Una serie de decisiones «escandalosamente irresponsables» del gobierno de Reino Unidos han puesto en peligro la vida de decenas de miles de personas mayores y dieron lugar a múltiples violaciones de sus derechos humanos en residencias de la tercera edad, afirma Amnistía Internacional a raíz una investigación de su equipo de respuesta a las crisis por la COVID-19.
El informe de Amnistía, As If Expendable: The UK Government’s Failure to Protect personas mayores in residencias de la tercera edad during the pandemia de COVID-19, revela que en los primeros momentos de la pandemia se abandonó a personas a su suerte en residencias de la tercera edad.
Del 2 de marzo al 12 de junio de este año se registró un “exceso” de 28.186 muertes en residencias de la tercera edad en Inglaterra, con la confirmación de más de 18.500 fallecimientos por COVID-19 en estos centros durante ese periodo.
Dirección y personal de residencias describieron a Amnistía un «colapso total» de los sistemas durante las primeras seis semanas de respuesta a la pandemia. Hablaron de esperas para recibir instrucciones, dificultades de acceso a equipos de protección individual (EPI), y falta de acceso a pruebas de detección, a pesar de tener que atender a pacientes infectados a quienes habían dado de alta urgentemente en el hospital.
Increíblemente, el 17 de marzo, cuatro días después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declarara la COVID-19 una pandemia mundial, el gobierno ordenó trasladar a veinticinco mil pacientes de hospitales a residencias de la tercera edad, incluidas personas infectadas o sospechosas de estar infectadas de COVID-19.
El 2 de abril, el mismo día que la OMS confirmó la existencia de casos de transmisión presintomática de COVID-19, el gobierno reiteró que «no se requieren pruebas de resultado negativo para ingresar a personas en residencias de la tercera edad o trasladarlas allí» desde hospitales.
Varias personas responsables de residencias contaron a Amnistía que no habían tenido casos de COVID-19 en sus centros hasta que recibieron pacientes desde hospitales.
Estas y otras decisiones adoptadas por el gobierno dieron lugar a violaciones de derechos humanos de las personas mayores ingresadas en residencias de la tercera edad durante la pandemia, principalmente de su derecho a la vida, su derecho a la salud y su derecho a no sufrir discriminación.
Kate Allen, directora de Amnistía Internacional Reino Unido, ha declarado: «Cuando el país se enfrenta a una segunda ola de coronavirus, urge llevar a cabo una investigación completa, pública e independiente sobre el escándalo de las residencias de mayores, para aprender de la experiencia y proteger a la población residente de estos centros antes de que se pierdan más vidas».
Amnistía Internacional Reino Unido ha lanzado una campaña para pedir una investigación completa e independiente sobre la pandemia, que debería comenzar de inmediato con una fase provisional centrada en la población de las residencias de mayores.
La organización de derechos humanos pide asimismo al gobierno que:
- ordene una revisión exhaustiva de los formularios para dar orden de no reanimar incluidos en los historiales médicos y los planes asistenciales de las residencias de mayores, y así garantizar que no se imponen sin el debido proceso;
- garantice a la población residente en centros de la tercera edad pleno acceso a los servicios de atención a la salud a los que tienen derecho;
- garantice la disponibilidad de pruebas de detección regulares a quienes visitan las residencias así como al personal y a la población residente;
- garantice que las instrucciones para las visitas a centros de mayores consideran prioritario el interés superior de la población residente en el centro, y que las restricciones se basan en evaluaciones de riesgos individualizadas, teniendo presentes todas las medidas posibles para mitigar los riesgos, como realizar pruebas de detección con mayor frecuencia al personal, la población residente y las visitas.