Amnistía Internacional sostiene que las autoridades lituanas han detenido arbitrariamente a miles de personas en centros militarizados, donde han sido sometidas a condiciones inhumanas, tortura y otros malos tratos.
Estas acusaciones se expresan en un informe en el que la organización documenta la manera en que en Lituania se ha recluido durante meses a personas refugiadas y migrantes en condiciones sórdidas y similares a las penitenciarias, negándoles el acceso a procedimientos de asilo justos y sometiéndolas a otras violaciones graves de derechos humanos con la esperanza de que regresen «de forma voluntaria» a los países de los que huían.
Este trato contrasta brutalmente con la benevolencia con la que las personas que huían de la guerra de Ucrania han sido recibidas en la Unión Europea (UE).
Amnistía Internacional entrevistó a decenas de personas de países como Camerún, República Democrática del Congo, Irak, Nigeria, Siria y Sri Lanka que estaban detenidas ilegítimamente. Muchas personas denunciaron haber recibido palizas e insultos y sufrido actos de intimidación y hostigamiento por motivos raciales a manos de guardias en unos centros de detención dotados de estrictos sistemas de seguridad y en los que no hay acceso adecuado a instalaciones de aseo ni a atención médica.
«En Irak oímos hablar de los derechos humanos y los derechos de las mujeres en Europa, pero aquí no hay derechos», afirmó una mujer yazidí que estaba recluida en el centro de detención de Medininkai, cerca de la frontera con Bielorrusia.
«Aunque Lituania ha ofrecido con razón una cálida bienvenida a decenas de miles de personas que huían de Ucrania, la experiencia de las personas detenidas con las que hablamos no podría ser más diferente. Esto plantea motivos serios de preocupación sobre el racismo institucional que está arraigado en el sistema migratorio de Lituania», indica Nils Muižnieks, director regional de Amnistía Internacional para Europa.
Detención automática e ilegítima, y denegación de asilo
En julio de 2021, conforme aumentaba el número de personas que llegaba a la frontera de Lituania con Bielorrusia, el legislador aprobó nuevas leyes que establecían la detención automática de quienes entraran de manera irregular en territorio lituano. Para privar a estas personas de la seguridad jurídica que la UE ofrece contra la reclusión arbitraria, las autoridades calificaron a esta situación de «alojamiento temporal» e incluso «alternativas a la detención».
Como consecuencia, miles de personas —incluidas muchas que necesitan protección internacional— han permanecido detenidas durante periodos prolongados; muchas pasaron también meses privadas de supervisión de las autoridades judiciales para vigilar la legalidad de su reclusión; a un gran número de personas nunca les han tramitado su solicitud de asilo; y otras miles han sido devueltas de forma sumaria y violenta a Bielorrusia, donde no tienen ninguna posibilidad de pedir protección.
Condiciones de reclusión inhumanas
Amnistía Internacional visitó dos centros de detención en Lituania, los centros de registro de extranjeros de Kybartai y Medininkai, y entrevistó a 31 personas.
Actualmente hay cientos de hombres detenidos en el centro de Kybartai, que era una prisión hasta que las autoridades comenzaron a utilizarlo en septiembre de 2021 para recluir a personas refugiadas y migrantes. El centro tiene ventanas enrejadas, puertas de seguridad y un alto muro perimetral. Los detenidos tienen restringida la movilidad, incluso en el interior del centro, y sólo pueden ducharse con agua caliente dos veces por semana. Las instalaciones han estado desbordadas durante meses y los lavamanos, retretes y duchas están en condiciones sórdidas.
En marzo 2022, un hombre sirio expresó a Amnistía Internacional: «Agradezco a Lituania que nos haya recibido […], pero aquí no nos tratan bien. Esto es una prisión, no un campo [de refugiados]. Veo alambre de espinos por todas partes: ¿por qué? Yo no soy un delincuente, soy un refugiado».
Abusos contra personas bajo custodia
Centenares más de personas llevan tiempo recluidas en el centro de detención de Medininkai, donde duermen en contenedores colocados en un campo de fútbol. Para utilizar el retrete, deben salir al exterior y caminar por la nieve en los duros inviernos lituanos. Los detenidos y detenidas que hablaron con Amnistía estaban atemorizados por el comportamiento agresivo de los guardias del centro. En ocasiones se organizaban protestas debido a la frustración por estar detenidos de forma arbitraria y sometidos a pésimas condiciones de reclusión. Muchas personas describieron un panorama preocupante del modo en que las autoridades reaccionaban ante esas manifestaciones propinando golpes, a veces con porras, y utilizando pulverizadores de pimienta y pistolas Taser.
El 2 de marzo de 2022 por la mañana, una fuerza antidisturbios irrumpió en el centro de detención de Medininkai en respuesta a una protesta que había tenido lugar la noche anterior. Mujeres y hombres relataron más tarde que los guardias y la policía los golpearon con la mano, las porras y las Tasers; los esposaron y los sacaron a rastras de sus «habitaciones» para llevarlos a unos contenedores endebles; y humillaron sexualmente a un grupo de mujeres negras a las que obligaron a salir al frío, semidesnudas y con las manos atadas, y las encerraron en un contenedor, según las inquietantes imágenes de vídeo que Amnistía Internacional ha visto. Posteriormente, al menos doce personas fueron trasladadas a otros centros.
No fue un incidente aislado. Ha habido numerosas denuncias de malos tratos, algunos de ellos constitutivos de tortura, y de uso desproporcionado de la fuerza, como mediante el uso de pulverizadores de pimienta y otros tipos de material especial. Los detenidos y detenidas también han sido sometidos a régimen de aislamiento, y han sufrido mordidas de perro si trataban de escapar. Un psicólogo que trabajaba en el centro está siendo investigado por presunta violencia sexual contra personas que estaban bajo su responsabilidad.
Amnistía Internacional también documentó el hecho de que las personas detenidas racializadas, especialmente los hombres y mujeres negros, recibían insultos racistas profundamente ofensivos.
Procedimientos de asilo fallidos
En agosto de 2021, Lituania bloqueó la presentación de solicitudes de asilo en el país de las personas que llegaban de forma irregular. Las autoridades lituanas parecían prestar escasa atención a las solicitudes de quienes las habían presentado antes de esa fecha o recibían excepcionalmente permiso para presentar una petición. Además, las autoridades hacían caso omiso del debido derecho, dificultaban el acceso de los solicitantes de asilo a las pruebas necesarias, y a menudo no proporcionaban un servicio adecuado de interpretación.
Amnistía Internacional ha denunciado que el sistema de asistencia letrada gratuita es una farsa. Los abogados que deben representar a las personas solicitantes de asilo en los procedimientos son contratados por el mismo Departamento de Migraciones cuyas decisiones se supone que deben impugnar, lo que expone a estos profesionales a posibles conflictos de intereses.
Las autoridades lituanas han declarado recientemente que ya no van a proponer prolongar el periodo de detención más allá del límite actual de doce meses, pero aún no han detallado cómo van a reparar las violaciones de derechos humanos que han cometido durante el último año. Esa reparación es necesaria porque las medidas que han adoptado han vulnerado el derecho internacional y el derecho de la UE.
La política de apaciguamiento europea
La UE ha permitido que en los últimos meses se haya creado un sistema de dos niveles. Las personas ucranianas reciben en la UE protección y el trato humano que merecen, pero las que huyen de otros países son encerradas y se enfrentan a innumerables obstáculos en un sistema que está vergonzosamente empañado por el racismo y otras formas de discriminación.
Mientras Lituania intentaba «legalizar» las devoluciones sumarias, la detención automática y la denegación de asilo a través de su legislación, la respuesta de la Comisión Europea osciló entre el elogio expreso y el respaldo tácito. Los dirigentes de la Comisión explicaron a los miembros del Parlamento Europeo que las devoluciones sumarias son claramente ilegales, pero sugirieron que no hay pruebas contundentes de que se estuvieran produciendo. El informe de Amnistía Internacional publicado hoy aporta indicios más que suficientes al respecto, como lo han hecho otras organizaciones y grupos locales durante el último año.
La Comisión Europea sigue sin emprender un procedimiento de infracción contra Lituania, cuyas leyes, políticas y prácticas han vulnerado flagrantemente el derecho de la UE. Mientras tanto, los agentes de la Guardia Europea de Fronteras y Costas (Frontex) siguen apoyando a los guardias fronterizos lituanos en la labor de control de fronteras y otras actividades que pueden favorecer la perpetración de violaciones de los derechos humanos.
«Un año después de que Lituania intentara legalizar lo ilegal, la Comisión Europea sigue sin tomar medidas para que la legislación lituana se armonice con el derecho de la UE. Mientras permanezca inactiva, la Comisión Europea transmite a los Estados miembros el mensaje de que las leyes de la UE pueden violarse con impunidad», ha señalado Nils Muižnieks.