La Comunidad de Madrid presentó su campaña contra incendios forestales de 2026 con una cifra rotunda: 6110 profesionales y voluntarios. La letra pequeña del propio plan aclara que 3420 de ellos son voluntarios de protección civil repartidos en 113 agrupaciones locales, y que la capacidad diaria del dispositivo son 571 efectivos distribuidos en 22 parques de bomberos y 25 retenes (INFOMA26). Entre la cifra que se comunica y la que se moviliza hay un factor de diez.
Este capítulo de la serie no trata de un incendio. Trata de una contabilidad. La hipótesis se puede comprobar partida por partida: en la protección civil madrileña, el crédito que se aprueba y no se ejecuta no se ahorra, se convierte. Reaparece más tarde, en otro capítulo presupuestario, más caro y peor. Y cuando la capacidad no está donde debía estar, asciende de escala hasta salir de la región.
1. El perímetro que fabrica el crecimiento
El octavo millón de madrileños no va a vivir en la capital. Va a vivir en la corona metropolitana y en la sierra, que es donde queda suelo, y allí la respuesta a una emergencia no la presta el cuerpo municipal de la capital sino el autonómico. La distinción, que la conversación pública ignora casi siempre, es la que sostiene todo lo que sigue: son dos administraciones, dos presupuestos y dos plantillas distintas, y el crecimiento se produce en el territorio de la segunda.
Ese crecimiento no fabrica solo viviendas. Fabrica perímetro. Cada promoción levantada en el borde del monte añade metros lineales de frontera entre lo construido y lo forestal que alguien tendrá que defender el día que sople el viento, y ninguna licencia urbanística contabiliza ese pasivo.
El Plan Anual de prevención de incendios cataloga 2365 zonas de interfaz urbano-forestal en la región, que ocupan 22.624,56 hectáreas. De todas ellas, según los datos de ese mismo documento difundidos por la Plataforma Ecologista Madrileña, apenas sesenta tenían plan de autoprotección presentado y en ejecución, y otras 35 estaban en tramitación (elDiario.es). Cuatro de cada cien.
Conviene decirlo con precisión para no cargar sobre el planeamiento reciente una culpa que no le corresponde entera: buena parte de esas urbanizaciones son de los años sesenta y setenta, anteriores a cualquier normativa de autoprotección, y algunas nacieron al margen del planeamiento. El crecimiento hacia los ocho millones no inventa el problema. Lo densifica: añade población, patrimonio y vehículos a un perímetro que ya era difícil de defender y que sigue sin planificarse al ritmo al que se edifica.
2. La demanda sube; el servicio, no tanto
La actividad del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad pasó de unas 31.000 intervenciones en 2019 a más de 37.000 en 2024, un incremento próximo al veinte por ciento en un lustro, según los datos que la propia Dirección General de Emergencias incorporó a un expediente de contratación y que publicó Infobae. Ese cuerpo, según la descripción que el mismo documento hace de sí mismo, atiende a más de tres millones de habitantes: exactamente la Comunidad que crece.
La comparación pertinente no es, por tanto, entre presupuesto de un año y del anterior, sino entre la curva de la demanda y la de la capacidad. Si las intervenciones crecen a un ritmo y los efectivos y los vehículos disponibles a otro menor, la diferencia no se manifiesta como déficit contable: se manifiesta como tiempo de respuesta, como parques que salen con una sola dotación y como horas extraordinarias. Es un déficit que no aparece en ninguna partida porque lo absorben las personas y los materiales que ya están.
3. La amortización que nunca se dotó
En julio de 2025, el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior calificó la situación del parque de vehículos como «críticamente deficitaria» en un documento remitido al Consejo de Gobierno para aprobar por vía de emergencia la reparación de una bomba rural pesada. Según ese informe, difundido por Infobae, el cuerpo dispone de 49 bombas rurales pesadas, de las que 27 superan los diez años de antigüedad y 12 rebasan los veinte. El director general de Emergencias admitió ante la Asamblea que la flota total supera los quinientos vehículos, que en torno al 30 por ciento pasa de las dos décadas y que el verano pasado entre el 10 y el 15 por ciento de las bombas rurales pesadas estuvo de baja.
El mismo expediente contiene el dato que ordena todo el capítulo. La doctrina operativa propia exige un mínimo de dos bombas rurales pesadas por parque, y el documento reconoce que cuatro parques —Aldea del Fresno, San Martín de Valdeiglesias, Coslada y Valdemoro— llevaban tres años funcionando con una sola unidad. Los dos primeros nombres de esa lista son dos de los municipios sobre los que ha girado la emergencia de esta semana. La Administración había escrito, meses antes y por su cuenta, que esos parques estaban por debajo de su propio estándar.
El plan de compras posterior es la confesión contable de lo anterior: la Dirección General de Emergencias se ha fijado adquirir 44 bombas rurales pesadas entre 2025 y 2029. Es decir, sustituir en cinco ejercicios el 90 por ciento de la columna vertebral del cuerpo. Eso no describe un programa de expansión, sino la liquidación tardía de una reposición que no se dotó en su momento. El precio de referencia consta en el anuncio de licitación de 36 unidades por 32.004.000 euros sin impuestos: 889.000 euros por camión. Reponer una sola vez las cuarenta y nueve bombas existentes costaría del orden de 44 millones, cifra próxima a lo que cuesta la campaña anual completa contra incendios.
Y aquí aparece la primera conversión. Lo que no se gastó en amortización reapareció como reparación de urgencia: 284.000 euros por recuperar un solo camión, casi un tercio del precio de uno nuevo. Reapareció también como compra de material de segunda mano, con un contrato de hasta veintidós autobombas forestales pesadas seminuevas por 1.763.190 euros (DOUE). Y reapareció como interrupción del mantenimiento, porque el contrato de reparación de vehículos agotó su crédito en septiembre de 2024. No hubo ahorro. Hubo aplazamiento con recargo.
4. El crédito aprobado que no llega a personal
La segunda conversión es de personal, y es más grave porque el activo que se deteriora no es un chasis. En 2026 el presupuesto preveía la incorporación de 267 efectivos de nuevo ingreso al Cuerpo de Bomberos. Esas plazas quedaron en el aire cuando se declaró desierto el contrato de reconocimientos médicos necesario para culminar el proceso; el sindicato CSIT advirtió además de que la falta de efectivos comprometía la apertura de los parques proyectados en Villanueva de la Cañada y Villarejo de Salvanés (El Constitucional). Un trámite administrativo externalizado bloqueó la incorporación de casi trescientos bomberos.
El desfase no es solo coyuntural, es estructural, y hay un documento que lo demuestra sin necesidad de interpretación. La Orden 877/2026, de 20 de marzo, convocó 131 plazas de bombero especialista conductor correspondientes a la Oferta de Empleo Público de 2023, aprobada por el Decreto 53/2023, de 17 de mayo. Entre la decisión presupuestaria y la convocatoria del proceso median tres años; sumadas las pruebas selectivas y la formación en la academia, entre la aprobación del gasto y el efectivo operativo mediarán cuatro o cinco años. Un presupuesto aprobado en 2023 se convierte en capacidad real en 2028.
El caso extremo es el de los bomberos forestales de plantilla laboral propia. La plantilla teórica es de 124; solo 98 superaron el proceso de estabilización cerrado en 2024, y en la actualidad trabajan 61, porque el resto está en excedencia con otros empleos. Desde mediados de mayo acuden cada día a una sala de la Dirección General de Emergencias sin ser movilizados, en protesta por la no aplicación de la ley básica de bomberos forestales: en sus contratos siguen figurando como conductores de automóviles, taxis y furgonetas o como personal de mantenimiento de edificios, no se les reconocen los complementos de peligrosidad ni se les contrata todo el año, y cobran 1826 euros brutos al mes (Infobae). El 22 de julio, con tres incendios activos, denunciaron públicamente no haber sido activados y resumieron su situación en una frase: «No tenemos vehículos, no tenemos camiones, no tenemos herramientas» (El Plural).
Es imprescindible acotar el dato para que signifique lo que significa. Esos 61 no son todos los bomberos forestales de Madrid: el grueso del dispositivo forestal se presta mediante encargo a empresa pública, y en el operativo de esta semana han trabajado bomberos del cuerpo autonómico, brigadas forestales, agentes forestales y la Unidad Militar de Emergencias. Lo que representan esos 61 es el cien por cien del personal laboral propio especializado en extinción forestal. La categoría entera. Sobre por qué se ha reducido a la mitad hay dos versiones enfrentadas: la excedencia voluntaria de quienes se cansaron de las condiciones, y la del sindicato, que sostiene que el proceso de estabilización se aceleró para evitar la consolidación por méritos y expulsó a parte de la plantilla con antigüedad (El Salto). Ninguna de las dos ha sido acreditada; ambas describen el mismo hueco.
La conversión, aquí, es aritmética elemental: lo que no se paga en nóminas se paga en horas extraordinarias. CSIT cifra en unos veinticinco millones anuales el gasto del cuerpo autonómico en ese concepto. El servicio se presta igual, a precio de recargo y a costa del descanso de quienes ya están.
5. Los planes que existen y no llegan
La tercera conversión afecta al papel. La Comunidad publica el listado de planes territoriales municipales de protección civil informados y aprobados; el recuento efectuado sobre esa página el 24 de julio de 2026 arroja 51 municipios sobre los 179 de la región (Comunidad de Madrid). Menos de un tercio del territorio dispone del instrumento básico que ordena quién dirige, quién avisa, dónde se acoge a la población y por dónde se sale.
El marco superior tampoco es reciente. El PLATERCAM en vigor se aprobó en abril de 2019, sustituyendo a un decreto de 1992 (BOCM), y el plan de incendios forestales que fija las obligaciones municipales procede de un decreto de 2017, cuya relación de 59 municipios en zona de alto riesgo no incluía a Tres Cantos ni a Colmenar Viejo. En agosto de 2025 ardieron más de dos mil hectáreas en Tres Cantos y murió un vecino.
Hay además una distinción doctrinal que el debate público suele pasar por alto y que conviene fijar. La implantación no es un apéndice del plan: es una de sus fases, junto con la información a la población y el mantenimiento de la eficacia. Un plan aprobado que nunca se difundió, que nunca se ensayó y cuyos puntos de encuentro no conoce nadie no está a medio hacer. Está sin terminar según sus propios términos.
6. El aviso que ocupa el lugar del plan
La cuarta conversión es la más incómoda de contar, porque obliga a reconocer que una parte del sistema funcionó. El 23 de julio, la Agencia de Seguridad y Emergencias envió mensajes de alerta a los teléfonos móviles de las zonas amenazadas indicando, urbanización por urbanización, quién debía evacuar, quién debía confinarse y hacia qué núcleo dirigirse, con advertencia expresa sobre la escasa visibilidad por el humo (ASEM112). Fue rápido, específico y correcto.
Pero ese es exactamente el contenido que un plan municipal implantado debería haber puesto en manos del vecino con meses de antelación, y llegó con minutos de margen. Lo que ha ocurrido no es que falte aviso: es que el aviso ha ocupado el lugar de la implantación. Y esa sustitución tiene dos límites conocidos.
El primero es físico. En el incendio de Tres Cantos de agosto de 2025, según declaró el propio consejero, el frente avanzó seis kilómetros en cuarenta minutos (Euronews). A nueve kilómetros por hora, una evacuación que dependa de que el vecino lea el mensaje, decida, reúna a los suyos y averigüe por dónde salir no llega a tiempo. Solo funciona si la decisión estaba tomada de antemano, que es precisamente lo que significa implantar un plan.
El segundo límite es material: el canal que sustituye al plan arde con el monte. Durante esta emergencia se ha informado de un doble corte en la red de transporte de telecomunicaciones que habría afectado a cerca de cuarenta poblaciones madrileñas (Madrid es Noticia), extremo que este periódico no ha podido confirmar con las operadoras. Si se acredita, la conclusión es inmediata: un dispositivo que descansa íntegramente en la telefonía móvil queda a merced del mismo fuego del que avisa.
7. El coste que asciende de escala
Queda la conversión final, que es la que interesa a esta serie porque no habla de bomberos sino de gobernabilidad. Cuando la capacidad falta en la base, la aporta el escalón superior. En la noche del 23 al 24 de julio, tras la petición formal del Gobierno regional, el Ejecutivo central declaró la emergencia de interés nacional en la Comunidad de Madrid y en Ávila, asumió la dirección de las operaciones y movilizó recursos estatales para atender a cerca de 90.000 evacuados o confinados (a cierre de la edición).
Nada de lo anterior permite afirmar que la falta de planes o de camiones haya causado ningún daño concreto de este incendio: eso lo dirá, si acaso, una investigación. Lo que sí describe es el mecanismo. El gasto no ejecutado en el municipio no se evapora: migra hacia arriba, y con él la competencia, la dirección y la factura. Un problema que empieza en la ausencia de un plan territorial de tres mil habitantes termina en una carta de un consejero a un ministro y en un mando estatal. Los saltos de escala en la protección civil no los da el fuego: los da la contabilidad.
Falta el último número, y es el que este periódico no ha logrado cerrar todavía: cuánto costaría redactar e implantar el plan de los ciento veintiocho municipios que no lo tienen. La cifra existe —hay contratos municipales de redacción con precio conocido— y todo indica que es de un orden de magnitud modesto frente a los setenta millones anuales que la Comunidad transfiere a los ayuntamientos para las policías locales en el marco de la Estrategia de Seguridad Integral (Ley 6/2025 de Presupuestos). Mientras esa multiplicación no esté hecha con precios reales, no se publicará aquí. Pero la pregunta se sostiene sola: si es tan barato, ¿por qué nadie la ha hecho?
Nota de transparencia
El autor reside en Tres Cantos, uno de los municipios citados en este artículo y afectado por el incendio de agosto de 2025.
Nota metodológica
El recuento de planes territoriales municipales se ha hecho manualmente sobre el listado publicado por la Comunidad de Madrid, actualizado el 8 de mayo de 2026 y consultado el 24 de julio de 2026. Se ha contabilizado como un único municipio la entrada de Gargantilla de Lozoya y Pinilla de Buitrago, que el listado presenta partida. La ausencia de un municipio en esa relación significa que la Comunidad no ha informado ni aprobado su plan, y no necesariamente que el ayuntamiento carezca de documento propio. Las cifras de flota, antigüedad de vehículos y dotación por parque proceden de documentación interna de la Consejería incorporada a un expediente de contratación, conocida a través de la información periodística citada; no ha sido posible acceder al expediente original antes del cierre de esta edición. Las cifras presupuestarias de la Agencia de Seguridad y Emergencias no son homogéneas entre ejercicios: la Ley 5/2023 subrogó a la Agencia en los bienes y obligaciones del extinto Organismo Autónomo Madrid 112, de modo que los perímetros publicados antes y después de esa reforma no son directamente comparables.
La investigación pendiente de respuestas
Este periódico seguirá investigando sobre el estado actual de la dotación de los parques de Aldea del Fresno y San Martín de Valdeiglesias, el número de plazas de bombero forestal dotadas presupuestaria y efectivamente ocupadas, la relación de planes territoriales municipales aprobados por año y las razones por las que el personal laboral de extinción forestal no fue movilizado durante los incendios del 22 y 23 de julio.
Anexo: enlaces y referencias
- INFOMA26
- Plan Anual de prevención de incendios
- elDiario.es
- Infobae
- anuncio de licitación
- DOUE
- El Constitucional
- Orden 877/2026, de 20 de marzo
- Decreto 53/2023, de 17 de mayo
- Infobae
- El Plural
- brigadas forestales,
- agentes forestales
- Unidad Militar de Emergencias
- El Salto
- CSIT
- Comunidad de Madrid
- PLATERCAM
- BOCM
- decreto de 2017
- En agosto de 2025 ardieron más de dos mil hectáreas en Tres Cantos
- ASEM112
- Madrid es Noticia
- Ley 6/2025 de Presupuestos
