Amnistía Internacional (AI) ha hecho público su informe anual sobre la pena de muerte en el mundo, en el que documenta que en 2020 los desafíos planteados por la pandemia de la COVID-19 no disuadieron a dieciocho países de aplicar la pena capital, y que en ese año fueron ejecutadas al menos 483 personas.
Agnès Callamard, secretaria general de AI, sostiene que la pena de muerte es un castigo abominable, y llevar a cabo ejecuciones en medio de una pandemia subraya aún más su inherente crueldad, informa la IPS.
Las 483 ejecuciones representaron una disminución del veintiséis por ciento respecto de las 657 de 2019, del setenta por ciento en relación al tope de 1634 en 2015, y se trata del número más bajo registrado por Amnistía en los últimos diez años.
Sin embargo, esas cifras pueden ser mucho mayores porque no se tienen informes de países que clasifican los datos sobre pena de muerte como secreto de Estado, o sobre los que existe información limitada: China, Corea del Norte, Siria y Vietnam.
Amnistía cree que China ejecuta a miles de personas cada año, lo que convierte una vez más a ese país en el verdugo más prolífico del año, por delante de Irán (246), Egipto (107), Irak (45) y Arabia Saudita (27).
Esos cuatro países efectuaron 88 por ciento de todas las ejecuciones de las que tuvo conocimiento AI el año pasado.
El anterior gobierno estadounidense ejecutó la asombrosa cifra de diez personas en menos de seis meses de 2020, y se reanudaron las ejecuciones federales después de un paréntesis de diecisiete años.
Egipto triplicó la cifra de ejecuciones anuales, y al menos veintitrés de las personas ejecutadas fueron condenadas en relación con casos de violencia política tras juicios manifiestamente injustos, empañados por confesiones forzadas y otras violaciones graves de derechos humanos, como tortura y desaparición forzada, según AI.
Irán utilizó cada vez más la pena de muerte como arma de represión política contra disidentes, manifestantes y miembros de grupos étnicos minoritarios, lo cual contraviene del derecho internacional, indica el reporte.
Países de Asia y Oceanía violaron normas internacionales que prohíben la pena de muerte para delitos que no implican el homicidio intencional, y se impuso por delitos de drogas en China, Indonesia, Laos, Malasia, Singapur, Sri Lanka, Tailandia y Vietnam, por corrupción en China y Vietnam, y por blasfemia en Pakistán.
En Bangladesh y Pakistán se impusieron esas condenas en tribunales establecidos mediante legislación especial y que normalmente utilizaban procedimientos diferentes a los de tribunales ordinarios, y en Maldivas fueron condenadas cinco personas que tenían menos de dieciocho años al momento de cometerse el delito.
En América solo Estados Unidos aplicó la pena de muerte en 2020.
Mientras el mundo se centraba en encontrar maneras de proteger vidas frente a la COVID-19, varios gobiernos mostraron una inquietante determinación de recurrir a la pena capital y ejecutar a personas a toda costa, declaró Callamard.
Según la responsable de Amnistía, la pandemia provocó que muchas personas condenadas a muerte no pudieran acceder a asistencia letrada en persona, y muchas de las que querían brindar apoyo debieron exponerse a riesgos considerables para la salud.
El uso de la pena de muerte en estas condiciones es una agresión especialmente atroz contra los derechos humanos, agregó.
El número de condenas a muerte dictadas en todo el mundo y de las que se tuvo noticia en 2020 fueron 1477, una disminución de 36 por ciento respecto de 2019.
El año pasado Chad y el estado estadounidense de Colorado abolieron la pena de muerte, Kazajistán se comprometió a abolirla, y Barbados concluyó las reformas para derogar la pena de muerte preceptiva.
Hasta abril de 2021, en 108 países se ha abolido la pena de muerte para todos los delitos y 144 la han abolido en la ley o en la práctica.
