Amnistía Internacional denuncia un uso excesivo de la fuerza en las cargas policiales del 14 de octubre en la Universidad Complutense de Madrid y reclama una investigación independiente. La organización cuestiona las justificaciones de la intervención, mientras el Rectorado condena las cargas y el delegado del Gobierno ha pedido una investigación urgente.
Amnistía Internacional ha denunciado este 15 de octubre de 2026 el empleo de porras contra manifestantes que, según la organización, mantenían una actitud pacífica durante la huelga educativa en la Universidad Complutense de Madrid (UCM). En una comunicación remitida a los medios, sostiene que la mayoría de las personas contra las que se utilizó la fuerza sujetaban una pancarta o se encontraban en las primeras filas de la protesta.
Las cargas se produjeron el miércoles 14 de octubre en Ciudad Universitaria, en el entorno de la Facultad de Ciencias Químicas, durante un piquete de estudiantes y trabajadores en defensa de la educación pública. La jornada dejó personas heridas y cinco detenidos, según el balance policial recogido por EFE.
Amnistía recuerda que las porras solo deben utilizarse contra personas que estén cometiendo actos violentos y con el objetivo de que cesen. Su denuncia cuestiona que se golpeara a participantes pacíficos y reclama esclarecer la actuación mediante una investigación independiente y exhaustiva.
Las justificaciones policiales y la respuesta de Amnistía
La organización rebate tres argumentos que atribuye a la Confederación Española de Policía (CEP): la falta de comunicación previa de la manifestación, el intento de superar cordones policiales u ocupar la calzada y una supuesta agresión inicial a un agente.
La defensa de la intervención por parte de este sindicato policial también consta en las declaraciones de su portavoz difundidas por Cuatro. La CEP sostuvo que salir del recorrido, generar un riesgo y agredir a los agentes que protegían el acceso a la calzada justificaban la respuesta policial.
Por su parte, el delegado del Gobierno explicó que la Policía había acudido tras recibir avisos por cortes de tráfico y que algunos manifestantes intentaron rebasar el cordón y agredieron a agentes, según recogió Europa Press. Ese relato sobre el origen de la intervención debe distinguirse de la valoración de si la fuerza empleada fue proporcionada.
Amnistía sostiene que ninguna de esas circunstancias legitima por sí sola golpear a participantes pacíficos. Sobre la presunta agresión inicial, subraya que, incluso si se confirmara, la respuesta debería dirigirse de forma específica y proporcionada contra su responsable, respetando el derecho de reunión del resto.
El derecho de reunión y los límites al uso de la fuerza
El artículo 21 de la Constitución española reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas sin autorización previa. Para las manifestaciones y reuniones en lugares de tránsito público exige comunicación a la autoridad. La Ley Orgánica reguladora del derecho de reunión desarrolla ese requisito y contempla la disolución, entre otros supuestos, cuando existan alteraciones del orden público con peligro para personas o bienes.
La Observación general 37 del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas precisa que la falta de notificación no convierte en ilegal la participación ni basta, por sí sola, para dispersar una reunión. También señala que interrumpir el tráfico no constituye violencia y que los actos violentos aislados no deben atribuirse al conjunto de los asistentes. Estos criterios respaldan el marco de derechos que invoca Amnistía, sin resolver por sí mismos qué ocurrió en cada momento de las cargas.
La UCM condena las cargas y niega haber solicitado la intervención
En su comunicado del 14 de octubre, el Rectorado expresó su condena y preocupación por las cargas y afirmó que no había solicitado ni promovido la presencia o intervención policial en el campus. La universidad se interesó por las personas heridas y detenidas y pidió agilizar las diligencias para facilitar la puesta en libertad de estas últimas con todas las garantías legales.
El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, solicitó al jefe superior de Policía una investigación urgente y recalcó que la respuesta de los agentes siempre debe ser proporcionada. Amnistía considera positiva esa iniciativa, pero pide una investigación independiente y exhaustiva, una exigencia que va más allá de la revisión interna anunciada.
Las movilizaciones universitarias coincidieron con el inicio de la huelga indefinida del profesorado de la enseñanza pública no universitaria madrileña. Como explicó Aquí Madrid en su información sobre las demandas de la huelga docente del 14 de octubre, las reivindicaciones incluyen menos horas lectivas y alumnado por aula, más recursos para atender la diversidad y mejoras laborales.
En el ámbito universitario, la plataforma UCM x la Pública convocó el paro contra lo que considera una asfixia financiera de la universidad y los recortes aplicados en la Complutense. Ese conflicto educativo constituye el contexto de la protesta en la que se produjeron las cargas ahora cuestionadas por Amnistía.
