Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España, ha informado de que se ha enviado una carta al ministro de Presidencia, Félix Bolaños, para recordarle que hace un mes, el pasado 26 de mayo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció en el Congreso de los Diputados una nueva Ley sobre Información Clasificada con la intención de que sustituya a la actual Ley de Secretos Oficiales (LSO), que lleva vigente desde la época del franquismo.
Una ley que supone, sostiene Amnistía, un obstáculo para la investigación de graves violaciones de derechos humanos y para garantizar el derecho de las víctimas a verdad, justicia y garantías de no repetición, amparándose bajo la consideración de secreto.
Señala Amnistía que «llevamos décadas viendo este secretismo con indignación» y pone como ejemplos la falta de transparencia del Gobierno respecto a los acuerdos migratorios con Marruecos, los impedimentos en la investigación de las violaciones graves de derechos humanos en la época franquista o en el contexto de la lucha contra el terrorismo.
También cuando este miércoles 22 de junio 2022, en el Congreso, la Secretaría de Estado de Comercio, se escudaba en la LSO para no revelar información sobre el tipo de armas que está enviando a determinados países; o en el caso de vigilancia masiva con el spyware Pegasus a líderes políticos, activistas y periodistas catalanes.
Indica Esteban Beltrán qoe «por eso, hemos querido recordar al señor Bolaños que un mes no puede pasar en balde, sobre todo porque llevamos un retraso de más de cuatro décadas. Si de verdad el gobierno tiene el compromiso de acabar con este secretismo y reformar esta ley de manera que responda adecuadamente a los compromisos de derechos humanos, es necesario que empiecen por informar acerca del calendario estimado al respecto, y que se tengan en cuenta una serie de recomendaciones».
Entre ellas, Amnistía recuerda que se debe garantizar un procedimiento de clasificación y desclasificación de la información pública que obligue a las autoridades a demostrar la necesidad y proporcionalidad de la medida, así como su propósito genuino de proteger un interés legítimo de seguridad nacional.
Además, la nueva ley debe evitar que la clasificación de información recaiga sobre materias de forma genérica: al contrario, se debe priorizar la clasificación parcial, y con un plazo preestablecido.
También se deben incluir mecanismos de control independientes sobre las decisiones gubernamentales de clasificar o no desclasificar información, asegurando en todo caso el control judicial sobre dichas decisiones.
Asimismo, es importante que quede claro con esta nueva ley que las violaciones graves de los derechos humanos, del derecho internacional humanitario, y las violaciones sistemáticas o generalizadas de los derechos a la libertad y seguridad personal son líneas rojas sobre las que debe haber transparencia.
