Comisiones Obreras la lanzado una campaña informativa sobre el Anteproyecto de Ley de medidas urgentes para el impulso de la actividad económica y modernización de la administración de la Comunidad de Madrid, más conocida como Ley Ómnibus, presentada por Isabel Díaz Ayuso con carácter de urgencia en plenas navidades, con un plazo de siete días hábiles, que finalmente fueron ampliados a 12, para hacer alegaciones.
Para Paloma Vega, secretaria de Política Institucional de CCOO Madrid, «esta ley es un fraude democrático que coarta el debate parlamentario y la participación de los agentes sociales y partidos políticos en su elaboración. Es una burla a la ciudadanía madrileña. Una artimaña más dirigida a seguir favoreciendo intereses particulares frente a los intereses colectivos del conjunto de la clase trabajadora».
Explica CCOO que con una sola ley y sin haber tenido en cuenta en el desarrollo previo a partidos, agentes sociales, asociaciones, ecologistas, vecinos, etc. «el Partido Popular pretende modificar a la vez 33 leyes y cinco reglamentos de un plumazo, además de incluir quince nuevas disposiciones que afectarán gravemente a la hacienda pública, la ordenación territorial, la protección del medio ambiente, los servicios sociales, las uniones de hecho, la Cámara de Cuentas, la sanidad, el transporte urbano, al sector del taxi, la policía local, los agentes forestales o el Tribunal Administrativo de Contratación Pública, entre otros ámbitos».
Agrega que «es otra vuelta de tuerca más de un modelo especulativo que agudiza las causas de la desigualdad social y territorial, que pone en serio riesgo la protección medioambiental en la región y que abre la puerta a la privatización y la liberalización de la gestión de múltiples servicios públicos y áreas de gobierno».
Y advierte que «los cambios radicales que quieren llevar a cabo perjudicarán de manera irreversible la calidad de vida de la ciudadanía y alterarán el modo en el que desarrollamos nuestro día a día».
En Comisiones Obreras de Madrid sostienen que no pueden «consentir este atropello a los derechos y libertades de la ciudadanía», y por ello, han iniciado una ronda de reuniones con los grupos parlamentarios de la Asamblea de Madrid, y una campaña de información y concienciación, junto a otras organizaciones, con el objetivo de solicitar la retirada de este Anteproyecto de Ley, porque «las madrileñas y madrileños no se merecen que arruinen su futuro».