El Senado argentino aprobó una medida conocida como el «impuesto a los millonarios», por el que las doce mil primeras fortunas del país contribuirán con tres mil setecientos millones de dólares para ayudar al Gobierno a responder a la crisis del coronavirus y a fortalecer la economía del país.

El viernes 4 de diciembre 2020, el Senado argentino convirtió en ley un impuesto extraordinario a las doce mil personas de mayor fortuna para solventar la lucha contra la COVID-19, otorgar subsidios a la pobreza y créditos a Pymes, entre otras ayudas sociales de emergencia.

El proyecto quedó aprobado con 42 votos a favor y 26 en contra tras un largo debate que polarizó a las fuerzas pOlíticas en una sesión transmitida en directo por Youtube.

La alianza progubernamental hizo valer su mayoría para aprobar el llamado «aporte solidario» que por única vez tratará de recaudar el equivalente a unos 3.700 millones de dólares.

«Nadie tendrá que vender máquinas ni campos. El tributo recae sobre la financiación de riqueza», argumentó la directora del ente tributario, Mercedes Marcó del Pont.

La jefa recaudadora del gobierno del presidente Alberto Fernández dijo que la gabela alcanzará «a casi doce mil contribuyentes, que muestran disponibilidades líquidas que son veinticinco veces superiores al impuesto que deben pagar».

La norma fue rechazada por la primera fuerza opositora, la neoliberal Juntos por el Cambio, del expresidente Mauricio Macri, quien dijo que se trata de una medida «confiscatoria».

La Asociación Empresaria Argentina (AEA) dijo a su vez que se trata de una medida que «afecta la propiedad privada, golpea la inversión, la producción, el empleo y produce un gran desaliento».

La discusión por el llamado popularmente «impuesto a los millonarios» se produce en un país con el 40,9 por ciento de sus 44 millones de habitantes en la pobreza y cuya economía está en recesión desde 2018.

Adrián Falco, secretario de la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe, defendió a su vez que «hay espacio fiscal para gravar a los que más tienen por primera vez en la historia con un impuesto directo» y que medidas similares se están tramitando en otros países en los que «el sistema tributario es desigual e inequitativo».

Hernán Letcher, director del Centro de Estudios de Política Económica (Cepa), explicó que «la propuesta no es exclusividad argentina y hay al menos once países de Europa y Latinoamérica que avanzan en mayor justicia tributaria».

La medida respaldada ahora por el Senado se aprobó en la Cámara de Diputados, por 133 contra 115 votos, con dos abstenciones de la izquierda, grava a quienes tuvieren patrimonio declarado mayor a doscientos millones de pesos (2,3 millones de dólares) con una tasa progresiva de hasta 3,5 por ciento sobre los bienes en Argentina y de hasta 5,25 por ciento sobre los bienes fuera del país.

Un 20 por ciento de la recaudación será destinado a insumos médicos para la pandemia, otro 20 por ciento a Pymes, 15 por ciento a desarrollos sociales, 20 por ciento a becas estudiantiles y 25 por ciento a emprendimientos de gas natural.

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