La Comunidad de Madrid informa de que la Asamblea regional ha aprobado este 1 de octubre de 2020 la «modificación de la Ley del Suelo que suprime licencias y liberaliza el sector urbanístico» en la región, un acto parlamentario que será recurrido por el grupo de Más Madrid, cuyo portavoz, Pablo Gómez Perpinyà, lo considera un «atropello democrático» porque se voto en dos ocasiones durante la sesión parlamentaria «en las que no hubo quorum».
Según Gómez Perpinyà, la Asamblea de Madrid votó por segunda vez la modificación del proyecto de Ley del Suelo ocho horas después de que se hiciera por la mañana solo con los diputados de PP, Cs y Vox, sin quorum suficiente, y finalmente se consideró aprobada con un número menor de diputados tras abandonar la sala los partidos de izquierda, por lo que tampoco hubo quorum como en la primera votación.
El diputado de Más Madrid considera que «ayer se produjo en la Asamblea un doble secuestro de la legalidad y de los propios diputados. De la legalidad porque se aprobó la Ley del Suelo dos veces reconociendo que no había ‘quorum’, y se produjo un intento de secuestro de los propios diputados a los que trataron de encerrar bajo llave en el hemiciclo en el momento de la propia votación».
Aprobación en lectura única
Según la información aportada por la Comunidad de Madrid, la Asamblea regional aprobó ayer el proyecto de ley que, entre otras cuestiones, «permitirá suprimir la mayoría de las licencias y liberalizar el sector urbanístico con el objetivo de impulsar y reactivar el tejido productivo dañado por la COVID-19, en un último trámite tras su aprobación y remisión por parte del Consejo de Gobierno a la Asamblea madrileña el pasado mes de julio».
La modificación de la Ley del Suelo aprobada se enmarca dentro del Plan de Reactivación de la Comunidad de Madrid diseñado por el gobierno de Isabel Díaz Ayuso y contempla la eliminación de la mayoría de licencias urbanísticas -excepto las estatales-, que hasta ahora eran obligatorias, y que serán sustituidas por «declaraciones responsables para agilizar los plazos» para conseguir que «las licencias que se otorgaban en una media de doce meses se podrán hacer de inmediato con el beneficio que conlleva para los ciudadanos y ayuntamientos, encargados de tramitarlas, y el consiguiente ahorro de tiempo y dinero».