Tres núcleos, unas normas de 1997 y una sola unidad de ejecución en trámite describen un municipio discreto. El conflicto de fondo está en Miraval, una urbanización de los años setenta con pozos propios a la que la Confederación Hidrográfica del Tajo concedió en 2020 menos agua de la que venía gastando. Desde entonces, según notas del propio Ayuntamiento, la Confederación archivó en 2025 su petición de más volumen.
1. Tres núcleos y unas normas de 1997
Valdeolmos-Alalpardo reúne tres núcleos separados: Valdeolmos, Alalpardo, donde está la capital desde 1943, y la urbanización Miraval, también llamada La Paloma, según el portal del Ayuntamiento. Tiene 4626 habitantes según el padrón del INE de 2025, a través de una fuente secundaria que queda pendiente de cotejo, frente a los 1625 de 1996: casi el triple en treinta años. Está a unos 375 habitantes de superar los 5000, umbral desde el que la Ley de Bases del Régimen Local exige parque público, biblioteca pública y tratamiento de residuos.
Se rige todavía por unas normas subsidiarias que el Consejo de Gobierno aprobó el 20 de enero de 1997 y el BOCM publicó el 28 de febrero. No consta plan general. El listado oficial de informes de impacto territorial, actualizado el 15 de septiembre de 2026, no recoge ninguno de Valdeolmos-Alalpardo.
El PP de Miguel Ángel Medranda, alcalde desde 2011, revalidó en 2023 la mayoría absoluta con siete concejales de once.
2. Una unidad de ejecución menor
El planeamiento en marcha es pequeño. La unidad de ejecución UE-22, en Alalpardo, tiene 15.561 metros cuadrados. Su promotor, Promhaus, presentó en junio de 2024 un estudio de detalle para desviar de las manzanas residenciales el trazado de una vía pecuaria, la Colada de Alalpardo, sin aumentar el aprovechamiento: la superficie calificada, dice el propio documento, es menor que la anterior. El convenio y la reparcelación se aprobaron inicialmente el 21 de agosto de 2025, y el estudio de detalle se aprobó definitivamente en julio de 2026.
3. Miraval y sus pozos
Miraval nació en los años setenta como Plan Turístico Residencial y bebió siempre de pozos, porque allí no llegaba el agua potable. Sus comunidades de propietarios pidieron a la CHT autorizaciones temporales desde 1997, y la concesión definitiva no llegó hasta noviembre de 2020, según el Pleno de abril de 2021, en el que el alcalde repasó el expediente. El Ayuntamiento recepcionó la urbanización en 2010 y es desde entonces titular de la red y de los pozos.
El condicionado ambiental de 2003, que el alcalde leyó entonces, ya advertía de que captar 209.242 metros cúbicos al año en las cincuenta hectáreas de la urbanización superaría en unos 30.000 la recarga estimada del acuífero, y desaconsejaba beber agua infiltrada a través del campo de golf colindante por el riesgo de plaguicidas. Por eso fijó un plazo para conectar con el Canal de Isabel II el consumo humano, lo que se hizo con una adenda de 2015 y un agua del Canal que llega desde 2018. Los pozos quedaron para el riego.
La concesión de 2020 fija 43.340 metros cúbicos al año, cuando el Ayuntamiento había pedido 45.040. Las lecturas que el alcalde presentó en el Pleno son de 77.921 metros cúbicos en 2018 —desde abril—, 109.821 en 2019 y 113.291 en 2020. Son datos de un regidor que defiende su gestión, y por eso van atribuidos; lo que sí se aprecia es la escala: el gasto que se le atribuye supera de largo lo concedido, en una red de fibrocemento con pérdidas, según un concejal de la oposición.
El Ayuntamiento volvió a la carga. El 29 de abril de 2025, el alcalde se reunió con el presidente de la CHT para pedir más volumen de riego en Miraval y, según la nota municipal, la Confederación archivó la solicitud y se puso a disposición del Ayuntamiento para tramitar una petición que no modifique la declaración de impacto ambiental de 2003, que fija un máximo de 70.000 metros cúbicos al año. La red, mientras tanto, sigue con averías y cortes puntuales de agua de pozo, como los de noviembre de 2025 y enero de 2026. De esa reunión no se deduce que las gestiones vecinales hayan cambiado nada: lo que consta es que el Ayuntamiento sigue pidiendo más agua.
4. Vecinos, Ayuntamiento y una CHT que decide
La Comisión del Agua de la Entidad de Conservación de Miraval encargó en 2019 dos contraproyectos a un ingeniero propio. Discrepaba de las superficies de riego —diez hectáreas según el Ayuntamiento, diecisiete según ellos, en las zonas verdes privadas— y del llenado de las piscinas, unas ciento setenta y nueve privadas, según el alcalde, que la CHT no autorizó. El alcalde replicaba que las mediciones de los vecinos eran datos de consumo interno y que el proyecto municipal se había publicado en el BOCM sin que nadie acudiera a verlo; los vecinos sostenían que no se les había informado a tiempo. Son dos versiones opuestas y las dos constan en la transcripción.
El agua regenerada, que habría podido regar golf y urbanizaciones, se descartó: traerla desde la depuradora de San Sebastián de los Reyes costaba cinco millones de euros, según el alcalde, y la Comunidad dijo que se regara de otra manera.
5. La cuenta que falta
Nada de esto sale del planeamiento, pero condiciona cualquier crecimiento. Y la cuenta completa no aparece en los documentos consultados: ni la capacidad de la depuradora que da servicio a los tres núcleos, ni una suma de lo que la UE-22 y el resto de suelos añaden a la red del Canal, ni cómo se ha movido el consumo de Miraval desde 2021. Queda pedirlo por escrito al Canal, a la CHT y a la Dirección General de Urbanismo. Los residuos del municipio, por último, van a la Mancomunidad del Noroeste, de la que es miembro; el contrato del complejo ambiental que debe sustituir al vertedero se ha relanzado en octubre de 2026.
El mejor argumento contrario es que el Ayuntamiento hizo lo que la ley le exigía: pagó un proyecto de concesión de veintitantos mil euros, según el alcalde, pidió más agua de la que le concedieron y repitió que solo la CHT decide. Además, el problema es en buena parte de hábitos: parcelas de más de 1400 metros cuadrados, piscinas y jardines, frente a un agua de pozo muy barata. Es cierto, y por eso el asunto es incómodo: el recurso lo regula una administración, lo gestiona otra y lo gasta una comunidad de vecinos que no ve el límite hasta que llega la factura.
Aquí la ficha extendida de Valdeolmos
La investigación pendiente
Los consumos de Miraval desde 2021 y el expediente que la CHT archivó en 2025; la resolución de la CHT de 2020; la capacidad de la depuradora y su carga; la posición de la oposición sobre el agua; el contacto directo con la Entidad de Conservación; y el cotejo de la población con el INE.
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