Brote de covid en un asentamiento insalubre en Albacete

Médicos del Mundo lamenta que las condiciones sociales y sanitarias de los asentamientos informales de la ciudad de Albacete, donde malviven unas cuatrocientas personas, con un acceso inadecuado al agua potable, sin infraestructura ni saneamiento y con hacinamiento y superpoblación, haya desencadenado un brote de la COVID-19 que ha dado lugar a incidentes el pasado fin de semana.  

La organización, que trabaja en el acceso a la salud en varios asentamientos en España, ha exigido reiteradamente al Gobierno de Castilla-La Mancha recursos para que las personas migrantes que han sido esenciales durante el estado de alarma en la recogida de frutas y verduras en el campo tuvieran una condiciones de vida dignas que les permitiera respetar las medidas de prevención e higiene durante esta pandemia. 

Junto a otras entidades sociales de la ciudad, se han hecho varios llamamientos a las distintas administraciones implicadas para intentar solucionar esta problemática, apelando al deber de la Administración. Las organizaciones de la sociedad civil están abiertas a apoyar y trabajar en dicha situación, pero exigen el liderazgo y responsabilidad del Gobierno. 

Hasta que no se produjo el primer brote en los asentamientos de la carretera de las Peñas de Albacete a finales de la semana pasada, la administración no se había movilizado, algo esencial por un tema de salud pública. Con más de una veintena de positivos en COVID-19, esta pandemia se ha cebado con quienes malviven en pésimas condiciones: personas que se utilizan como mano de obra barata pero que se les excluye del reconocimiento de sus derechos como seres humanos.  

«Es importante poner el foco en la situación sociosanitaria de extrema vulnerabilidad en la que se encuentran estas personas. Ese es el problema, ellas son las víctimas», explica Idoia Ugarte, portavoz de Médicos del Mundo Castilla-La Mancha. 

Valorando la grave situación sanitaria, la organización reitera la urgencia de medidas para facilitar el realojamiento de las personas que viven en los asentamientos, el acceso universal al sistema sanitario y el establecimiento de un protocolo de prevención y un sistema de monitoreo continuo de todas las personas de los asentamientos, con el fin de garantizar un diagnóstico precoz del virus y atajar así la posibilidad de otros rebrotes.   

La organización cree que una coordinación responsable entre Gobierno y entidades sociales es clave para frenar la expansión del virus. Por ejemplo, en Almería, el Ayuntamiento de Níjar, con disposición e implicación desde el inicio de la pandemia, ha hecho un trabajo conjunto con organizaciones de la sociedad civil como Médicos del Mundo, Cruz Roja y Cepaim, dotando a las personas de recursos como material preventivo y alimento, velando por sus condiciones de vida. 

Incidentes y xenofobia en los asentamientos de Albacete 

Además, Médicos del Mundo lamenta que los actuales incidentes, en los que migrantes salieron a la calle para reivindicar mejoras, hayan servido como excusa para culpabilizar a las personas que simplemente son víctimas de esta situación de abandono por parte del Gobierno. La organización considera que se requiere un análisis mucho más profundo de las causas de estos hechos, propiciadas por la situación de hacinamiento, la inseguridad, las precarias condiciones económicas y medios de vida con los que cuentan estas personas. 

Por ello, la asociación hace un llamamiento a la responsabilidad de la ciudadanía y de los medios de comunicación a no inducir en lenguajes xenófobos que fomentan y acrecientan los discursos de odio, sino que se tome este hecho como un reflejo de las problemáticas sociales que se dan en España y que deben ser tratadas de acuerdo al respeto de los derechos más fundamentales.  

Peores condiciones que en un campamento de refugiados 

Médicos del Mundo viene denunciando desde hace años ante diversos organismos e instituciones las lamentables condiciones de vida de estos ciudadanos y ciudadanas que viven en España. 

Una situación de la que se ha hecho eco, el pasado mes de febrero de 2020, el relator especial de Naciones Unidas sobre pobreza extrema, Philip Alston, quién denunció la pasividad de la administración tras visitar lugares que muchos españoles y españolas no reconocerían como una parte de su país: un poblado de chabolas en condiciones mucho peores que las de un campamento de refugiados, sin agua corriente, electricidad, ni saneamiento, cuyos habitantes (trabajadoras y trabajadores migrantes) han vivido en él durante años sin que su situación haya mejorado un ápice.

Son barrios incomunicados de pobreza concentrada, donde las familias crían a sus hijas e hijos sin apenas acceso a servicios públicos, centros de salud, agencias de empleo, seguridad, carreteras pavimentadas o electricidad legal.