Un informe de Amnistía Internacional hecho público este 21 de abril 2026 advierte de un deterioro sin precedentes de los derechos humanos en el mundo y sitúa a España como un actor relevante frente a la crisis del derecho internacional.
La organización denuncia un «ataque directo» al sistema multilateral impulsado por gobiernos y grandes poderes económicos, y alerta del avance de políticas autoritarias, la represión de la sociedad civil y el aumento de las desigualdades, con consecuencias que también afectan a Europa y al ámbito nacional.
Un momento crítico para los derechos humanos
El informe «La situación de los derechos humanos en el mundo», elaborado por Amnistía Internacional, dibuja un escenario global marcado por un deterioro estructural que afecta a 144 países y que, según la organización, supone uno de los mayores retrocesos en décadas.
El documento advierte de que el planeta se encuentra «al borde de una peligrosa nueva era» caracterizada por el avance de movimientos antiderechos y actores políticos que cuestionan abiertamente el sistema internacional.
La secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard, resume la gravedad del momento: «Nos enfrentamos al momento más difícil de nuestra época. La humanidad sufre el ataque de movimientos transnacionales antiderechos y de gobiernos depredadores».
A diferencia de etapas anteriores, la organización considera que ya no se trata de una erosión progresiva, sino de un ataque frontal a los pilares del sistema de derechos humanos construido tras la Segunda Guerra Mundial.
España ante la crisis del derecho internacional
En este contexto, España adquiere un papel relevante en el escenario internacional. El informe destaca que el Estado español ha comenzado a posicionarse con mayor claridad en defensa del derecho internacional y del sistema multilateral.
Entre las iniciativas señaladas figura el reconocimiento de la gravedad de la situación en Gaza y la participación en acciones internacionales orientadas a exigir responsabilidades, como el respaldo a procedimientos ante la Corte Internacional de Justicia.
Este posicionamiento se enmarca en la estrategia del Gobierno de reforzar su compromiso con el derecho internacional, en coordinación con organismos como Naciones Unidas.
Sin embargo, el informe advierte de que la respuesta europea ha sido, en términos generales, insuficiente.
Amnistía critica que la Unión Europea ha mantenido en muchos casos una actitud «apaciguadora» frente a violaciones graves del derecho internacional, lo que limita la eficacia de las iniciativas impulsadas por algunos Estados.
La erosión del sistema multilateral
Uno de los ejes centrales del informe es el debilitamiento del sistema internacional de protección de los derechos humanos.
Amnistía denuncia que grandes potencias han socavado instituciones clave como la Corte Penal Internacional mediante sanciones, presiones políticas o falta de cooperación.
Este proceso tiene consecuencias directas sobre la capacidad del sistema para garantizar justicia y rendición de cuentas:
- Reducción de investigaciones por crímenes de guerra
- Incremento de la impunidad
- Pérdida de confianza en las instituciones internacionales
Según la organización, este debilitamiento responde a una estrategia deliberada para sustituir el orden basado en normas por un modelo basado en la fuerza, el control económico y la hegemonía tecnológica.
Represión de la sociedad civil y retroceso de libertades
El informe documenta un aumento significativo de la represión contra la sociedad civil en todo el mundo.
Las prácticas denunciadas incluyen:
- Uso ilegítimo de la fuerza contra manifestantes
- Detenciones arbitrarias
- Criminalización de la protesta
- Desapariciones forzadas
Esta tendencia afecta tanto a regímenes autoritarios como a democracias consolidadas.
En Europa, el informe destaca el caso de Reino Unido, donde se prohibió una organización de protesta mediante legislación antiterrorista y se detuvo a miles de personas por participar en movilizaciones pacíficas.
El resultado es una reducción progresiva del espacio cívico, con efectos directos sobre la capacidad de la ciudadanía para defender sus derechos.
Tecnología, vigilancia y derechos fundamentales
Otro de los aspectos más relevantes del informe es el uso creciente de tecnología como herramienta de control social.
Gobiernos de distintos países han utilizado:
- Software espía
- Sistemas de vigilancia basados en inteligencia artificial
- Herramientas de censura digital
Estas prácticas afectan directamente a derechos fundamentales como la libertad de expresión, el derecho a la información y la privacidad.
En algunos casos, como en Estados Unidos, se han empleado tecnologías de vigilancia contra estudiantes y activistas, con consecuencias como detenciones y deportaciones.
Este fenómeno plantea nuevos desafíos para la regulación tecnológica en Europa y España.
Desigualdad y derechos sociales en riesgo
El informe también subraya el impacto de las políticas económicas en los derechos humanos.
Amnistía critica los recortes en ayuda internacional aprobados por varios países occidentales, que podrían provocar «millones de muertes evitables».
Estos recortes afectan especialmente a:
- Acceso a la sanidad
- Educación
- Derechos sexuales y reproductivos
- Protección de personas migrantes y refugiadas
Además, la organización denuncia la falta de control sobre grandes corporaciones y la persistencia de prácticas de evasión fiscal, que contribuyen a aumentar la desigualdad global.
En España, estos debates se reflejan en cuestiones como el acceso a la vivienda, la sanidad pública o la protección social.
Crisis climática y derechos humanos
El informe insiste en que el cambio climático constituye una de las mayores amenazas para los derechos humanos en la actualidad.
A pesar de las advertencias científicas, los gobiernos no han adoptado medidas suficientes para frenar el calentamiento global, que podría alcanzar un aumento de hasta 3 °C a finales de siglo.
Este escenario implica:
- Aumento de desplazamientos forzados
- Escasez de agua y alimentos
- Incremento de conflictos
Organismos como la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos insisten en la necesidad de integrar la acción climática en las políticas públicas.
La respuesta de la sociedad civil
Pese al contexto adverso, el informe destaca la capacidad de resistencia de la sociedad civil.
En 2025 y 2026 se han producido movilizaciones masivas en numerosos países, impulsadas en gran medida por jóvenes y colectivos sociales.
Estas movilizaciones han abordado cuestiones como:
- Conflictos armados
- Justicia climática
- Derechos laborales
- Igualdad de género
En España y Europa, el activismo ha tenido un papel relevante en campañas relacionadas con la guerra en Gaza y la regulación del comercio de armas.
El informe subraya que estas acciones han logrado avances concretos, como la restricción de exportaciones de armamento en algunos países.
El papel de las instituciones internacionales
A pesar de la crisis del sistema multilateral, el informe recoge avances relevantes impulsados por instituciones internacionales.
Entre ellos destacan:
- Creación de mecanismos de investigación en conflictos
- Procesos judiciales por crímenes de guerra
- Avances hacia una regulación global de la fiscalidad
El Consejo de Europa continúa desempeñando un papel clave en la defensa del Estado de derecho.
Asimismo, Naciones Unidas mantiene su labor de supervisión y promoción de los derechos humanos a nivel global.
Actualidad: España y el nuevo escenario internacional
En el contexto actual, España ha reforzado su presencia en el debate internacional sobre derechos humanos.
El Gobierno ha intensificado su alineamiento con Naciones Unidas y ha apoyado iniciativas destinadas a investigar posibles crímenes internacionales.
Desde el Ejecutivo de coalición PSOE-SUMAR se insiste en la necesidad de fortalecer el multilateralismo frente a los desafíos actuales.
Por su parte, Amnistía Internacional reclama que los Estados abandonen la «política de apaciguamiento» y adopten medidas concretas para frenar los abusos.
Conclusión: un punto de inflexión para los derechos humanos
El informe de Amnistía Internacional 2026 dibuja un escenario de riesgo global, pero también de oportunidad.
La organización advierte de que el sistema internacional de derechos humanos atraviesa una crisis profunda, pero subraya que aún existe margen para revertir esta tendencia.
El papel de países como España, junto con la movilización de la sociedad civil y el fortalecimiento de las instituciones internacionales, será determinante en los próximos años.
Como concluye Agnès Callamard: «Que 2026 sea el año en que afirmemos nuestra capacidad de acción […] también escribimos la historia».
El desafío es enorme, pero también lo es la responsabilidad colectiva de preservar y reforzar los derechos humanos como base de una sociedad democrática.
