Anchuelo sustituye por fin unas Normas de 1990 por un Plan General que abre cinco sectores y suelo para actividades económicas. Pero las llaves que harían viable ese crecimiento —la depuradora, la red eléctrica, el acceso— se deciden fuera del pleno. Y, mientras tanto, el municipio ya ha empezado a cobrar una cuota para tapar el agujero de saneamiento que ya tiene.
Antes de cobrar por el crecimiento que viene, Anchuelo ya cobra por el que tiene. Desde mayo, cada metro cúbico de agua que consume un vecino carga con una cuota suplementaria de alcantarillado —0,51 euros— para financiar la renovación de una red que se ha quedado corta.
No es una tasa por abrir campos nuevos: es la factura de sostener lo que ya está. Y aparece justo cuando el municipio, de 1414 habitantes, acomete la operación urbanística más importante de su historia reciente: cambiar unas Normas Subsidiarias de 1990 por un Plan General que quiere ordenar el crecimiento del corredor. Anchuelo actualiza el plano. La duda es si puede actualizar, al mismo ritmo, la capacidad que lo sostiene.
1. Un plano de 1990 en revisión
El punto de partida es un planeamiento envejecido. Anchuelo se ordena todavía con unas Normas Subsidiarias de 1990, redactadas mucho antes del actual ciclo metropolitano. La respuesta ha sido un Plan General de Ordenación Urbana cuya aprobación inicial se acordó en septiembre de 2021.
El documento no dibuja una gran ciudad nueva, pero sí abre frente: cinco sectores de suelo urbanizable sectorizado, dos ámbitos de suelo urbano no consolidado y unos 110.112 m² para actividades económicas —con 62.305 m² edificables— apoyados en la cercanía al Corredor del Henares. Es, en una palabra, el verbo de Anchuelo: actualizar. Sustituir un plano viejo por otro capaz de encajar suelo residencial y productivo. El problema no está en el dibujo; está en lo que el dibujo necesita para hacerse real.
2. La cuota que ya se paga
Aquí es donde el presente adelanta al futuro. El saneamiento de Anchuelo necesitaba inversión antes de cualquier ensanche: en diciembre de 2024, el Ayuntamiento y el Canal firmaron un convenio del Plan Sanea por el que la empresa pública aporta 2.907.752,57 euros —una ayuda en especie— para renovar el alcantarillado municipal.
El modelo del programa reparte el coste: el Canal financia el 76 por ciento y el municipio el 24 por ciento restante mediante una cuota suplementaria. Esa cuota es la que el Consejo de Gobierno aprobó en mayo de 2026: 0,51 euros por metro cúbico consumido, aplicada hasta recuperar el coste real de las obras. Dicho de otro modo, el vecino de Anchuelo ya paga, en su recibo del agua, la reparación de la red que tiene, mientras el plano dibuja la que vendrá. Cobrar por el déficit existente antes de sumar el que traería el crecimiento resume bien la contabilidad de esta serie.
3. Una depuradora para seis
El crecimiento que el Plan General quiere ordenar tendría que caber, además, en una planta que no es solo suya. Anchuelo depura en la EDAR de Torres de la Alameda, en servicio desde 2015, con 26.000 m³/día autorizados y un diseño para 100.000 habitantes equivalentes que se reparte entre seis municipios —Torres, Villalbilla, Anchuelo, Santorcaz, Valverde de Alcalá y Corpa—.
El agua depurada baja al arroyo Pantueña y, desde ahí, al Jarama y al Tajo. La consecuencia es sencilla y decisiva: el margen de esa depuradora no puede medirse municipio a municipio. Anchuelo puede aprobar cinco sectores, pero quien tiene que absorberlos es una instalación compartida cuyo margen real, cuando todos los usuarios suman a la vez, nadie certifica antes de cada nueva aprobación. El plano es local; la capacidad, no.
4. El corredor de 220 kV
La segunda llave que Anchuelo no controla es la eléctrica. Su término y el vecino de Santorcaz se han convertido en uno de los grandes focos de generación solar del sureste madrileño: sobre sus campos se proyectan las plantas Collarada, Maladeta y Popa —unas 467 hectáreas en conjunto— y su suelo alberga la subestación de 400 kV de Red Eléctrica que hace de nudo de evacuación.
Para sacar esa energía, en junio de 2025 la Comisión de Urbanismo aprobó definitivamente el Plan Especial de la línea de 220 kV «ST Hojarasca-ST Henares», que cruza Anchuelo y Santorcaz; y en 2026 el municipio aparece afectado por otro expediente de infraestructura de Red Eléctrica.
Son plantas y tendidos de evacuación: sacan energía hacia el sistema, no la enchufan al pueblo. El término aporta suelo, servidumbre y paisaje; la potencia va a la red. También aquí la decisión se toma fuera del pleno —en la escala autonómica y estatal— y llega al municipio ya resuelta.
5. La Alcarria que responde
Ese despliegue no ha pasado inadvertido. La implantación fotovoltaica —parte del empuje renovable que impulsan el Estado y la región— ha levantado, aun así, una oposición organizada a escala comarcal. Ecologistas en Acción advierte desde 2019 que el conjunto de plantas amenaza las estepas cerealistas, una de las cinco grandes áreas esteparias de la Comunidad, y su grupo de Alcalá de Henares sitúa a Anchuelo, junto a Santorcaz, Corpa, Pezuela o Villalbilla, entre los municipios que la avalancha de proyectos pone en riesgo.
A ese frente se ha sumado la plataforma Henares en Verde, que denunció en noviembre de 2025 lo que llamó una «vergüenza histórica» y que reclama a las administraciones algo muy concreto: que hagan público el impacto acumulado de todos los proyectos de energía y agua de la zona y la planificación global que los justifica. Es, formulada por un colectivo vecinal, la misma pregunta que vertebra esta serie: quién suma el conjunto.
El pulso ha llegado ya a los plenos. En el clúster contiguo, el Ayuntamiento de Villalbilla aprobó por unanimidad, en un pleno extraordinario del 14 de octubre de 2025, una moción contra una macroplanta solar, y en Torres de la Alameda los vecinos se han movilizado por el mismo motivo. Anchuelo comparte con ellos depuradora, corredor de evacuación y estepa protegida: la discusión sobre cuánto suelo, agua y red puede soportar el corredor ha dejado de ser un asunto técnico para volverse público.
6. Quién decide, quién paga
La aritmética del poder deja al Ayuntamiento con una sola pieza firme: el plano. Con un presupuesto de 1,29 millones y sin deuda, el pleno aprueba el planeamiento, mantiene las calles y poco más.
El agua y el saneamiento dependen del Canal —y, en parte, del propio vecino, vía cuota—; la depuración, de una planta compartida por seis; la electricidad, del Estado y de Red Eléctrica; los residuos, de las mancomunidades del Alto Henares y del Este; y hasta el acceso rodado a los nuevos sectores queda condicionado por la M-213 y por el informe de carreteras que el propio Plan General debe resolver. Cada expediente acredita su pieza. Ninguno acredita el conjunto.
Y esa es la distancia que mide el caso de Anchuelo. Actualizar el plano está en su mano, y hace veinte años que tocaba. Pero un plano actualizado promete un crecimiento que solo será real si, al mismo tiempo, alguien pone al día la depuradora, la red y el acceso que lo sostienen. Mientras esa suma no exista, el municipio habrá actualizado el dibujo de su futuro y habrá empezado a pagar, ya, el mantenimiento de su presente.
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