Amnistía Internacional ha hecho público un informe sobre la situación social en Afganistán en el que se documenta que, desde que los talibanes tomaron el control hace un año, se mantiene un ataque sostenido contra los derechos humanos persiguiendo a grupos minoritarios, reprimiendo violentamente protestas pacíficas, suprimiendo los derechos de las mujeres y usando las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones para sembrar el miedo entre la población.
El informe, titulado The Rule of Taliban: A Year of Violence, Impunity and False Promises, documenta violaciones flagrantes de los derechos humanos perpetradas durante un año de régimen talibán y revela la impunidad generalizada por crímenes como la tortura, los asesinatos de represalia y los desalojos forzosos de quienes se oponen a los talibanes. Éstos habían prometido inicialmente respetar los derechos de las mujeres y la libertad de prensa, y una amnistía para funcionarios del gobierno.
«Hace un año, los talibanes se comprometieron públicamente a proteger y promover los derechos humanos. Pero la velocidad a la que están desmantelando veinte años de avances en materia de estos derechos es impresionante. Toda esperanza de cambio se ha desvanecido mientras los talibanes tratan de gobernar mediante la represión violenta con total impunidad», afirma Yamini Mishra, directora regional de Amnistía Internacional para Asia meridional.
Añade que «para impedir que la crisis de derechos humanos de Afganistán siga escalando, la comunidad internacional debe tomar medidas significativas para que los talibanes rindan cuentas de estos crímenes».
Libertad de expresión y de reunión
La investigación de Amnistía Internacional detalla el uso excesivo de la violencia por las fuerzas de seguridad de los talibanes cuando tratan de imponer la prohibición de las protestas pacíficas. En varias grandes ciudades, las fuerzas de seguridad dispersaron protestas pacíficas golpeando y disparando a manifestantes desarmados.
La represión por los talibanes de la libertad de expresión está dirigida contra las personas que defienden los derechos humanos y activistas de la sociedad civil, muchas de los cuales han sido objeto de hostigamiento, amenazas, detención e incluso asesinato como resultado directo de su trabajo de derechos humanos.
La libertad de prensa también es objeto de ataque. El 19 de septiembre de 2021, el Centro Gubernamental de Medios de Comunicación e Información (GMIC) dictó una orden de redacción poco precisa que prohibía a los periodistas publicar historias «contrarias al islam» o que «insulten a figuras nacionales».
En 2021, más de ochenta periodistas fueron detenidos y torturados por informar sobre protestas pacíficas. Uno de ellos contó a Amnistía Internacional: «Me pegaron y azotaron tanto en las piernas que no podía ponerme de pie […] Mi familia firmó un documento prometiendo que yo no hablaría sobre lo que me había pasado una vez que saliera en libertad; si lo hacía, los talibanes tendrían derecho a detener a toda mi familia».
Detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas
Desde agosto de 2021, se han recibido informes generalizados sobre soldados talibanes que golpean y torturan a personas por considerar que han infringido edictos talibanes o a las que acusan de trabajar con el gobierno anterior.
Asesinatos de represalia, ejecuciones sumarias de presuntos combatientes de la resistencia y otros delitos supuestamente cometidos desde la toma del poder por los talibanes podrían constituir crímenes de guerra.
Ha habido cientos de homicidios extrajudiciales y se han encontrado cuerpos con heridas de bala o señales de tortura. Decenas de personas han desaparecido y siguen en paradero desconocido debido a su trabajo con el gobierno anterior o por su presunta participación en la resistencia contra los talibanes.
Persecución de minorías étnicas y religiosas
Pocas semanas después de que los talibanes tomaran el poder, llegaron denuncias sobre personas afganas no pastunes desalojadas forzosamente de sus casas y tierras para que los talibanes pudieran premiar a sus seguidores con tierras arrebatadas a otros grupos étnicos, concretamente el hazara, el turcomano y el uzbeko.
Se han denunciado desalojos en todo el país, entre otros lugares, en las provincias de Balkh, Helmand, Daikundi, Kandahar y Uruzgan, lo que ha contribuido a aumentar el número ya enorme de personas internamente desplazadas. En junio de 2022, la ONU calculaba que la cifra de personas afganas desplazadas había aumentado a más de 820.000.
El 30 de agosto de 2021, los talibanes mataron a trece personas de etnia hazara, entre ellas, una joven de diexisiete años, en la provincia de Daikundi. Según el testimonio de testigos presenciales recogido por Amnistía Internacional, los talibanes ejecutaron de manera extrajudicial a nueve exmiembros de las fuerzas de defensa que ya se habían rendido, con lo que estos homicidios parecen ser crímenes de guerra.
Restricciones impuestas a las mujeres y las niñas
Desde que tomaron el poder, los talibanes someten a las mujeres a una violencia creciente. En ocasiones, esta violencia es una forma de castigar a sus familiares.
Dos talibanes armados que iban en una motocicleta mataron a tiros a Lida, esposa de un exmiembro de las fuerzas de seguridad afganas. Además de la mujer, de veintidós años y embarazada de ocho meses, murieron sus dos hijos de dos y cuatro años.
Decenas de mujeres han sido detenidas y torturadas por participar en protestas pacíficas para exigir sus derechos, en medio de restricciones crecientes que les han despojado de sus libertades.
Los talibanes han restringido el derecho a la educación, oscureciendo el futuro de millones de niñas afganas. Cuando, el 17 de septiembre de 2021, reabrieron las escuelas de secundaria, los talibanes prohibieron la asistencia a las niñas que cursaban grados superiores al sexto afirmando que era una situación temporal mientras contrataban a más maestras y garantizaban que había condiciones «apropiadas» para la educación segregada por género. Hasta la fecha, no se ha implementado ninguno de estos planes.
«No debemos quedarnos de brazos cruzados, mirando mientras colapsan los derechos humanos de toda una población. Una respuesta internacional firme, significativa y unida es la única esperanza de poner fin a la pesadilla que el pueblo afgano soporta desde hace ya un año», dijo Yamini Mishra.
