El Observatorio Trump llega a la víspera de las elecciones legislativas con una nueva derrota judicial para el Gobierno de Donald Trump. Una jueza federal ha rechazado el intento del Departamento de Justicia de condicionar la certificación de la elección al Senado por Alaska a una investigación sobre votos que, por definición, son secretos.
El fallo no resuelve si fue legítima la operación política destinada a introducir en la papeleta a otro candidato llamado Dan Sullivan. Sí establece algo más inmediato: el Gobierno federal no ha demostrado que pueda identificar qué electores confundieron a los dos candidatos sin quebrar el anonimato del voto.
Una demanda sin remedio practicable
La jueza federal Sharon L. Gleason desestimó la demanda presentada por el Departamento de Justicia contra el Estado de Alaska. Según las informaciones de Associated Press, el Gobierno pretendía impedir o condicionar la certificación si el senador republicano Dan Sullivan perdía por un margen que pudiera atribuirse a los votos recibidos por otro aspirante con el mismo nombre.
El problema central era el remedio solicitado. Las autoridades electorales no pueden reconstruir la intención individual de quienes ya han votado sin romper el secreto de la papeleta. Tampoco existe un procedimiento practicable para separar esos votos y determinar cuáles respondieron a una confusión.
CBS News subraya que Gleason apreció falta de legitimación y de capacidad para reparar el supuesto perjuicio. La jueza rechazó además una nueva modificación de la demanda por considerarla inútil y ordenó cerrar el caso.
La resolución también aplica el principio por el cual los tribunales federales deben extremar la cautela ante cambios electorales introducidos inmediatamente antes de una votación. Axios describe la demanda como un intento extraordinario de interferir en la certificación de una elección administrada por el Estado.
El Departamento de Justicia presentó recurso el domingo. La disputa, por tanto, no ha terminado, pero la sentencia deja vigente el procedimiento normal de recuento y certificación de la División Electoral de Alaska.
La maniobra política sigue bajo investigación
La desestimación de la demanda civil no convierte en irrelevante la operación que originó el conflicto. The New York Times documentó contactos de operativos demócratas para favorecer la presentación de candidatos que compartieran nombre con el senador republicano Dan Sullivan.
La práctica puede considerarse engañosa y políticamente difícil de defender. Sin embargo, no se ha acreditado hasta ahora que la candidata demócrata Mary Peltola conociera o dirigiera la operación. Tampoco se ha identificado públicamente a electores que hayan declarado haber votado por error.
El FBI mantiene una investigación penal separada. Associated Press informó de entrevistas a donantes que contribuyeron a financiar la candidatura del segundo Sullivan. Esos donantes sostienen que conocían el destino de sus aportaciones. Nadie ha sido acusado.
Esta distinción resulta esencial. Una operación partidista cuestionable puede exigir responsabilidades políticas o, si aparecen pruebas, judiciales. Pero no permite al Gobierno reconstruir votos anónimos ni paralizar anticipadamente una certificación sin demostrar un perjuicio reparable.
La oposición democrática no se limita al Partido Demócrata
En este caso, la resistencia al Gobierno de Trump no procede únicamente del Partido Demócrata. El propio Estado de Alaska, administrado por autoridades republicanas, calificó la demanda federal de infundada y defendió sus competencias electorales.
También intervinieron la Liga de Mujeres Votantes de Alaska, Common Cause, la ACLU y votantes del Estado. La NAACP presentó igualmente argumentos para proteger la certificación.
Este frente institucional y cívico forma parte de la oposición democrática en sentido amplio: tribunales, organizaciones electorales, asociaciones de derechos civiles y administraciones estatales que defienden reglas comunes. Es distinto de la oposición partidista del Partido Demócrata, directamente interesada en la victoria de Peltola y obligada a responder por las actuaciones de sus propios operativos.
Las últimas encuestas mantienen abierto el Senado
La última serie de encuestas del Siena Research Institute y The New York Times, publicada el domingo entre votantes probables, concede ventaja a los candidatos demócratas en siete disputas al Senado. Sin embargo, varias diferencias están dentro o muy cerca del margen de error.
En Alaska, Mary Peltola obtiene un 48 por ciento frente al 46 por ciento de Sullivan, con un margen de error de cinco puntos. En Iowa, la diferencia entre Turek y Hinson es de un solo punto. Los candidatos demócratas también aparecen por delante en Kansas, Maine, Michigan, Ohio y Texas.
Las ventajas más amplias corresponden a Michigan, donde Abdul El-Sayed, alcanza el 53 por ciento frente al 42 por ciento de Rogers, y Texas, donde James Talarico registra un 50 por ciento frente al 43 por ciento de Ken Paxton. En Maine, Jackson aventaja a Collins por seis puntos; en Ohio, Brown supera a Husted por cinco; y en Kansas, Hamilton aparece cinco puntos por delante de Marshall.
Estos datos no equivalen a siete resultados anticipados. Las muestras estatales tienen márgenes de error de entre 3,4 y cinco puntos y no captan perfectamente la participación final. Sí confirman que el terreno republicano se ha ensanchado: el partido ya no defiende únicamente escaños considerados competitivos al comienzo de la campaña.
Balance de una semana de límites judiciales
La entrega del lunes permite cerrar un hilo que ha dominado los últimos días. Los tribunales han restringido varias intervenciones federales sobre la administración electoral, mientras el Gobierno no ha conseguido demostrar la existencia de una votación no ciudadana relevante.
Alaska añade una dimensión distinta. El límite no deriva solo de la falta de pruebas, sino de la imposibilidad de ejecutar la solución solicitada sin afectar al secreto del voto y a las competencias constitucionales de los estados.
El examen decisivo llegará el martes. Entonces se comprobará si la presión federal ha modificado realmente la participación, la administración de los colegios o el recuento. Después comenzará una segunda prueba: si las demandas posteriores a la votación presentan hechos verificables o vuelven a pedir a los tribunales que sustituyan pruebas por sospechas políticas.
