En Móstoles, la presidenta madrileña Isabel Día Ayuso atacó a los andaluces y cerró filas con un alcalde investigado por acoso. En la huelga docente, su Gobierno endurece los mínimos sin negociar las reivindicaciones con el comité. El candidato del PP pide que se le juzgue como gestor mientras deja que Ayuso marque la línea del partido.

El 15 de noviembre, Isabel Díaz Ayuso hizo dos cosas desde el mismo escenario de Móstoles: utilizó la emigración andaluza como munición electoral y arropó al alcalde Manuel Bautista, investigado tras la querella de una exconcejala de su partido. Tres días después escogió cómo explicar el ataque a los andaluces. Juanma Moreno dio por buena su versión y la dirección nacional del Partido Popular salió en su defensa.

En Madrid, entretanto, su Gobierno se reúne con el comité de huelga docente para tratar los mínimos, no para negociar las demandas. Ahí se ve tanto la manera de gobernar de Ayuso como el problema de mando de Alberto Núñez Feijóo: ella toma la iniciativa y él no le marca un límite público.

Lo que se dijo el 15 de noviembre

En el mitin de Móstoles, Ayuso habló de una «red de gente garrapatera» al referirse a la etapa socialista en la Junta de Andalucía. A continuación se dirigió a quienes tenía delante: «Muchos de aquí sois andaluces y por eso estáis viviendo en la comunidad de Madrid». Enlazó esa afirmación con el paro, el abandono escolar y la «decadencia» de Andalucía. Fue un argumento deliberado de campaña: usó la historia de quienes habían emigrado para reforzar el retrato de la tierra de la que salieron.

El 18 de noviembre, en declaraciones antes de un acto electoral en Segovia, dijo que se refería al socialismo andaluz. Esa explicación no borra lo que dijo el día 15. La frase sobre quienes viven en Madrid iba dirigida a los andaluces del público. El intento de reducirlo todo a una crítica al PSOE deja fuera precisamente esa parte del discurso.

El 20, Moreno dio el asunto por aclarado. Tenía ocasión de responder desde la presidencia de la Junta a lo que se había dicho sobre los andaluces. Prefirió repetir la explicación de Ayuso. En la dirección nacional, el secretario general, Miguel Tellado, sostuvo que esas declaraciones se habían sacado de quicio y le expresó su respaldo. Moreno se empequeñece cuando acepta que Ayuso decida qué merece una respuesta en Andalucía. Feijóo se empequeñece cuando su dirección defiende la versión de Ayuso y él no le marca un límite público. El primero preside la Junta; el segundo aspira a presidir España. Los dos dejan en manos de Ayuso cuándo se abre el asunto y con qué explicación se pretende cerrarlo.

En el mismo mitin, Ayuso cierra filas con el alcalde de Móstoles

En ese mismo escenario, Ayuso defendió al alcalde, que compartía el mitin con ella. Le auguró mayoría absoluta en las municipales de 2027 y atribuyó a La Moncloa una campaña de desprestigio contra él. Tres días antes ya había anunciado en la Asamblea de Madrid que Bautista tendría un papel relevante en el PP madrileño después del congreso regional.

La causa nace de la querella de una exconcejala de su propio partido por presunto acoso sexual y laboral. Bautista niega las acusaciones y está citado a declarar como investigado el 26 de febrero de 2027. La investigación sigue abierta; esa citación no es un juicio.

En febrero, cuando el caso se hizo público, Feijóo dio por buenas las explicaciones del PP madrileño y defendió la actuación de la dirección regional. En noviembre, Bautista no figura en la candidatura del PP al Congreso por Madrid, que encabeza Feijóo. Ayuso, en cambio, lo sube al escenario, anuncia su futuro en el partido regional y presenta como una ofensiva de La Moncloa un caso que parte de la querella de una exconcejala del PP. El 20 de noviembre, la candidata socialista en Móstoles, Juana López Pagán, pidió a Feijóo que se pronunciara sobre ese respaldo. El respaldo directo de Feijóo en febrero fue a la actuación del partido. En noviembre, fue Ayuso quien anunció la promoción del alcalde, sin que Feijóo la corrigiera públicamente. Otra vez ella lleva el timón: decide a quién sostiene, cuándo lo anuncia y en qué términos se discute.

De la «mafia sindical» al programa de gobierno

Días antes de Móstoles, Ayuso ya había adelantado lo que quería del candidato en materia sindical. En vísperas de la huelga general del 11 de noviembre, convocada por la vivienda y los salarios, Ayuso llamó «mafia sindical» a los convocantes y señaló a UGT y CCOO. El día 10 contó que había llamado a Feijóo para pedirle que, si llegaba al Gobierno, acabara «con toda la basura sindical». La exigencia fue pública; la respuesta de Feijóo en esa llamada no se conoce.

Ya el 3 de noviembre, Feijóo había pedido desconvocar la huelga. La noche del 10, en Horizonte, reconoció el derecho de huelga y el papel de los sindicatos, dijo que quería interlocutores con los que pactar y auguró que muchos trabajadores podrían ver el paro como un error histórico. Habló de la huelga, pero no se desmarcó en esa intervención de los ataques de Ayuso. Una cosa es discutir una convocatoria; otra, llamar mafia a organizaciones cuya función reconoce la Constitución.

Ayuso se permitió anunciar lo que esperaba del futuro Gobierno de Feijóo antes de que el candidato fijara una línea frente a ese ataque. En Móstoles volvió a llevar la iniciativa, esta vez a costa de los andaluces. En la enseñanza pública madrileña se puede ver qué ocurre cuando ese discurso pasa del mitin a la Consejería.

La huelga docente: oír al comité para fijar mínimos, pero no negociar sus demandas

Desde el 14 de octubre, el profesorado de la enseñanza pública no universitaria madrileña mantiene una huelga indefinida. Entre sus demandas están reducir las horas lectivas y el número de alumnos por aula, reforzar la atención a la diversidad y mejorar los salarios. El 18 de noviembre, la consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo, insistió en que solo negociaría en la mesa sectorial. La Consejería sí se reunió con el comité mixto el día 13, como recoge el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, pero para tratar los servicios mínimos, no las reivindicaciones que motivaron los paros.

El Gobierno regional amplió esos mínimos y dictó instrucciones que restringen el uso de las aulas, los correos y las fachadas de los centros para promover la huelga. El 20 de noviembre, el comité anunció que impugnaría las medidas por entender que restringen el derecho de huelga y la libertad sindical. En una vía distinta, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid rechazó suspender de urgencia los mínimos a petición de CSIF, sin resolver aún sobre su legalidad.

Ese mismo día, el Consejo de Directores explicó quién absorbe el coste de la falta de acuerdo: los equipos directivos cubren los mínimos, rehacen horarios y grupos y se encargan de aplicar las nuevas instrucciones. Pidió diálogo inmediato. Así se mide la intransigencia del Gobierno madrileño ante sus trabajadores: hay tiempo para decidir cuánto pueden parar y cómo pueden informar del paro, pero sigue sin abrirse una negociación con el comité sobre las condiciones en que enseñan.

Sánchez y Feijóo, cifras bajo examen: del alquiler a los fondos europeos

Feijóo convirtió anuncios de alquiler en viviendas desaparecidas y presentó como deuda un importe que coincide con el tramo de ayudas europeas. En vivienda, el balance de Sánchez también exige publicar cuántas llaves se han entregado.

En el cara a cara del 19 de noviembre, Alberto Núñez Feijóo dio por desaparecidas 400.000 viviendas de alquiler y sostuvo que España tendría que devolver 80.000 millones de euros de los fondos europeos. Las dos cifras remiten a datos reconocibles. Lo falso es lo que les hizo decir: un anuncio retirado de un portal no es una vivienda perdida y una transferencia no reembolsable no es un préstamo. A Pedro Sánchez, por su parte, hay que pedirle que cuente las viviendas entregadas, no solo las que su Gobierno dice haber movilizado.

El alquiler: lo que desapareció del escaparate

Feijóo citó a Idealista. La metodología del propio portal dice qué contó: anuncios de alquiler de larga estancia publicados en su web. Fueron 902.664 en 2018 y 510.091 en 2025, una diferencia de 392.573. Es una caída en los anuncios del portal. La serie no sigue qué pasó después con cada vivienda ni demuestra que la Ley de Vivienda sacara esa cantidad de pisos del mercado. La comparación, además, empieza cinco años antes de que se aprobara la norma.

Feijóo contrapuso también 540 entregas a las 184.000 viviendas anunciadas. En septiembre, La Moncloa hablaba de más de 120.000 viviendas «movilizadas». Ninguna de las dos cifras acredita por sí sola un balance completo de entrega de llaves. El mismo día del debate, Casa 47 sorteó 638 viviendas. El sorteo fija el orden para comprobar requisitos y avanzar hacia la adjudicación: todavía no pone a 638 hogares dentro de esas casas. El balance que falta debe separar, promoción por promoción, el suelo disponible, las obras iniciadas, las viviendas terminadas y las llaves entregadas.

Impuestos y salarios: el nivel, la subida y la nómina

En 2025, la recaudación por impuestos y cotizaciones sociales netas equivalía, según Eurostat, al 38,1 por ciento del PIB español, frente al 40,7 por ciento de la Unión Europea y el 41,3 por ciento de la eurozona. España sí registró una de las mayores subidas de ese año: pasó del 37,2 por ciento al 38,1 por ciento. La subida es real; presentar a España como el país con los impuestos más altos de Europa no se sostiene con ese indicador.

En salarios importa una palabra que cambia la comprobación: Feijóo habló del salario neto. El INE sitúa el salario medio bruto en 24.009 euros en 2018 y 29.540 en 2024, un 23 por ciento más. El IPC medio subió un 19,3 por ciento en ese mismo intervalo. Descontados los precios, el salario medio bruto ganó alrededor del 3,1 por ciento. Ese cálculo no resuelve lo que pasó con el neto: para responder a la cifra de Feijóo hay que conocer su fuente, qué cotizaciones e impuestos descuenta y a qué trabajadores se refiere.

Fondos europeos: una transferencia no se devuelve como un préstamo

El plan español separa las ayudas de los préstamos. El Servicio de Estudios del Parlamento Europeo identifica una asignación de 79.800 millones de euros en subvenciones y 21.400 millones en préstamos, además de otras partidas. Feijóo presentó los 80.000 millones como dinero que España tendría que devolver. Los préstamos sí se reembolsan; las subvenciones, si se cumplen sus condiciones, no. A un Gobierno se le puede exigir que explique cuánto ejecutó y qué consiguió con ese dinero. Convertir las ayudas en deuda elude esa discusión.

Pensiones: la promesa frente al voto

Feijóo prometió revalorizar las pensiones con el IPC. La vinculación ya está recogida en la Ley 21/2021, y el historial del Congreso registra que el Grupo Popular presentó una enmienda a la totalidad para devolver aquel proyecto. Un partido puede cambiar de posición. Lo que corresponde explicar es por qué quiso devolver entonces la ley que hoy promete mantener y qué haría para sostenerla.

El debate se juzga mejor cuando se siguen esas cuentas fuera del plató. Al Gobierno se le piden llaves entregadas, no expedientes sumados. A quien se ofrece como alternativa se le pide que no convierta anuncios en casas ni ayudas en deuda, y que explique la distancia entre sus promesas y sus votos. Ahí empieza la prueba de la gestión.

Madrid: el modelo que el PP no necesita negociar con Vox

La comprobación del debate deja una pregunta para el resto del artículo: ¿qué hace el PP con los servicios públicos allí donde sí puede decidir? Madrid permite separar lo que le impone un socio de lo que el propio partido elige.

Sanidad

En 2024, Madrid gastó 1779 euros por habitante en sanidad pública, frente a 1958 euros en el conjunto autonómico. El gasto madrileño creció respecto al año anterior, pero la atención primaria solo recibió el 10,9 por ciento del total, frente al 13,9 por ciento autonómico. Son datos de gasto ejecutado del Ministerio de Sanidad, no promesas presupuestarias. En octubre de 2026, el registro madrileño de consultas externas contabilizaba 767.724 pacientes en espera estructural de una primera consulta especializada, con una demora media de casi 69 días.

La gestión indirecta hospitalaria es anterior a Isabel Díaz Ayuso, pero su Gobierno mantiene ese modelo. El 5 de noviembre la Asamblea rechazó una propuesta para auditar los registros y mantener en la lista estructural a quienes rechazan que los deriven a otro centro. Esos pacientes siguen apareciendo en el total quirúrgico, pero en una categoría separada. El dato importa: aceptar un traslado o esperar en el hospital de referencia son dos decisiones distintas para el paciente, y también alteran la cifra con la que se juzga al Gobierno.

Vivienda y fiscalidad

Madrid no figura en la relación estatal de zonas tensionadas publicada el 3 de noviembre. Su Gobierno ha elegido otras vías: la Ley 2/2026 permite, en determinados suelos destinados a vivienda protegida, elevar hasta un 20 por ciento la edificabilidad y un 30 por ciento la densidad. La Asamblea aprobó el 19 de noviembre la ley LIDER, que cambia los instrumentos urbanísticos y sus plazos. Más edificabilidad y trámites más cortos no fijan cuánto pagará un inquilino.

Ahí coincide la dirección del programa nacional de Feijóo, que propone derogar la Ley de Vivienda y eliminar el sistema de zonas tensionadas. También cuenta a quién se le reduce la factura fiscal: la Ley madrileña 4/2024 permite a nuevos residentes fiscales procedentes del extranjero deducir el 20 por ciento de determinadas inversiones financieras.

Educación y residencias

El respaldo explícito de Feijóo tiene ejemplos concretos. En septiembre, junto a Ayuso en Getafe, prometió extender a toda España la limitación madrileña del uso individual de pantallas en infantil y primaria. En mayo de 2025 defendió públicamente la actuación de Ayuso durante la pandemia y dijo que se investigara.

En el cara a cara fue Sánchez quien volvió sobre las residencias y cuestionó la gestión madrileña de hospitales y universidades; Feijóo respondió reivindicando su experiencia gallega.

Sobre las universidades, el acuerdo firmado con las seis públicas permite comprobar otra cifra: los cerca de 14.800 millones previstos hasta 2031 incluyen ingresos propios estimados de las universidades, no solo dinero transferido por la Comunidad.

Controles democráticos

El Constitucional determinó que la tramitación en lectura única de la reforma de Telemadrid de 2021 lesionó el derecho de los diputados a presentar enmiendas. Anuló los acuerdos de tramitación, no la ley. En otra sentencia, anuló acuerdos de la Mesa que habían impedido tramitar iniciativas de control y solicitudes de comparecencia del jefe de Gabinete.

Y la reforma de 2023 sustituyó un consejo de transparencia de tres miembros elegidos por tres quintos de la Asamblea por una presidencia nombrada por decreto del Gobierno, previa confirmación parlamentaria. Son cambios comprobables en la capacidad de vigilar al poder.

Fuera de Madrid: qué se decidió y quién lo decidió

En Andalucía, el PP en solitario aprobó tarifas para concertar asistencia sanitaria. En 2024 retiró la tarifa de consulta de primaria y reservó esa atención a los medios propios del SAS. La contratación externa sí continuó para cirugía: una resolución de contratación de 2026 documenta adjudicaciones bajo el acuerdo marco para operar a pacientes de la lista de espera. La cuestión es cuánto se compra fuera y qué capacidad queda instalada dentro. Feijóo conoce esa elección: en Galicia, el informe del Consello de Contas, recogido en el Parlamento gallego, estimó que contratar por separado la obra y los servicios del hospital Álvaro Cunqueiro habría supuesto unos 470 millones de euros menos en pagos proyectados, IVA incluido.

En la Comunitat Valenciana, el primer Gobierno de PP y Vox aprobó la bonificación del 99 por ciento en sucesiones y donaciones para determinados familiares. También aprobó la ley de elección de lengua base en la enseñanza, que el PP aplicó en 2025, ya fuera Vox del Ejecutivo, mediante una consulta a las familias. La Ley de Concordia se aprobó tras la salida de Vox, con respaldo parlamentario de ambos partidos. Su intento de derogar la ley de memoria democrática sigue suspendido cautelarmente. Una coalición puede romperse y dejar leyes en funcionamiento; una mayoría parlamentaria puede aprobar otras sin compartir el Gobierno.

En Castilla y León, el Ejecutivo de PP y Vox introdujo en la convocatoria audiovisual de octubre una cláusula que impide destinar la subvención a actuaciones que considere «adoctrinamiento ideológico». La condición ya está escrita en la orden. No prohíbe rodar una película, pero permite que una valoración ideológica intervenga en el acceso al dinero público.

En Aragón, el vicepresidente de Vox, Alejandro Nolasco, comunicó el 19 de noviembre que no prorrogará un convenio de ayuda humanitaria con la AECID. La decisión es la no renovación; el destino alternativo anunciado para los fondos, residencias de mayores, aún no es gasto ejecutado.

Personal de confianza: cuánto se presupuesta y a quién se nombra

Los presupuestos madrileños permiten seguir la misma partida, «Personal eventual de gabinetes». En el ámbito que incluye a la Asamblea y la Cámara de Cuentas, el crédito inicial subió de 3,64 millones en 2022 a 4,08 millones en 2026, un 12,1 por ciento nominal. Si se retiran esas dos instituciones, pasa de 2,21 a 2,43 millones, cerca de un 10 por ciento. En ese segundo perímetro, sin embargo, el crédito baja un 2,2 por ciento frente a 2025. Es dinero presupuestado, no gasto pagado ni número de asesores. La subida de cuatro años existe; la subida del último año no se puede atribuir al Ejecutivo.

En Extremadura, el decreto de 30 de abril de 2026 creó siete puestos eventuales, cinco para la vicepresidencia de Desregulación, Servicios Sociales y Familia que ocupa Óscar Fernández Calle, anterior portavoz de Vox en la Asamblea. Son puestos creados, no siete nóminas verificadas. En Madrid, la consejera de Sanidad, Fátima Matute, procede de la radiología del Clínico San Carlos; el jefe de Gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, de la comunicación política del PP y del Gobierno de Aznar. En Andalucía, Antonio Sanz, abogado y antiguo portavoz parlamentario del PP, reúne Presidencia, Sanidad y Emergencias. Una consejería, un alto cargo y un puesto eventual son figuras distintas. Saber quién decide y qué trayectoria aporta es parte del control de la gestión.

El contraste deja dos responsabilidades a la vista. El PP no necesita a Vox para sostener la gestión indirecta en Madrid, contratar cirugía externa en Andalucía o diseñar la concesión de Vigo. Cuando ambos gobiernan juntos, el pacto también se lee en las competencias que se reparten, los puestos que crean y las condiciones que ponen al dinero público. La solvencia que Feijóo reclamó en televisión se puede medir ahí: en la espera del paciente, en las llaves que recibe el inquilino y en las preguntas que se permite hacer a la oposición.

La prueba de mando

El mitin de Móstoles reúne dos rasgos de Ayuso: decide contra quién carga y a quién protege. Después decide qué explicación ofrece y cuándo. Moreno empequeñece su papel cuando acepta que sea ella quien dé por zanjado lo dicho sobre los andaluces. Feijóo hace lo mismo cuando da por suficientes las explicaciones del PP madrileño sobre el caso Bautista o deja que su dirección defienda las palabras de Ayuso sobre Andalucía. Y en la huelga docente, el Gobierno de Madrid muestra qué significa esa política para los trabajadores públicos: fijar los límites de la protesta mientras se rehúsa negociar con quienes la convocan.

Feijóo quiere que se le juzgue como gestor. La primera prueba de mando la tiene en su partido: fijar la línea y poner límites a los suyos. No puede acreditarse como buen presidente mientras Ayuso lleve ese timón y él se amolde. Si además necesita a Vox para llegar a La Moncloa, tendrá que negociar con la extrema derecha sin haber demostrado que puede sostener una línea propia.

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