El Avance de Algete Norte recibió 71 escritos de alegaciones; una asociación vecinal respaldó después una marcha en defensa del río Guadalix. La participación ciudadana ya consta en el expediente, pero sus resultados deben comprobarse escrito por escrito. Para intervenir ahora en Algete o en el vecino El Molar hay que identificar cada plan, el órgano competente y la siguiente ventana publicada.
1. De las alegaciones al expediente
El documento de alcance ambiental recoge 71 alegaciones registradas al Avance de Algete Norte de 2024. Algunas tienen varias firmas, por lo que no representan 71 personas. Entre los intervinientes aparecen Ecologistas en Acción y asociaciones ambientales. Sus escritos plantearon cuestiones sobre hábitats, corredor ecológico, necesidades de vivienda y movilidad. Son objeciones atribuidas a quienes las formularon; no prueban por sí mismas que un plan sea ilegal o que el daño anunciado vaya a producirse.
La Asociación Vecinal Río Guadalix publicó sus alegaciones en agosto de 2024 y en abril de 2025 respaldó la convocatoria de una marcha organizada por colectivos ecologistas contra Algete Norte y SAU 21. La asociación formuló una crítica pública al modelo de crecimiento. La convocatoria acredita organización y difusión, pero no permite deducir asistencia ni cambios del plan. Para medir resultados hacen falta las contestaciones administrativas y los textos revisados.
El órgano autonómico exige una evaluación conjunta de Algete Norte, SAU 21 de El Molar y el plan viario. Esa exigencia coincide con una preocupación expresada por colectivos, pero el documento no demuestra que surgiera exclusivamente de sus alegaciones: también intervinieron órganos técnicos. La contribución ciudadana debe analizarse sin apropiarse de decisiones ajenas ni borrar que sus escritos forman parte del expediente.
2. La oposición institucional es otro actor
El Ayuntamiento de Algete objetó un trazado viario asociado a SAU 21 que atravesaba su término. La prensa recogió asimismo la intervención de Vecinos por Algete, que es una formación política municipal, en ese debate. Gobierno local y grupos de oposición pueden actuar mediante acuerdos, informes, preguntas, mociones y alegaciones institucionales. Una asociación y un vecino intervienen con su propia legitimación. Coincidir en una crítica no convierte la posición de un partido en movilización vecinal.
3. Pedir información permite concretar la disputa
La Ley 19/2013 reconoce el acceso a información pública y prevé respuesta en un mes, ampliable en los supuestos legales. La Ley 27/2006 regula de forma específica la información ambiental: un mes como regla general, hasta dos por volumen o complejidad. Una petición útil identifica el número de expediente, el informe, la fecha y sus anexos: por ejemplo, el estudio conjunto de tráfico, la viabilidad del agua, las respuestas a las 71 alegaciones o los convenios de conexión. Ayuntamiento y Comunidad custodian piezas distintas; Canal, CRTM, Carreteras y Confederación informan sobre sus materias.
El acceso no depende de apoyar o rechazar el plan. Pedir el expediente completo y las versiones fechadas permite distinguir propuesta, informe sectorial, aprobación y obra ejecutada. También permite comprobar una afirmación favorable: Canal consideró suficiente la depuración para Algete Norte, aunque dejó condiciones para conectar y abastecer el sector.
4. Alegar, recurrir y acudir al juez
El Avance tuvo 45 días de información pública en 2024; esa ventana está cerrada. El documento de alcance de noviembre de 2025 prepara el estudio ambiental, pero su publicación no abre por sí sola un nuevo plazo general de alegaciones. Una exposición posterior del Plan de Sectorización, de SAU 21 o del plan viario deberá comprobarse en su anuncio: órgano, versión, inicio y fin de plazo. A 24 de septiembre de 2026 no se ha verificado aquí una ventana abierta. Registrar un escrito fuera de plazo puede aportar información, pero no equivale a alegar dentro de la información pública.
Frente a un acto recurrible, la Ley 39/2015 fija, con los requisitos propios de cada recurso, un mes para alzada o reposición si el acto es expreso. La acción pública urbanística permite exigir el respeto de la ordenación, pero no convierte cada informe técnico en un acto recurrible ni elimina plazos. La Ley 29/1998 establece en general dos meses para recurrir judicialmente actos expresos que ponen fin a la vía administrativa, con excepciones. Hay que leer el pie de recursos, verificar legitimación, publicación, costes y posibilidad de medidas cautelares; el recurso no suspende automáticamente las obras.
La vía penal solo procede si aparecen hechos concretos, documentados y potencialmente delictivos. Una discrepancia urbanística, una alegación rechazada o incluso la nulidad de un acto administrativo no equivalen a delito. La Fiscalía no reemplaza el acceso al expediente, los recursos administrativos o el control contencioso. Investigar no es imputar.
5. La próxima prueba de eficacia
La medida de la capacidad de intervención será verificable: qué alegaciones se contestaron, qué cambió en el plan, si se completó el estudio conjunto y qué condiciones pasaron a ser obligatorias antes de construir. El seguimiento debe separar el barrio de Algete, el SAU 21 de El Molar y el plan viario, y registrar sus plazos propios. La siguiente acción inmediata es solicitar las respuestas a las 71 alegaciones y vigilar los anuncios oficiales de cada expediente.
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