Decenas de miles de personas se han movilizado este sábado en alrededor de medio centenar de ciudades españolas para reclamar una reducción de los alquileres, mayor estabilidad contractual y medidas contra los desahucios y la especulación. Madrid ha sido el epicentro de una jornada celebrada un día después de que el Congreso derogara los dos reales decretos-leyes de vivienda aprobados por el Gobierno.
Madrid concentra la mayor movilización
Cuatro grandes columnas han recorrido el centro de Madrid desde Plaza de España, Atocha, el Hospital de La Princesa y la glorieta de Emilio Castelar hasta confluir en la plaza de Cibeles. A ellas se han sumado participantes procedentes de la acampada que continúa instalada en la Puerta del Sol.
La pancarta principal, con el lema «Hacia la huelga general», resumía el objetivo planteado por la Confederación de Sindicatos de Inquilinas para la siguiente fase de las protestas.
La Delegación del Gobierno en Madrid ha cifrado la asistencia en unas 70.000 personas. Los convocantes elevaron el cálculo hasta las 500.000, según recoge el balance de EFE. La considerable diferencia obliga a mantener ambas cifras claramente atribuidas y a evitar una estimación propia.
La marcha ha llegado a Cibeles sin que se hayan comunicado incidentes relevantes. Entre las principales reclamaciones figuraban una rebaja del cincuenta por ciento de los alquileres, contratos de duración indefinida y la intervención o expropiación de viviendas pertenecientes a fondos de inversión y grandes tenedores.
La portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid, Valeria Racu, ha relacionado la dimensión alcanzada por la protesta con el desahucio de Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años expulsada el 23 de septiembre de la vivienda en la que había residido durante más de siete décadas.
Según informó EFE este sábado, Maricarmen podrá regresar finalmente a su casa después del acuerdo alcanzado entre el sindicato y Urbagestión, la empresa propietaria. Su caso originó la manifestación del 26 de septiembre, la posterior acampada en la Puerta del Sol y la presión política que precedió a la aprobación de los dos decretos.
Movilizaciones por la vivienda en alrededor de medio centenar de ciudades
La convocatoria no se ha limitado a las grandes capitales. La relación de movilizaciones difundida por Poder Inquilino incluye protestas entre los días 2 y 5 de octubre en ciudades de prácticamente todas las comunidades autónomas.
En Cádiz, unas 10.000 personas participaron en la manifestación, según la estimación de los organizadores. En Palma, la Policía Nacional calculó una asistencia próxima a las 3000 personas. En Santander, la Delegación del Gobierno habló de más de 2000 manifestantes, mientras los convocantes elevaron la cifra hasta 5000.
También se han celebrado protestas en Bilbao, Donostia, Vitoria, Santiago de Compostela, Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria, Zamora, Guadalajara, Toledo y Zaragoza, entre otras ciudades. Varias localidades mantienen convocatorias para la tarde y noche del sábado o para el domingo.
En Barcelona, la manifestación prevista para este sábado ha sido aplazada debido a la previsión de fuertes lluvias. La convocatoria se ha trasladado al lunes a las 19:00 horas, según la información difundida durante la jornada.
La extensión territorial de las protestas muestra que el problema ya no se concentra exclusivamente en Madrid, Barcelona o las zonas turísticas. Las movilizaciones de Zamora, Santander, Segovia o Santiago reflejan la propagación de las dificultades de acceso a la vivienda hacia ciudades medianas.
Incidentes al término de la marcha de València
La jornada ha tenido su principal episodio de tensión en València. Miles de personas recorrieron el centro desde la Porta de la Mar hasta el entorno del Palau de les Arts, donde se celebraba el Valencia Real Estate Summit, una reunión de empresas e inversores inmobiliarios.
Al finalizar el recorrido, una parte de los manifestantes intentó aproximarse al edificio. Los agentes antidisturbios emplearon gases lacrimógenos y pelotas de goma para dispersarlos.
Fuentes policiales citadas por la Cadena SER informaron de un detenido y nueve policías heridos. Al cierre de esta información no consta un balance oficial consolidado de personas manifestantes heridas ni una reconstrucción independiente completa de los incidentes.
Alrededor de doscientas personas permanecieron posteriormente acampadas en la plaza del Ayuntamiento de València, según las informaciones difundidas durante la tarde.
El rechazo de los decretos actuó como detonante
Las movilizaciones se celebran menos de veinticuatro horas después de que el Congreso de los Diputados rechazara los reales decretos-leyes 26/2026 y 27/2026, aprobados por el Consejo de Ministros el 29 de septiembre.
El primero fue rechazado por 178 votos frente a 172. El segundo obtuvo 184 votos en contra y 166 a favor. PP, Vox, Junts y UPN votaron contra las dos normas; PNV y Coalición Canaria también rechazaron el decreto relativo a la renovación automática de los contratos.
El Real Decreto-ley 26/2026 reunía medidas fiscales, de protección frente a los desahucios y de regulación del mercado del alquiler. Entre ellas figuraban una prórroga extraordinaria de hasta dos años para determinados contratos, límites a la actualización de algunas rentas, regulación de los alquileres temporales y por habitaciones, cambios fiscales para las socimis y mecanismos de financiación de vivienda asequible.
También permitía ampliar la protección de hogares vulnerables frente a los lanzamientos, regulaba la consideración de gran tenedor y establecía condiciones para limitar temporalmente determinadas compras especulativas.
El Real Decreto-ley 27/2026 modificaba la Ley de Arrendamientos Urbanos. Planteaba que, una vez transcurridos cinco años de contrato —o siete cuando el propietario fuera una persona jurídica—, el alquiler pudiera renovarse por periodos sucesivos de la misma duración.
La norma ampliaba de cuatro a seis meses el preaviso del propietario y establecía una indemnización para el inquilino cuando el arrendador decidiera no renovar sin concurrir alguna de las causas previstas legalmente.
Aquí Madrid ya examinó el alcance y las contradicciones iniciales de ambos textos en Dos reales decretos pendientes de las certezas del BOE.
Un rechazo parlamentario con argumentos diferentes
El Gobierno defendió los decretos como una respuesta urgente a la escalada de los alquileres, los desahucios de personas vulnerables y la inseguridad de los contratos. Su derogación ha dejado sin continuidad las medidas después de su breve vigencia inicial.
PP, Vox y UPN rechazaron las normas al considerar que trasladaban a los propietarios obligaciones que deberían asumir las administraciones y que podían reducir todavía más la oferta de alquiler.
Junts sostuvo que los decretos no impedían realmente la especulación y podían generar inseguridad y retirada de viviendas del mercado. La formación presentó una propuesta alternativa de 59 páginas con medidas fiscales, protección de hogares vulnerables y limitaciones temporales a las compras de fondos y grandes tenedores, según la información de RTVE.
El PNV y Coalición Canaria apoyaron parte del paquete, pero rechazaron el decreto que establecía la renovación automática de los contratos. ERC, EH Bildu, Podemos y otros grupos parlamentarios criticaron que el resultado dejara sin efecto incluso las medidas que consideraban insuficientes.
El movimiento por la vivienda también ha dirigido sus críticas al Gobierno. Los sindicatos de inquilinas consideran que los decretos constituían un avance mínimo, pero reprochan al Ejecutivo haber esperado hasta el aumento de la presión social para impulsarlos.
La huelga general todavía no está formalmente convocada
La expresión «huelga general» ha presidido las movilizaciones, pero todavía no existe una convocatoria formal ni una fecha cerrada.
Los sindicatos de inquilinas han anunciado contactos con organizaciones sindicales y defienden que la protesta por la vivienda se traslade a los centros de trabajo. Su propósito es coordinar una huelga de alcance estatal que vincule el precio de la vivienda con los salarios y las condiciones laborales.
UGT y CCOO respaldaron las manifestaciones de este fin de semana y llamaron a la clase trabajadora a participar en ellas. Sin embargo, al cierre de esta información no habían anunciado formalmente una huelga general por la vivienda.
La portavoz del Sindicato de Inquilinas señaló que la fecha deberá acordarse con las diferentes centrales. Por tanto, la huelga es en este momento un objetivo político y organizativo del movimiento, no una convocatoria laboral ya registrada.
La protesta continúa más allá del sábado
La asamblea instalada en la Puerta del Sol ha decidido mantener por ahora la acampada, aunque el Sindicato de Inquilinas irá reduciendo progresivamente su participación directa. Otros colectivos pretenden continuar hasta que se concrete la siguiente fase de movilización.
Durante el domingo están previstas nuevas marchas, entre ellas la de Oviedo, y Barcelona ha trasladado su convocatoria al lunes por razones meteorológicas.
La jornada del 3 de octubre ha confirmado que la vivienda ha pasado de ser una preocupación social sostenida a convertirse en un conflicto político y parlamentario de primer orden. La evolución de las conversaciones sindicales determinará ahora si la movilización desemboca en una huelga general o continúa mediante acampadas, protestas locales y nuevas marchas estatales.
