El presidente Donald Trump ha evitado comprometerse a reconocer sin condiciones los resultados de las elecciones legislativas del 3 de noviembre. Preguntado el martes si los respetaría con independencia de quién controle el Congreso, respondió que lo hará si considera que las elecciones son «honestas».
La declaración llega mientras su Administración intenta intervenir en el tratamiento de papeletas en California y Washington y ha abierto una vía judicial para retrasar la certificación de una eventual derrota republicana en Alaska. Ninguno de esos procedimientos demuestra un fraude generalizado ni concede al presidente la facultad de decidir qué resultados son válidos.
El corresponsal de elDiario.es en Washington, Andrés Gil, ha advertido de que Trump allana el terreno para cuestionar las legislativas. La información coincide con la respuesta recogida por Associated Press antes de que el presidente viajara a Texas para apoyar al candidato republicano al Senado Ken Paxton.
Una aceptación sometida al criterio del presidente
Trump no afirmó que rechazaría cualquier derrota republicana. También admitió que, si los demócratas obtienen el control del Congreso, tendría que negociar con ellos y conservaría la posibilidad de vetar sus leyes. Sin embargo, su aceptación de los resultados quedó condicionada a una valoración que no definió y que atribuyó implícitamente a su propio juicio.
Las elecciones del 3 de noviembre renovarán la Cámara de Representantes y parte del Senado, además de gobernaciones y cargos estatales. No existe un único resultado nacional que deba reconocer formalmente el presidente. Los estados administran las votaciones, cuentan las papeletas y certifican cada contienda conforme a sus leyes, bajo las normas que pueda aprobar el Congreso.
La cláusula electoral de la Constitución atribuye a los estados la regulación del tiempo, el lugar y la forma de las elecciones al Congreso, aunque permite a este modificar esas reglas mediante una ley. El Ejecutivo puede perseguir delitos federales y acudir a los tribunales, pero no sustituye por sí solo a las autoridades electorales estatales.
California no ha recibido una orden para apartar los votos
El caso más avanzado afecta a una lista federal de unas 20.000 personas inscritas en California a quienes el Departamento de Justicia considera «probablemente» no ciudadanas. El Gobierno pidió que sus papeletas por correo quedaran separadas hasta verificar la ciudadanía.
El Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito rechazó intervenir antes de que el juez de distrito David O. Carter resolviera la petición. Como explicó este Observatorio, dos integrantes del panel cuestionaron la competencia, el fundamento jurídico y la fiabilidad de la actuación federal.
Carter celebró el martes una vista y no dictó al terminar una orden que impida contar esas papeletas. Según Associated Press, el juez planteó designar a un experto independiente para evaluar cómo se elaboró la lista y preguntó por qué el Gobierno no procesa individualmente los casos que considere delictivos.
Una revisión preliminar de doscientos nombres efectuada por el condado de Los Ángeles encontró inscripciones canceladas o inactivas, personas sin historial de voto y electores aparentemente nacidos en Estados Unidos. La muestra no permite determinar la precisión de toda la lista, pero impide presentar los 20.000 registros como votos ilegales demostrados.
Washington recibe una exigencia semejante
Las fiscalías federales de Washington han pedido al secretario de Estado, Steve Hobbs, que aparte las papeletas emitidas por más de cuatrocientas personas a quienes identifican como no ciudadanas. El Departamento de Justicia sostiene que muchas son residentes permanentes y que la lista acumula más de 1500 participaciones en elecciones anteriores.
Esas cifras son alegaciones del Gobierno pendientes de comprobación individual. La comunicación oficial no identifica públicamente la metodología completa, no diferencia cuántos casos corresponden a cada elección ni informa de condenas por todos los votos mencionados. Estar inscrito, recibir una papeleta y emitir un voto ilegal son hechos distintos.
Hobbs ha indicado que su oficina revisa la solicitud y responderá únicamente si respeta el procedimiento legal. También señaló que uno de los registros citados se remonta a 1994 y acusó a la Administración de intentar sembrar dudas una semana antes de las elecciones. La prohibición de votar para las personas no ciudadanas no elimina la obligación de comprobar cada identidad y evitar que ciudadanos habilitados queden excluidos.
Alaska abre una impugnación antes de conocer el resultado
La tercera actuación se dirige a la elección al Senado en Alaska. El Departamento de Justicia quiere impedir la certificación si el republicano Dan Sullivan pierde y si los votos obtenidos por otro candidato llamado Daniel J. Sullivan Jr. pudieran haber cambiado el desenlace.
La demanda no denuncia papeletas fraudulentas. Sostiene que algunos electores pueden confundir a los dos aspirantes, aunque la papeleta diferencia sus nombres y señala al senador en ejercicio. Alaska utiliza además el voto por orden de preferencia, que permite indicar una segunda opción.
La petición se activaría solo ante determinados resultados y pretende reconstruir después la intención de los votantes. El análisis completo de la demanda anticipada sobre la certificación de Alaska muestra que el litigio crea una vía de impugnación antes de que se conozca quién ha ganado.
El precedente de 2020 aumenta el alcance de la declaración
La condición formulada por Trump no aparece aislada de su trayectoria. Después de las presidenciales de 2020 rechazó la victoria de Joe Biden y promovió acusaciones de fraude que no prosperaron en los tribunales. El informe final de la comisión de la Cámara sobre el asalto al Capitolio concluyó que difundió afirmaciones falsas pese a que sus asesores y el Departamento de Justicia le habían comunicado que carecían de fundamento.
Las elecciones legislativas presentan una diferencia institucional: decenas de contiendas se certifican por separado y pueden ser impugnadas mediante los procedimientos de cada estado. Una disputa documentada sobre una papeleta o una inscripción no demuestra que todo el proceso nacional sea deshonesto.
La revisión judicial también forma parte de las garantías electorales. Hasta ahora, los tribunales han examinado las peticiones federales, han rechazado una intervención inmediata en California y continúan estudiando el fondo de los litigios. Eso no equivale a validar todas las decisiones estatales ni a confirmar las acusaciones del Gobierno.
Cuatro de cada diez votantes quieren enviar un mensaje contra Trump
La personalización de las legislativas ayuda a explicar por qué la Casa Blanca prepara una defensa política del resultado. Una encuesta de CNN elaborada por SSRS del 15 al 18 de octubre sitúa a los demócratas en el 49 por ciento y a los republicanos en el 39 entre 1206 votantes registrados, con un margen de error de 3,3 puntos.
En ese estudio, alrededor de cuatro de cada diez participantes afirmaron que su voto al Congreso expresaría principalmente oposición a Trump, frente a unos dos de cada diez que pretendían respaldarlo. El dato mide la motivación declarada en una encuesta nacional; no constituye una proyección de escaños ni anticipa el resultado de una carrera estatal concreta.
Associated Press describe la gira final del presidente como una apuesta por movilizar a sus seguidores mediante una campaña centrada en su figura. Trump ha visitado principalmente estados que ganó en 2024, incluidos Texas, Mississippi, Georgia, Florida e Iowa. La estrategia puede elevar la participación republicana, pero también convierte cada derrota local en una valoración de su presidencia.
La legitimidad de los resultados no depende de que favorezcan a un partido. Depende de reglas conocidas, administración electoral, observación, recuentos, auditorías y decisiones judiciales sustentadas en pruebas. A seis días de las urnas, Trump no ha prometido aceptar ese sistema sin reservas: ha dejado la aceptación subordinada a una condición cuyo significado conserva para sí.
