, restituyan y garanticen el suministro eléctrico, porque «sería absolutamente vergonzoso e inhumano que las vecinas y vecinos de la Cañada, casi dos mil niñas y niños, se vieran obligados a sufrir otro invierno, y sería el tercero, sin calefacción».

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