Diego Merino Rubio

El Gobierno aprobó el martes 7 de abril de 2020, en Consejo de Ministros, un Real Decreto con una serie de medidas para paliar la falta de mano de obra en el campo, entre las que figura que los parados e inmigrantes podrán incorporarse a las tareas de recogida en el campo durante la crisis de la COVID-19.

Así lo ha avanzado el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, en la rueda de prensa posterior al Consejo, en la que ha detallado las características del decreto, que también recoge la renovación de permisos de trabajo para extranjeros que expiren antes del 30 de junio.

Con estas medidas excepcionales, el Gobierno pretende cubrir entre 75 000 y 80 000 puestos de trabajo para asegurar las tareas agrícolas y, al mismo tiempo, evitar pérdidas económicas y una reducción de la oferta que pueda afectar al encarecimiento de los precios.

Además, se permitirá compatibilizar el cobro del subsidio por desempleo o renta agraria con la retribución percibida por este tipo de trabajo. De dicha medida no se podrán beneficiar los afectados por Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) presentados en las últimas semanas por el parón de la actividad provocado por la pandemia, o los que reciban otras prestaciones extraordinarias debido al descenso de la carga de trabajo o el cese de su actividad.

«Hemos excluido expresamente las prestaciones vinculadas a los ERTE, porque tienen una financiación y cobertura propia», ha declarado Planas, quien ha insistido en que la compatibilidad del cobro del subsidio con el trabajo es una medida «absolutamente excepcional».

Esta norma entrará en vigor a partir de su publicación y hasta el 30 de junio y, por motivos de seguridad, establecerá ciertas limitaciones de movilidad debido al estado de alarma, por lo que los trabajadores que se incorporen a una explotación deben ser del mismo término municipal o de municipios colindantes.

La bolsa de empleo se obtendrá de perceptores del subsidio agrario u otras prestaciones por desempleo, de residentes extranjeros cuyo permiso de trabajo concluya antes del 30 de junio o de jóvenes inmigrantes de entre 18 y 21 años, a los que se les facilitará la autorización para incorporarse al trabajo.

Además, los contratos de trabajo se harán por escrito y tendrán que reflejar el salario recogido en los convenios colectivos referentes o, en todo caso, respetar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). La empresa deberá pagar al trabajador por transferencia bancaria.

Con todo esto, el ministro ha garantizado que se asegurará el «abastecimiento y que no haya un incremento de precios». «Respondemos a una demanda del sector agrario, de forma mesurada y concreta», ha añadido.

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