Amnistía Internacional alerta sobre un preocupante retroceso en derechos humanos en varias comunidades autónomas de España, con especial énfasis en la gestión de la memoria histórica, porque desde las elecciones autonómicas de mayo de 2023 se ha observado una tendencia a la derogación de leyes de memoria democrática.

En el último año, varias comunidades autónomas han adoptado medidas que suponen un retroceso en la memoria histórica. En Aragón, se derogó la ley de Memoria Democrática en febrero, mientras que Castilla y León y la Comunidad Valenciana han presentado iniciativas para sustituir estas leyes por las llamadas Leyes de la Concordia. Asimismo, en Baleares, Cantabria y Extremadura se están impulsando la derogación de leyes similares. Estas acciones invisibilizan las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el franquismo, suprimiendo censos de víctimas y otros elementos clave para la preservación de la memoria histórica.

«Las víctimas y familiares de estas graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el franquismo no sólo se enfrentan a una prolongada impunidad, sino que con estas nuevas iniciativas se impulsan medidas limitadas territorialmente, lo que conlleva un desigual disfrute de derechos en función del territorio en el que se viva», afirma Daniel Canales, investigador de Amnistía Internacional.

Canales recuerda que a raíz de la Ley de Aragón y de los proyectos de ley de Castilla y León y Valencia, el 30 de abril de 2024 expertos de Naciones Unidas enviaron un informe al Gobierno manifestando su preocupación por los retrocesos que estas normativas suponen en el ámbito de la memoria histórica, y recordando que todos los poderes y entidades del Estado tienen el deber de proteger los derechos humanos, incluyendo la obligación de garantizar la preservación histórica de la memoria de graves violaciones de derechos humanos.

Medidas propuestas por Amnistía Internacional:

A las Comunidades Autónomas:

  1. Garantizar la preservación histórica de la memoria colectiva de las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante la Guerra Civil y el franquismo.
  2. Adoptar procesos de memoria que permitan conocer, recordar, preservar y transmitir la información sobre las violaciones de derechos humanos sufridas.
  3. Permitir a las entidades que tradicionalmente han trabajado por las víctimas del franquismo y la Guerra Civil mantener su rol consultivo y desarrollar su ámbito de actuación sin limitaciones ni restricciones indebidas..

Al Gobierno Central:

  1. Cumplir con la obligación de garantizar la preservación de la memoria histórica y colectiva sobre las vulneraciones de derechos humanos, implementando de forma efectiva la Ley de Memoria Democrática en todo el Estado.

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