Amnistía Internacional se ha dirigido por carta al gobierno español para que revele información sobre todos los contratos que tenga con empresas privadas de vigilancia digital, ante las noticias aparecidas recientemente en medios de comunicación sobre la posible utilización del programa espía Pegasus de la empresa israelí NSO group en España.

Esta preocupación que la organización traslada ahora a las autoridades españolas la ha hecho reiteradamente a distintos gobiernos del mundo cuya utilización de estas herramientas, como el citado programa Pegasus, sí están confirmadas, con el objetivo de que impongan una moratoria sobre la venta y transferencia de estos equipos de vigilancia hasta que se establezca un marco reglamentario adecuado de derechos humanos.

Amnistía Internacional también ha transmitido al gobierno español la necesidad de que toda vigilancia digital esté sujeta a mecanismos públicos de supervisión, así como que se incluya un proceso de aprobación, notificación y consulta públicas sobre las nuevas adquisiciones de vigilancia y publicación periódica de información.

Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional en España, ha declarado que «el derecho internacional de los derechos humanos protege a todas las personas de injerencias arbitrarias e ilegítimas en su privacidad. Toda injerencia del Estado en el derecho a la privacidad debe ajustarse a la ley y ser necesaria, proporcional y legítima».

Espionaje telefónico a independentistas catalanes

Este 22 de octubre de 2020 un juzgado de Barcelona admitió a trámite la querella interpuesta por el presidente del Parlament de Cataluña, Roger Torrent i Ramió, y el diputado autonómico Ernest Maragall i Mira, por el espionaje de sus teléfonos móviles con el programa Pegasus en 2019. 

Amnistía Internacional ha documentado cómo el uso del programa Pegasus, un software que puede tomar el control del teclado, la cámara y el micrófono del teléfono móvil, se ha utilizado ya contra un amplio sector de la sociedad civil, que abarca al menos veinticuatro activistas de derechos humanos, periodistas y miembros del Parlamento de México; los activistas saudíes Omar Abdulaziz, Yahya Assiri y Ghanem Al-Masarir; el periodista de investigación marroquí Omar Radi, el galardonado activista emiratí de los derechos humanos Ahmed Mansoor, el disidente saudí Jamal Khashoggi y una persona empleada en Amnistía Internacional, entre otros. Esta información no ha sido refutada por NSO group.

NSO Group tiene un preocupante historial en relación a la vigilancia digital, por lo que Amnistía Internacional ha pedido al Ministerio de Defensa israelí la revocación de la licencia de exportación de NSO Group, quien ha hecho caso omiso del creciente número de datos que vinculan a esta compañía con ataques contra defensores y defensoras de los derechos humanos, revocación que fue rechazada por un tribunal de distrito de Tel Aviv el pasado mes de julio.

Mientras no haya transparencia en torno a las prácticas empresariales de NSO Group así como garantías de que el proceso de concesión de licencias de exportación del Ministerio de Defensa israelí se atiene a las normas y prácticas internacionales, los productos de esta empresa seguirán facilitando la persecución de activistas de derechos humanos y disidentes políticos.

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