La oposición demócrata estadounidense ha decidido llevar la guerra contra Irán al terreno donde el Congreso dispone de una de sus atribuciones más importantes: la autorización del gasto público. Un grupo de senadores anunció el jueves 12 de noviembre que se opondrá a cualquier acuerdo presupuestario que permita a Donald Trump continuar financiando las operaciones militares.
La iniciativa pretende aprovechar una fecha decisiva, el 11 de diciembre, cuando expira la financiación provisional del Gobierno federal. Si no se alcanza un acuerdo antes de entonces, Estados Unidos afrontará un nuevo cierre parcial de la Administración.
El senador demócrata Tim Kaine, de Virginia, confirmó que trabaja en una disposición legislativa para impedir que los fondos aprobados por el Congreso se utilicen en la continuación de la guerra. Su intención es incorporarla a la próxima resolución presupuestaria provisional, conocida en Washington como continuing resolution, necesaria para mantener operativos los organismos federales a partir del 11 de diciembre.
La iniciativa fue detallada el jueves por Roll Call y forma parte de una ofensiva parlamentaria que ha cobrado fuerza después de la derrota republicana en las elecciones legislativas del 3 de noviembre. Los demócratas controlarán la Cámara de Representantes y el Senado desde el 3 de enero de 2027, pero varios de sus dirigentes quieren utilizar la negociación presupuestaria de diciembre para forzar una decisión sobre la guerra antes del cambio de mayorías.
La disputa afecta directamente al secretario de Defensa, Pete Hegseth, cuya destitución intentó promover esta semana el congresista republicano Thomas Massie. La Cámara bloqueó aquella iniciativa por 211 votos frente a 204. Ahora el debate se traslada de la responsabilidad individual del jefe del Pentágono a la financiación de las operaciones que dirige.
Cinco senadores reclaman cortar la financiación militar
Los senadores demócratas Michael Bennet, de Colorado; Chris Van Hollen, de Maryland; y Tammy Duckworth, de Illinois, difundieron el jueves una declaración conjunta con el senador independiente Bernie Sanders, de Vermont.
Los cuatro anunciaron que rechazarán cualquier acuerdo de financiación que no incluya una cláusula para impedir a la Administración Trump utilizar los fondos públicos en la continuación de la guerra contra Irán. Su posición se suma al trabajo legislativo anunciado por Kaine.
El grupo pretende introducir una condición concreta en el próximo acuerdo presupuestario: que el dinero autorizado para mantener en funcionamiento el Gobierno federal no pueda destinarse a prolongar las operaciones militares en Irán. La propuesta sitúa a los dirigentes de ambos partidos ante una negociación que combina la continuidad de los servicios públicos y las decisiones de política exterior.
Kaine explicó que considera esta negociación su principal oportunidad inmediata para actuar. Todavía trabaja con otros senadores en la redacción de una cláusula que reúna apoyos suficientes y pueda incorporarse al texto presupuestario.
La posición de estos legisladores tiene también un componente interno. Los demócratas deben decidir si plantean el enfrentamiento en diciembre, mientras los republicanos conservan el control del Congreso, o si reservan la iniciativa para enero, cuando podrán dirigir el calendario legislativo y las comisiones parlamentarias.
El 11 de diciembre, una fecha que cambia la negociación
La financiación provisional de la Administración federal expira el 11 de diciembre. Antes de esa fecha, el Congreso debe aprobar una nueva ley presupuestaria o una prórroga de los niveles de gasto vigentes. La negociación abarca numerosos organismos públicos, desde los servicios administrativos hasta los programas federales que dependen de las asignaciones anuales.
La Casa Blanca estudia una prórroga que podría extenderse hasta marzo, según fuentes conocedoras de las conversaciones citadas por Roll Call. La Oficina de Gestión y Presupuesto todavía no ha remitido al Congreso las modificaciones específicas de financiación que solicita la Administración para ese periodo.
La dirigente demócrata del Comité de Asignaciones del Senado, Patty Murray, ha defendido la necesidad de incluir medidas para detener la guerra. Sin embargo, no ha fijado todavía si la confrontación principal debe producirse en diciembre o después de que los demócratas asuman el control de las cámaras.
En la Cámara de Representantes, el líder demócrata Hakeem Jeffries ha reiterado su oposición a proporcionar nuevos recursos para las operaciones militares en Irán. Jeffries señaló el jueves que la congresista Rosa DeLauro, principal representante demócrata en el Comité de Asignaciones, está examinando qué acuerdos pueden alcanzarse antes del vencimiento presupuestario.
DeLauro ha defendido que cualquier prórroga sea lo más breve posible. La duración de ese acuerdo determinará cuánto tiempo conservará la Administración Trump los niveles de gasto actuales antes de tener que negociar con el Congreso de mayoría demócrata.
Los republicanos rechazan condicionar el presupuesto
La dirección republicana ha respondido que no aceptará un acuerdo diseñado para imponer al presidente una decisión que rechaza. Tom Cole, presidente del Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes, declaró esta semana que un Congreso republicano no enviará a un presidente republicano una ley que sabe que será vetada.
La afirmación resume la posición de los dirigentes del partido durante las últimas semanas de la legislatura: preservar la política militar de Trump y evitar que la financiación federal se convierta en un instrumento para modificarla.
Los demócratas afrontan una decisión distinta. Si condicionan su apoyo presupuestario a una restricción de los fondos militares y los republicanos la rechazan, la negociación puede desembocar en un cierre parcial del Gobierno en diciembre. Si el acuerdo se retrasa durante varias semanas, el nuevo Congreso podría heredar la disputa en enero.
La proximidad de las vacaciones navideñas aumenta las consecuencias prácticas de un desacuerdo. Un cierre presupuestario puede interrumpir actividades administrativas, retrasar pagos y obligar a numerosos empleados federales a trabajar sin cobrar inmediatamente o a permanecer temporalmente sin actividad.
La controversia también afecta a la responsabilidad política del cierre. Los republicanos atribuirían la interrupción de servicios a la exigencia demócrata de condicionar el presupuesto; los promotores de la cláusula sostienen que la negociación constituye una oportunidad para responder a la oposición ciudadana a la guerra.
Trump pide 1,5 billones de dólares para Defensa y otros 67.000 millones para la guerra
La disputa se desarrolla mientras la Administración reclama un aumento extraordinario del gasto militar. Según la información de Reuters, Trump ha solicitado elevar el presupuesto de Defensa desde unos 950.000 millones de dólares hasta 1,5 billones, además de otros 67.000 millones destinados a la guerra con Irán.
La petición presupuestaria permitirá medir las diferencias entre la Casa Blanca y la nueva mayoría demócrata. Los dirigentes de la oposición han expresado su rechazo al aumento propuesto y reclaman que el Congreso examine los costes, los objetivos y la conducción de las operaciones militares.
La Constitución estadounidense atribuye al Congreso la potestad de aprobar los gastos federales. El artículo primero establece que el dinero del Tesoro solo puede utilizarse conforme a asignaciones autorizadas por ley. Esa facultad convierte la financiación en un instrumento de control sobre las decisiones del Ejecutivo.
En la práctica, las operaciones militares se financian mediante partidas de distinta naturaleza. Por ello, una prohibición presupuestaria eficaz requiere identificar los recursos afectados, las actividades restringidas y los mecanismos de aplicación. El trabajo anunciado por Kaine se concentra precisamente en redactar una cláusula que pueda incorporarse a la próxima ley de financiación.
La negociación de diciembre será el primer escenario de esa disputa. El segundo llegará con los presupuestos del nuevo Congreso, cuando los demócratas puedan modificar las prioridades de gasto y convocar a los responsables del Pentágono para explicar las necesidades de financiación.
Siete de cada diez estadounidenses quieren que el Congreso actúe
La ofensiva parlamentaria se apoya en un cambio de opinión pública que contribuyó a la derrota republicana en las elecciones legislativas. Una encuesta de Reuters/Ipsos rindica que el 71 por ciento de los estadounidenses quiere que el Congreso apruebe medidas para poner fin a la guerra con Irán.
La cifra incluye al 93 por ciento de los votantes demócratas y al 51 por ciento de los republicanos, según los datos publicados por Reuters el 12 de noviembre. La oposición a la continuación del conflicto se extiende, por tanto, más allá del electorado que acaba de proporcionar la mayoría parlamentaria a los demócratas.
Trump ha reconocido que el malestar provocado por la guerra contribuyó a las pérdidas electorales de su partido. Al mismo tiempo, mantiene su defensa de la intervención y sostiene que Estados Unidos ha alcanzado sus principales objetivos militares.
El conflicto comenzó hace aproximadamente ocho meses y ha afectado a los mercados energéticos y al coste de los combustibles. La inflación y los gastos cotidianos ocuparon un lugar destacado en las campañas demócratas de noviembre, incluidas las desarrolladas en estados tradicionalmente republicanos.
La victoria de Scott Colom en Misisipi, confirmada el 11 de noviembre, ofrece un ejemplo de esa relación entre guerra y economía doméstica. El nuevo senador demócrata criticó durante su campaña tanto la intervención en Irán como los aranceles de Trump y relacionó ambas decisiones con el encarecimiento de la vida. Su elección amplía a 55 escaños la mayoría demócrata prevista para enero, mientras permanece pendiente el resultado de Alaska.
La supervisión del Pentágono, segundo frente parlamentario
La financiación no será el único instrumento del nuevo Congreso. Los demócratas también preparan investigaciones sobre las decisiones militares, el gasto del Pentágono y las responsabilidades de los altos cargos de la Administración.
El intento de juicio político contra Pete Hegseth, promovido por el republicano Thomas Massie, permitió identificar varios de los asuntos que pueden llegar a las comisiones parlamentarias: la autorización de la guerra, las víctimas civiles, los ataques contra embarcaciones en el Caribe y la actuación del secretario de Defensa contra el senador Mark Kelly.
Una vez constituidas las nuevas cámaras, los demócratas podrán presidir las comisiones competentes, convocar audiencias y emitir citaciones para obtener testimonios y documentos. Algunos legisladores ya han reclamado a los departamentos de Estado y Defensa que conserven los registros relacionados con las decisiones adoptadas durante la guerra, según informó Reuters.
El Senado dispone además de la facultad de confirmar nombramientos judiciales y altos cargos del Ejecutivo. Esa competencia ofrece a la nueva mayoría otra vía de negociación con la Casa Blanca sobre la entrega de información y la comparecencia de responsables públicos.
La supervisión parlamentaria y las restricciones presupuestarias responden a procedimientos diferentes. La primera permite examinar decisiones y exigir documentación; las segundas afectan a los recursos disponibles para ejecutar la política militar. Ambas estarán presentes en la agenda del Congreso que comenzará sus funciones en enero.
El primer enfrentamiento empieza antes de que cambie la mayoría
La iniciativa anunciada por los senadores demócratas modifica el calendario de confrontación con Trump. Hasta ahora, gran parte del debate político se había concentrado en las facultades que los vencedores de las elecciones ejercerán desde el 3 de enero. La financiación federal obliga a negociar antes.
Tim Kaine trabaja en una disposición para cortar los fondos de la guerra. Bennet, Van Hollen, Duckworth y Sanders han anunciado que rechazarán un acuerdo presupuestario sin esa restricción. Patty Murray y Rosa DeLauro estudian el margen de negociación de diciembre, mientras los dirigentes republicanos defienden la continuidad de la política militar presidencial.
El 11 de diciembre reúne así tres conflictos: la continuidad de los servicios federales, el control parlamentario del gasto y la financiación de una guerra rechazada por una amplia mayoría de estadounidenses.
Trump conserva hasta enero el respaldo de las mayorías republicanas, pero la negociación presupuestaria ya está condicionada por el resultado de las elecciones. Los demócratas han comenzado a discutir no solo cómo investigar la guerra, sino qué recursos públicos están dispuestos a autorizar para mantenerla.
