El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha exigido la identificación del responsable de la Dirección General de la Policía Nacional que está incurriendo en incumplimiento reiterado de una sentencia que reconoce a una funcionaria, destinada en la Brigada Provincial de Policía Científica de Alicante, a percibir los emolumentos que corresponden a las funciones propias del puesto de Especialista Policía Científica, que venía desarrollando sin recibir las cantidades reconocidas en el Catálogo de Puesto de Trabajo del Cuerpo de Policía Nacional, como el resto de funcionarios en labores propias del destino.
Según informa la Agrupación Reformista de Policías (ARP), a la que está afiliada la demandante, tras varios requerimientos del Tribunal a la Dirección General de la Policía para cumplir la sentencia, y habiendo presentado varios escritos por parte de esta organización sindical, a través de su Gabinete Jurídico, para que se apliquen las oportunas medidas coercitivas, el TSJ acordó el 29 de marzo 2022 que, ante los incumplimientos reiterados de la Dirección General de la Policía (DGP), se requiere nuevamente para que, en diez días, «proceda comunicar a esta Sala el nombre y cargo del responsable de la falta de ejecución de la Sentencia dictada, para requerir personalmente para que proceda al inmediato cumplimiento y para que haga alegaciones sobre el retraso».
El requerimiento se acompaña con un apercibimiento de que se le podrán imponer multas coercitivas de 150 a 1500 euros, así como reiterar estas multas hasta la completa ejecución del fallo judicial, sin perjuicio de otras responsabilidades patrimoniales a que hubiere lugar, así como deducir el oportuno testimonio de particulares para exigir la responsabilidad penal que pudiera corresponder.
Y añade que, si no designase nombre y apellidos de la autoridad responsable de la ejecución, se entenderá como responsable al jefe de la División de Personal, Área de Retribuciones de la Dirección General de la Policía.
La Agrupación Reformista de Policías explica que «el déficit organizativo de la DGP, el lamentable Catálogo de Puestos de Trabajo, el exceso de horarios en la jornada laboral, una mala organización a nivel nacional», obliga a acudir con denuncias a los tribunales de justicia, y que esta diligencia de ordenación judicial «es un mal ejemplo para el conjunto del colectivo, para la sociedad en general, al comprobar que se está desoyendo a un órgano judicial».
La ARP advierte que, «como no podía ser de otra manera, procederá al final de los diez días requeridos a facilitar nombre y apellidos del cargo policial que se viene tratando de reconocer, fotografía de éste si es preciso, para que se ponga fin de forma urgente a esta desobediencia continuada de la administración policial».
Desde la organización indican que «estamos ofreciendo seriedad y compromiso de trabajo al Ministerio del Interior, y comprobamos que no podemos admitir la condescendencia e ineficacia de algunos mandos policiales, como viene sucediendo en la Dirección General de la Policía, lo que viene a confirmar las necesidades urgentes de reformas en la Institución Policial».
Y concluyen instando a que el Ministro del Interior tome cartas en el asunto y ponga fin de inmediato a esta situación grave de desacato a la justicia, con la destitución del cargo policial que «busca» la Sala Séptima de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
