Los conflictos documentados de la entidad de conservación afectan a sus asambleas y al censo. El convenio de saneamiento prevé otro circuito de decisión para las cuotas, cuya aprobación y cobro deben comprobarse.
En Eurovillas constan litigios sobre el gobierno de su entidad de conservación; en el municipio también se documentan cambios en la delegación de competencias del Pleno y participación en la tramitación solar. El convenio de saneamiento prevé recuperar su coste mediante cuotas durante un periodo estimado de treinta años. Son procedimientos diferentes y no puede inferirse que la falta de alegaciones en uno equivalga a conformidad social.
1. La batalla del censo
Eurovillas la componen casi cuatro mil propiedades y, según el convenio de alcantarillado de 2026, más de 5500 habitantes. La gestiona una entidad urbanística de conservación a la que pertenecen los propietarios, y es en esa entidad donde se ha librado, desde 2016, el pleito más largo. La Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad lo describe en su dictamen de 5 de mayo de 2021: recursos y demandas de propietarios contra las asambleas, una convocatoria de 2018 recurrida incluso por la alcaldesa de Villar del Olmo y, en la asamblea de 2016, una participación que sumaba un tercio de las cuotas de participación.
El episodio central es la asamblea del 6 de abril de 2019. Un propietario y dieciséis más recurrieron en alzada sus acuerdos y la Orden 1277/2019 los anuló porque no constaba la relación de propietarios con sus cuotas de participación y de voto, lo que impedía comprobar la legalidad de los acuerdos y los votos delegados. Una sentencia, la 592/2020, de 20 de noviembre, confirmó la orden. La Comisión califica esos defectos como una vulneración del principio de transparencia.
Los dos ayuntamientos, como administración actuante de la entidad, preguntaron entonces a la Comisión si podían intervenirla para convocar una asamblea que eligiera un nuevo consejo rector. La respuesta fue que no procedía: existe un consejo interino, no se apreciaba conflicto de intereses acreditado, los miembros interinos pueden convocar la asamblea y los ayuntamientos están habilitados para pedírselo, siempre que la nueva asamblea permita a los propietarios comprobar el censo y la votación. La entidad sigue emitiendo avisos de cobranza de sus aportaciones obligatorias en el BOCM.
2. La cuota se decide en otra mesa
El contraste con la cuota es nítido. Según el propio convenio de 2026, el acuerdo sobre el territorio al que se aplica una cuota suplementaria se cierra entre Canal y el ayuntamiento; la tramitación de la cuota la hace Canal ante la Comunidad, y es el Consejo de Gobierno quien la aprueba. Ni la entidad de conservación ni los propietarios figuran como parte en ese circuito. La entidad sí figuró, junto a los dos ayuntamientos y Canal, como parte de la adenda del agua.
3. El pleno: oyentes y competencias
En el ayuntamiento, el cambio reciente más visible en el control de la gestión tiene que ver con los concejales oyentes. El Pleno delegó competencias en la Junta de Gobierno Local el 25 de septiembre de 2024. Meses después, la alcaldesa constituyó la Junta y, por transparencia en la gestión municipal, designó a los portavoces de los grupos como concejales oyentes de sus sesiones.
El 26 de marzo de 2025 el Pleno revocó la delegación y, el 3 de abril, una resolución de Alcaldía dejó sin efecto la presencia de los oyentes, según el anuncio del BOCM, porque las competencias volvían a ejercerse en el Pleno. El anuncio no nombra a los portavoces ni a sus grupos.
Que las decisiones se tomen en el Pleno, donde están todos los grupos, es en principio una garantía de debate público. Lo relevante para la serie es que ese pleno es el órgano donde corresponde someter a control el seguimiento del convenio del alcantarillado y de su cuota.
4. El frente de las plantas solares
La DIA recoge alegaciones de particulares, empresas, Canal y una asociación vecinal. Las autorizaciones citadas de Portalón y Spinnaker recogen ausencia de alegaciones en sus respectivas fases. Esto no demuestra que desapareciera la oposición ni que la desacumulación buscara debilitarla: deben distinguirse objeto, fechas y posibilidades de participación de cada procedimiento.
5. Dónde están las ventanas
La primera tarea es localizar el acuerdo de aprobación de la cuota y comprobar su ámbito, efectos y recursos, sin confundir publicación con apertura de información pública. Cabe solicitar el convenio y su seguimiento, la liquidación y los datos de recuperación de inversión. El Pleno puede ejercer control municipal. En la entidad de conservación, la experiencia de 2019 muestra la relevancia de disponer del censo y las cuotas para verificar las votaciones; los cauces concretos dependen de la normativa y de cada expediente.
El método del tenedor de siete púas ayuda a reconstruir quién decide y qué controles existen en cada procedimiento. Las tres herramientas para entender la transformación del suelo sitúan los conflictos de la entidad de conservación y las decisiones públicas en sus respectivos ámbitos.
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