Dos demandas presentadas ante tribunales federales cuestionan el uso de dinero público para pagar anuncios televisivos que promocionan al presidente Donald Trump y reproducen mensajes de su campaña electoral. Los demandantes sostienen que la operación vulnera la prohibición de destinar fondos aprobados por el Congreso a «publicidad o propaganda» y solicitan que se impidan nuevos desembolsos.
El Comité Nacional Demócrata (DNC) presentó la primera demanda en Washington. Horas después, Common Cause, dos organizaciones vinculadas al sindicato SEIU y una candidata demócrata a la legislatura de Alabama promovieron otro procedimiento ante el tribunal federal del Distrito Sur de Nueva York.
Son las primeras impugnaciones judiciales contra los anuncios, que ya habían provocado críticas de legisladores republicanos y reclamaciones ante organismos fiscalizadores. La novedad transforma una controversia política y presupuestaria en un litigio sobre los límites legales de la comunicación gubernamental a menos de un mes de las elecciones legislativas del 3 de noviembre.
Una campaña valorada en 20 millones de dólares
Las demandas señalan al presidente, a la Casa Blanca, al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), a la Oficina de Gestión y Presupuesto (OMB) y a varios responsables de la Administración. Ningún tribunal ha determinado todavía que los anuncios sean ilegales y los demandados podrán discutir tanto las acusaciones como la legitimación de quienes han recurrido.
Según los documentos judiciales resumidos por Democracy Docket, el director de la OMB, Russell Vought, habría reasignado veinte millones de dólares procedentes de fondos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. El DHS formalizó después un contrato publicitario por esa misma cantidad.
La segunda demanda sostiene que el dinero procedía de una partida destinada a actos conmemorativos relacionados con la seguridad fronteriza. El Congreso había previsto esos recursos para actividades como homenajes a agentes fallecidos en acto de servicio, aniversarios de organismos y ceremonias dedicadas a víctimas de delitos.
Los demandantes calculan que, hasta el miércoles por la mañana, los anuncios se habían emitido cerca de 14.000 veces, habían generado unos 1390 millones de impresiones y habían costado alrededor de 12,6 millones de dólares. Las cifras proceden de estimaciones de seguimiento publicitario incorporadas a las demandas y no de una liquidación definitiva publicada por el Gobierno.
Un quinto anuncio después del cambio de pagador
Trump anunció el lunes que dejaría de utilizar fondos públicos y que el supercomité de acción política MAGA Inc. pagaría las futuras emisiones. El presidente presentó los anuncios como una promoción positiva del país. Sin embargo, no asumió el reintegro de las cantidades ya gastadas y respondió que la Administración decidiría más adelante qué hacer con ese dinero.
La Casa Blanca precisó posteriormente que la financiación privada afectaría a las emisiones futuras, no a los desembolsos anteriores. Según una persona conocedora de la campaña citada por The Associated Press, las compras contratadas antes del anuncio terminarán esta semana y después comenzarán a pagarlas organizaciones externas.
No obstante, el martes comenzó a emitirse un quinto anuncio con la indicación de que estaba «pagado por el Gobierno de Estados Unidos». La pieza promociona la actuación militar ordenada por Trump para capturar a Nicolás Maduro en Venezuela. Para los demandantes, esa emisión demuestra que el anuncio presidencial no había detenido de inmediato el uso de recursos federales.
Uno de los anuncios anteriores reutiliza casi íntegramente una pieza de la campaña presidencial de Trump de 2024, aunque sustituye la identificación electoral por el aviso de financiación gubernamental. Otros combinan imágenes institucionales con elogios al presidente, referencias a sus rebajas fiscales, la industria estadounidense, la policía y una supuesta nueva «edad de oro».
Qué solicitan los demandantes
Los dos procedimientos persiguen que los jueces prohíban utilizar más fondos federales para producir o emitir los anuncios. La demanda presentada en Nueva York también solicita que se anulen la reasignación presupuestaria y el contrato de veinte millones de dólares, y que la Administración intente recuperar las cantidades comprometidas pero todavía no gastadas.
El DNC sostiene que el empleo de recursos públicos altera la competencia electoral al proporcionar a Trump y a los candidatos republicanos una promoción que no se contabiliza como gasto de campaña. Common Cause y los demás demandantes plantean el asunto también como una desviación de fondos que el Congreso había asignado a finalidades distintas.
La Casa Blanca mantiene que se trata de anuncios de servicio público comparables a campañas institucionales difundidas por administraciones anteriores. Sus defensores argumentan que explican políticas gubernamentales. Los demandantes responden que las piezas no informan sobre prestaciones, trámites o programas concretos y que su estructura y contenido son propios de la propaganda electoral.
Las demandas no implican que los jueces vayan a ordenar automáticamente la devolución de todo el dinero. Primero deberán examinar la competencia de los tribunales, la legitimación de cada demandante, el origen preciso de los fondos, las condiciones del contrato y si el contenido rebasa los límites de la comunicación institucional.
El litigio entra en la recta final electoral
La presentación de las demandas llega dos días después de que Trump anunciara que dejaría de cargar las emisiones futuras al contribuyente. El cambio de pagador no resolvió qué ocurrirá con el dinero ya utilizado ni con los contratos suscritos antes de su anuncio.
No existe una encuesta específica sobre los anuncios o las demandas. Como contexto electoral, el último estudio de AP-NORC, elaborado mediante entrevistas a 2140 adultos entre el 24 y el 28 de septiembre, muestra que el 73 por ciento considera que el país avanza en la dirección equivocada. Solo el 17 por ciento afirma que Trump cumple sus promesas.
La encuesta no permite medir el efecto de esta controversia sobre el voto. El posible impacto dependerá ahora de la rapidez con la que actúen los tribunales, porque las elecciones legislativas se celebrarán el 3 de noviembre y la campaña publicitaria cuestionada debe terminar esta semana. Si las resoluciones llegan después, el principal debate podría desplazarse desde la paralización de las emisiones hacia la recuperación del dinero público ya gastado.
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Dos demandas piden paralizar los anuncios de Trump pagados con fondos públicos, que ya habrían costado unos 12,6 millones de dólares.
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El DNC y una coalición encabezada por Common Cause llevan a los tribunales los anuncios de Trump financiados por el Gobierno y solicitan que se detengan nuevos pagos.
Categoría:
Internacional
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