El Parlamento Europeo en la legislatura 2019-24 ha implementado diferentes medidas que han repercutido en todos los ciudadanos europeos que, ahora, del 6 al 9 de junio, deberán renovar en las elecciones europeas la Cámara de Estrasburgo.
Así entre estos acuerdos se encuentra la recuperación económica. Los eurodiputados aprobaron las normas que establecen el mecanismo de Recuperación y Resiliencia, el plan de recuperación de Covid-19, dotado con 750.000 millones de euros.
A los países de la Unión Europea les ofrece un apoyo para las inversiones y reformas necesarias para mitigar las consecuencias económicas y sociales de la pandemia y preparar las economías de la UE para un futuro sostenible y digital.
El Parlamento aprobó el Pacto Verde Europeo, que establece el objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 55 por ciento para 2030 y obliga jurídicamente a la UE a reducir las emisiones netas a cero para 2050.
A continuación, los eurodiputados aprobaron numerosas propuestas destinadas a garantizar que la UE pueda alcanzar sus objetivos climáticos.
Los eurodiputados aprobaron normas para que todos los coches y furgonetas nuevos que se vendan en el mercado de la UE a partir de 2035 produzcan cero emisiones de CO2. El objetivo es que el sector del transporte por carretera sea inocua para el clima.
Recientemente, el Parlamento aprobó una reforma de la política europea de migración y asilo. La normativa establece que todos los países de la UE deben ayudarse mutuamente cuando se produzca una afluencia repentina o importante de inmigrantes. Los Estados miembros pueden contribuir reubicando en su territorio a los solicitantes de asilo o beneficiarios de protección internacional, aportando contribuciones financieras o prestando apoyo operativo y técnico.
Los eurodiputados adoptaron una normativa digital histórica para crear un entorno en línea más seguro, justo y transparente.
El objetivo de la Ley de Mercados Digitales es garantizar la igualdad de condiciones para todas las empresas digitales, independientemente de su tamaño. La normativa establece reglas claras para las grandes plataformas con el fin de impedir que impongan condiciones injustas a empresas y consumidores.
La Ley de Servicios Digitales da a los ciudadanos más control sobre lo que ven en internet: los usuarios tienen más información sobre por qué se les recomiendan determinados contenidos. Las redes sociales también tendrán que hacer frente a la desinformación en línea y eliminar los contenidos ilegales.
El Europarlamento también aprobó al ley de Inteligencia Artificial (IA) que garantiza la seguridad y el cumplimiento de los derechos fundamentales por parte de las herramientas de IA, al tiempo que apoya la innovación en el sector. La norma establece obligaciones para la IA en función de sus posibles riesgos e impacto.
Del mismo modo, aprobó una serie de medidas para reducir los residuos y promover un modelo de economía circular en el que las materias primas y producidas se reutilicen y reciclen. Esto incluye hacer del USB tipo C el estándar de carga común para pequeños dispositivos electrónicos para finales de 2024. Esto facilita la carga a los consumidores y abarata los costes.
El Parlamento Europeo ha aprobado nuevas normas sobre el derecho a la reparación, con el objetivo de fomentar un consumo más sostenible facilitando la reparación de bienes defectuosos, reduciendo los residuos y apoyando al sector de la reparación.
Las empresa de la UE están ahora obligadas a divulgar información que facilite a los empleados la comparación de salarios y ponga al descubierto las diferencias salariales existentes entre hombres y mujeres, según la legislación aprobada por el Parlamento.
Por otra parte, existió un compromiso para ayudar a Ucrania desde que, en 2022, Rusia lanzó su invasión.
En este sentido, los eurodiputados negociaron una revisión del presupuesto a largo plazo de la UE con el fin de garantizar más fondos para Ucrania. El mecanismo comprende 50.000 millones de euros en préstamos (33.000 millones) y subvenciones (17.000 millones) hasta finales de 2027.
Por último hay que recordar la directiva aprobada el pasado marzo para salvaguardar la independencia de los medios de comunicación de interferencias políticas o económicas.
La conocida como Ley Europea de Libertad de Medios (EMFA) recoge que las autoridades tendrán prohibido presionar a los periodistas y editores para que divulguen sus fuentes: no podrán detenerlos, sancionarlos, hacer búsquedas en sus oficinas o instalar programas de vigilancia invasivos en sus dispositivos electrónicos.
Los medios también tendrán que revelar en una base de datos nacional, con transparencia, información sobre la identidad de la propiedad, si son total o parcialmente propiedad pública, dar datos de la financiación recibida en concepto de subvención (incluida las de terceros países) o concepto de publicidad.
