El Gobierno ha aprobado este 6 de octubre dos decretos ley con veintiuna medidas de vivienda, entre ellas préstamos sin intereses para la primera compra, incentivos fiscales y prórrogas del alquiler. Pedro Sánchez ha reclamado su convalidación a la Diputación Permanente tras la disolución de las Cortes, mientras el Consejo ha adoptado acuerdos sobre aborto, seguros agrarios y protección civil.
El Consejo de Ministros vuelve a llevar al Parlamento un paquete de intervención en vivienda después de que los decretos anteriores decayeran el pasado viernes. En su comparecencia en La Moncloa, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, explicó que los nuevos textos mantienen las medidas esenciales e incorporan novedades para facilitar la compra y ampliar la oferta asequible.
La aprobación llega un día después del anuncio de elecciones generales para el 29 de noviembre. Con las Cámaras disueltas, la convalidación corresponde a la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados. Sánchez reconoció que no dispone de una mayoría suficiente para el decreto que plantea la renovación automática de los contratos: su entrada en vigor dependerá de que ese órgano lo convalide.
Medidas de vivienda: préstamos de hasta 50.000 euros sin intereses
La principal novedad económica anunciada es una línea de financiación de 10.000 millones de euros, gestionada por el Instituto de Crédito Oficial (ICO), para ofrecer préstamos de hasta 50.000 euros sin intereses a quienes adquieran su primera vivienda.
Sánchez presentó la medida como una ayuda para superar la dificultad de ahorrar la entrada de una hipoteca. Subrayó que tendrá alcance intergeneracional: aunque vinculó ese obstáculo con la emancipación juvenil, explicó que la financiación también se dirige a personas y familias de mayor edad que compren su primera casa.
La comparecencia no detalló los límites de renta, los plazos de devolución, las garantías exigidas ni el calendario de solicitudes. El anuncio describe una financiación mediante préstamos, por lo que el dinero deberá devolverse; su aplicación concreta dependerá de las condiciones que se establezcan para la línea.
El paquete también prevé que los inquilinos puedan deducirse en la declaración de la renta parte de lo que pagan de alquiler. El presidente utilizó un ejemplo: para una mensualidad de 800 euros, la deducción se acercaría a los 1000 euros. Esa cifra ilustra la medida anunciada y no permite determinar, sin conocer sus requisitos, la deducción de cada contribuyente.
Los pequeños propietarios que alquilen a precios asequibles contarán asimismo con un incentivo fiscal. Sánchez defendió que las medidas deben facilitar el acceso a la vivienda y ofrecer garantías a quienes ponen sus inmuebles en alquiler. La presentación no precisó el importe de ese incentivo ni cómo se delimitarán los precios que permiten acogerse a él.
Dos vías para prolongar los contratos de alquiler
El Ejecutivo ha separado las medidas de estabilidad del alquiler en dos decretos. Según la explicación del presidente, uno contempla prórrogas de hasta dos años para los contratos de inquilinos al corriente del pago y límites a las subidas de las rentas. El otro introduce la renovación automática de los contratos cuando venzan, salvo determinadas causas.
La diferencia también afecta al momento de aplicación. De acuerdo con el resumen oficial, el primer decreto entrará en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado. El segundo lo hará únicamente después de su convalidación por la Diputación Permanente, si obtiene los votos necesarios. La aprobación del Consejo no convierte, por tanto, la renovación automática en un derecho ya vigente.
Sánchez explicó que los textos buscan aclarar cuándo se renueva un contrato, cuándo termina y en qué supuestos el propietario puede recuperar su vivienda. También anunció protección para las personas vulnerables sin alternativa habitacional y garantías adicionales para los pequeños arrendadores, con el propósito de que el esfuerzo de protección no recaiga sobre ellos.
La información presentada no concreta todas las excepciones a la renovación, el alcance de las garantías ni el límite de actualización de las rentas. Para saber qué contratos quedan cubiertos y desde qué fecha habrá que atender al articulado publicado y al resultado de la convalidación parlamentaria.
Más oferta pública y apoyo a la construcción industrializada
El aumento de la oferta constituye otro de los cuatro objetivos del paquete. El Gobierno destina 280 millones de euros a avales para fomentar la construcción industrializada de vivienda, una fórmula que, según Sánchez, permite acortar los tiempos de ejecución. Otros 400 millones se dedicarán a apoyar a los proveedores de vivienda social.
A estas partidas se suma la adquisición por la entidad pública Casa 47 de miles de inmuebles procedentes de la Seguridad Social que puedan destinarse a vivienda. El presidente vinculó la operación con el acceso de jóvenes, trabajadores y familias con dificultades para comprar o alquilar.
En su intervención no ofreció un inventario territorial, un número cerrado de viviendas disponibles ni un calendario de incorporación al parque público. Tampoco concretó qué parte de esos inmuebles se encuentra en Madrid. La medida anuncia una ampliación de recursos, cuyo efecto dependerá de la disponibilidad y adaptación de los edificios y de su posterior adjudicación.
Sánchez admitió que las medidas aprobadas no bastan por sí solas para resolver la crisis de vivienda. Defendió que deben acompañarse de una intervención más intensa del mercado y de la construcción de más viviendas públicas y asequibles. Presentó los decretos como una respuesta para mitigar las dificultades mientras se amplía esa oferta.
Alquiler temporal, habitaciones y fiscalidad de los pisos turísticos
El cuarto eje reúne las medidas que el Gobierno presenta como instrumentos contra la especulación. Los textos incluyen la regulación del alquiler de temporada y por habitaciones y limitaciones a la compra de vivienda por los fondos especulativos a los que Sánchez se refirió como «fondos buitre».
También vinculan los beneficios fiscales de las sociedades anónimas cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario, conocidas como socimis, con el alquiler asequible. En cuanto a los pisos turísticos, el presidente defendió que tributen conforme a su condición de actividad económica y comparó su tratamiento fiscal con el del sector hotelero.
La presentación no especificó los tipos impositivos ni el mecanismo concreto de las restricciones a las compras. El alcance de estas disposiciones deberá precisarse en los textos normativos. Sánchez las justificó por su diagnóstico de un mercado que considera disfuncional y en el que, a su juicio, la especulación exige una intervención de los poderes públicos.
El presidente sostuvo que las iniciativas proceden de meses de trabajo técnico y conversaciones con organizaciones sociales, representantes del sector inmobiliario, propietarios, inquilinos y grupos parlamentarios. Esa valoración no despeja la incertidumbre política: el Gobierno tendrá que reunir apoyos para evitar que los nuevos decretos sigan el camino de los rechazados la semana anterior.
Madrid, las competencias autonómicas y la movilización social
En el turno de preguntas, Sánchez defendió el balance de su Gobierno y destacó la aprobación de la Ley 12/2023, por el derecho a la vivienda. Atribuyó parte de las dificultades para aplicar sus instrumentos a las decisiones de los gobiernos autonómicos y reclamó la implicación de comunidades y ayuntamientos.
Al referirse a la Comunidad de Madrid, afirmó que siete de cada diez euros que dedica a construir vivienda proceden de transferencias del Gobierno de España. La cifra fue expuesta como argumento por el presidente, sin que la documentación aportada incorpore el desglose presupuestario o el periodo de referencia que permitan comprobar esa proporción.
Para los residentes en Madrid, los anuncios afectan a cuestiones concretas: el coste del alquiler, la continuidad de los contratos, el ahorro necesario para una primera compra y la disponibilidad de vivienda asequible. La comparecencia no permite cuantificar cuántos hogares madrileños podrán beneficiarse ni anticipar un efecto sobre los precios.
Ante las preguntas sobre las protestas por la vivienda y la iniciativa de huelga general, Sánchez afirmó que el Gobierno debe respetar el ejercicio de ese derecho. Aquí Madrid ha informado del acuerdo de CCOO y UGT para promover un paro por la vivienda, pendiente de ratificación y sin fecha definitiva.
El presidente relacionó el adelanto electoral con la necesidad de una mayoría que respalde una intervención más contundente. Aseguró que el Ejecutivo continuará gobernando hasta los comicios, aunque no concretó nuevos decretos. El debate se incorpora a los frentes sociales de la campaña del 29N, junto con la sanidad, la educación y las pensiones.
Información sobre el aborto y refuerzo de los seguros agrarios
Fuera del paquete de vivienda, el Consejo autorizó la tramitación administrativa urgente de un real decreto sobre la información previa al consentimiento para la interrupción voluntaria del embarazo. El objetivo anunciado es que las mujeres reciban información veraz, clara, objetiva, accesible y adecuada, con independencia de su lugar de residencia.
El acuerdo acelera la tramitación de la norma; no equivale a la aprobación definitiva de su contenido. La iniciativa aborda las condiciones de información en el ejercicio de ese derecho y busca evitar diferencias por razón del territorio, según el resumen del Consejo.
El Gobierno también elevó a 372,6 millones de euros la partida destinada a subvencionar la contratación de seguros agrarios en 2026. La cantidad supone un aumento superior al 18 por ciento sobre el presupuesto inicial. La medida refuerza el apoyo público para que las explotaciones puedan contratar cobertura frente a los riesgos que afectan a su actividad.
Cuatro nuevas directrices para responder a las emergencias
El Consejo aprobó además cuatro directrices básicas para reforzar el Sistema Nacional de Protección Civil. Regulan la planificación ante accidentes graves con sustancias peligrosas, terremotos, riesgo volcánico y situaciones que requieren medidas de autoprotección.
La directriz sobre sustancias peligrosas actualiza la actuación ante fugas tóxicas, incendios, explosiones y vertidos, y refuerza la coordinación entre administraciones, servicios de emergencia y empresas. La relativa al riesgo sísmico establece criterios para analizar vulnerabilidades y proteger infraestructuras críticas y servicios esenciales.
La planificación volcánica incorpora vigilancia científica, alertas tempranas, evacuaciones y gestión de emergencias prolongadas. La directriz de autoprotección fija criterios mínimos para los planes de centros, establecimientos e instalaciones cuyas actividades puedan generar emergencias. Según Protección Civil, las cuatro habían recibido el respaldo unánime de su Consejo Nacional en julio.
