El Congreso de los Diputados aprobó este miércoles 10 de junio de 2020 la convalidación del real decreto ley del Ingreso Mínimo Vital (IMV) presentado por el Gobierno de España, con el respaldo de todos los grupos parlamentarios excepto la extrema derecha, que optó por la abstención.
En la defensa de la norma participaron el vicepresidente segundo y ministro de Derechos sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, y el titular de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, informa Servimedia.
La cuantía del Ingreso Mínimo Vital estará entre los 461,5 euros para un adulto y los 1015 euros para una familia de cinco miembros.
En su intervención, Pablo Iglesias calificó de «indignante» tener que «oír a algunos hablar de paguita», y sostuvo que se trata de «pura justicia social para los miles de compatriotas que, a pesar de su esfuerzo, no consiguen llevar a su casa las condiciones mínimas para lograr una dignidad de vida», además de «extremadamente útil» para combatir la pobreza infantil, un campo en el que «España tiene el triste honor de ser medalla de plata europea»
«No hay libertad si no se puede llegar a fin de mes», afirmó.
Asimismo, Iglesias destacó que ayudará a la recuperación económica de España «porque los 462 euros que se van a garantizar como mínimo «no se irán a paraísos fiscales, sino directamente al consumo, a las manos de autónomos y de pequeños negocios de barrio».
El vicepresidente dio las gracias en nombre del Gobierno a las redes solidarias, parroquias, oenegés y al Tercer Sector que «durante años han sido el único apoyo» de las personas más vulnerable: «se han encargado de un trabajo que le correspondía a los poderes públicos y que no debemos delegar».
Adaptarse a la sociedad
A su vez, el ministro José Luis Escrivá señaló que «el brusco parón de actividades económicas» por el coronavirus ha hecho «aún más visibles» las dificultades económicas que afrontan los hogares vulnerables en España.
«La pandemia nos ha obligado a acelerar los plazos para poner en marcha la nueva política», dijo, porque «a diferencia de lo que existe en otros países de nuestro entorno, España no ofrece una red sólida de rentas de último recurso» y el hecho de que esta carencia haya recaído en las comunidades autónomas «ha provocado que incluso las diferencias entre ciudadanos hayan aumentado en el tiempo», situación que había que corregir, además de «adaptarnos a las nuevas realidades» económicas y sociales.
Añadió que «hoy en día, las trayectorias laborales son muy volátiles» y existe lo que se conoce como «pobreza laboral» debido a los salarios precarios, por lo que «no se puede vincular toda la protección social al empleo» como ocurre actualmente.
Escrivá también subrayó la «estrecha colaboración» mantenida con las comunidades autónomas, ayuntamientos, empresarios, sindicatos, organizaciones sociales y grupos parlamentarios en la elaboración de la norma.
En su opinión, este decreto ley «corrige un déficit histórico en España y nos dignifica como país», y sostuvo que se trata de una ayuda «muy eficaz» con un coste fiscal razonable, que este mismo mes de junio 2020 ya cobrarán más de 76.000 familias.