El 24 de junio de 2022 intentaron saltar la valla de Melilla desde Marruecos unas dos mil personas que buscaban un futuro mejor en España, de ellas al menos 37 murieron a manos de las fuerzas de seguridad y más de 76 continúan en paradero desconocido y sus familias no están recibiendo información sobre qué les pasó.

El próximo 30 de agosto es el Día de las Víctimas de Desaparición Forzada, aquellas personas cuyos familiares y amigos no saben dónde están, porque han sido secuestradas en la calle o en su domicilio por representantes del Estado, o por actores armados no estatales, que luego niegan los hechos, recuerda Amnistía Internacional. 

En la mayoría de los casos, las víctimas de desaparición forzada nunca son liberadas y su suerte sigue siendo desconocida. Con frecuencia son torturadas y muchas son asesinadas o viven con el temor constante de ser asesinadas.

Esta falta de información, esta ausencia de revelación del paradero de una persona también afecta a familiares y amistades de las personas desaparecidas, que se encuentran ante la nada, entre la esperanza y la desesperación. 

Según Naciones Unidas, «se considera desaparición forzada toda forma de arresto, detención, secuestro o cualquier otra modalidad de privación de libertad perpetrada por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa de las autoridades a reconocer la situación de privación de libertad o a revelar la suerte o el paradero de la persona interesada, lo que sustrae a la víctima de la protección de la ley». Un delito contra la humanidad y que por tanto no prescribe. 

Las desapariciones forzadas son un grave problema en muchos países y en todas las regiones del mundo, de México a Siria, de Bangladesh a Libia, o de Turquía a Nigeria. Pero también, son víctimas de desaparición forzada, esas 76 personas que continúan en paradero desconocido desde que el 24 de junio de 2022 intentaron saltar la valla de Melilla.

Desde que el Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas comenzó a funcionar en 1980, ha tramitado un total de 59.212 casos a 110 Estados. De ellos, 46.490 casos de 95 Estados, siguen siendo examinados por no haber sido esclarecidos, cerrados o suspendidos. Estos son datos del último informe del Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas que hizo público en 2021.

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