La organización Amnistía Internacional ha denunciado que participar en protestas pacíficas de solidaridad con Palestina puede derivar en España en multas de miles de euros, detenciones, procesos penales e incluso actuaciones policiales que incluyen el uso de porras, gas pimienta o proyectiles de foam.
La organización asegura haber documentado al menos 95 casos de vulneraciones del derecho a la protesta desde octubre de 2023 y reclama cambios normativos y administrativos para proteger la libertad de expresión y reunión.
La denuncia llega tras varios episodios registrados en diferentes puntos del país, entre ellos la reciente Copa del Mundo de Escalada celebrada en Alcobendas (Madrid), donde activistas protestaron contra la participación del equipo israelí mientras continúa la ofensiva militar sobre Gaza.
Qué ocurre
Según Amnistía Internacional, España mantiene restricciones al ejercicio de la protesta pacífica mediante una combinación de normas que incluye la Ley de Seguridad Ciudadana —conocida como «Ley Mordaza»—, determinados artículos del Código Penal y la aplicación de la legislación contra la violencia en el deporte.
La organización sostiene que normas concebidas para combatir el racismo, la xenofobia o la violencia en eventos deportivos están siendo utilizadas para sancionar acciones de protesta relacionadas con Palestina que no implican comportamientos violentos.
Durante la Copa del Mundo de Escalada celebrada entre el 28 y el 31 de mayo en Alcobendas, observadores de Amnistía documentaron identificaciones policiales y amenazas de sanción contra activistas que exhibían símbolos palestinos o expresaban consignas de solidaridad.
La organización también denuncia que agentes impidieron el uso de paraguas con los colores de la bandera palestina y que algunas personas agredidas verbal o físicamente fueron identificadas por la policía en lugar de recibir protección.
Para Amnistía, estos hechos no constituyen incidentes aislados, sino parte de una tendencia más amplia que afecta al ejercicio de derechos fundamentales reconocidos por la Constitución española y por diversos tratados internacionales de derechos humanos.
Cómo afecta
Las consecuencias para quienes participan en movilizaciones propalestinas pueden resultar importantes tanto desde el punto de vista económico como jurídico.
Amnistía destaca especialmente lo ocurrido durante la Vuelta Ciclista a España de 2025, donde activistas protestaron contra la participación del equipo Israel-Premier Tech.
Según la organización, al menos treinta personas fueron detenidas y 108 afrontan expedientes sancionadores. De ellos, 91 se tramitan mediante la legislación contra la violencia en el deporte.
Las multas ya impuestas alcanzan cuantías muy elevadas. La organización cita sanciones de 300 euros en Ponferrada, multas de 3000 euros en Pontevedra y un expediente de 60.000 euros relacionado con estas protestas.
Además de las sanciones económicas, algunos activistas afrontan procedimientos penales. En Valladolid, cuatro personas se enfrentan a peticiones de prisión por acciones desarrolladas durante la Vuelta Ciclista. También se han producido detenciones en Asturias, Galicia, Bilbao, Figueres y Madrid.
Desde la perspectiva de los derechos humanos, Amnistía considera especialmente preocupante que acciones de desobediencia civil no violenta puedan recibir un tratamiento equivalente al de conductas violentas o delictivas.
Qué recomiendan los expertos
El derecho de reunión pacífica figura protegido por la Constitución Española, el Convenio Europeo de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas.
Los estándares internacionales elaborados por organismos de la ONU consideran que determinadas formas de protesta que pueden generar molestias temporales, interrupciones breves o alteraciones del tráfico no pierden automáticamente su carácter pacífico por ese motivo.
Sobre esta base, Amnistía Internacional solicita a la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte que no sancione acciones como la exhibición de símbolos políticos o la interrupción temporal de competiciones cuando se desarrollen de forma pacífica.
La organización también reclama a las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno que incorporen criterios alineados con los estándares internacionales de derechos humanos al tramitar expedientes sancionadores.
En relación con las fuerzas de seguridad, pide revisar los protocolos de uso de material antidisturbios, investigar posibles abusos y garantizar que cualquier actuación policial respete los principios de necesidad y proporcionalidad.
Qué deben saber los ciudadanos
Las personas que participen en manifestaciones o acciones de protesta cuentan con derechos protegidos por la legislación nacional e internacional, aunque también deben respetar las limitaciones previstas por la ley cuando existan razones justificadas de seguridad pública.
Organizaciones especializadas en derechos humanos recomiendan:
- Conocer las condiciones de las convocatorias comunicadas a las autoridades.
- Documentar posibles incidencias mediante fotografías o vídeos cuando sea posible.
- Solicitar asistencia jurídica en caso de identificación o sanción.
- Conservar toda la documentación administrativa recibida.
- Contactar con organizaciones de derechos humanos o colectivos especializados si consideran vulnerados sus derechos fundamentales.
Diversas entidades sociales recuerdan además que el derecho de protesta constituye una herramienta esencial para la participación democrática y para trasladar demandas ciudadanas a las instituciones públicas.
Actualidad
La controversia se produce en un contexto internacional marcado por la guerra en Gaza, que ha provocado numerosas movilizaciones en España y en otros países europeos.
La ONU, a través de distintos relatores y organismos especializados, ha reclamado reiteradamente la protección de la libertad de expresión y reunión pacífica en relación con las protestas vinculadas al conflicto palestino-israelí.
En España continúa abierto además el debate sobre la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana. Diversas organizaciones sociales, sindicatos y entidades de derechos humanos llevan años reclamando modificaciones para evitar restricciones desproporcionadas al ejercicio de libertades fundamentales.
Amnistía Internacional considera que la situación actual demuestra la necesidad de retomar esa reforma y revisar también la aplicación de otras normas que, según la organización, pueden utilizarse para limitar la protesta pacífica. Entre ellas cita la legislación deportiva utilizada en algunos expedientes relacionados con movilizaciones por Palestina.
La organización mantiene asimismo una campaña para impulsar una regulación más estricta sobre el uso y comercio de determinados equipos policiales empleados en intervenciones contra manifestantes.
Preguntas frecuentes
¿Qué denuncia Amnistía Internacional sobre las protestas por Palestina?
La organización afirma haber documentado 95 vulneraciones del derecho de protesta, incluyendo multas, detenciones y actuaciones policiales desproporcionadas.
¿Qué ocurrió en la Copa del Mundo de Escalada de Alcobendas?
Según Amnistía, activistas propalestinos fueron identificados y amenazados con sanciones mientras protestaban pacíficamente durante la competición.
¿Puede una protesta pacífica acabar en una multa?
Sí. Amnistía sostiene que algunas personas han recibido sanciones de cientos o miles de euros por acciones vinculadas a protestas propalestinas.
¿Qué cambios reclama Amnistía Internacional?
Pide revisar la aplicación de la Ley del Deporte, reformar la Ley de Seguridad Ciudadana y reforzar las garantías para el ejercicio de la protesta pacífica.
¿Qué organismos intervienen en este debate?
Entre otros, el Ministerio del Interior, las delegaciones del Gobierno, la Comisión Estatal contra la Violencia en el Deporte, Naciones Unidas y organizaciones de derechos humanos.
