Un juez federal de Florida ha desestimado la acusación contra una mujer procesada por votar sin tener la ciudadanía estadounidense. La sentencia considera inconstitucional la aplicación de la prohibición penal federal en este caso concreto porque la Constitución reserva a los estados la fijación de los requisitos electorales. El Departamento de Justicia ya ha recurrido.
El juez David S. Leibowitz, del Tribunal Federal para el Distrito Sur de Florida, ha desestimado el procedimiento contra Chelsea Michelle Ann Cox, ciudadana jamaicana acusada de participar ilegalmente en las elecciones presidenciales de 2020.
La acusación se apoyaba en la sección 611 del título 18 del Código de Estados Unidos, una ley de 1996 que tipifica como delito que una persona extranjera vote en una elección federal. La infracción puede castigarse con multa y hasta un año de prisión.
Leibowitz concluye en su resolución de 31 páginas que el Congreso carecía de competencia constitucional para aprobar esa prohibición en los términos aplicados a Cox. Según el juez, la Constitución atribuye a los estados la capacidad general de establecer las condiciones que deben reunir los votantes.
La sentencia no legaliza el voto de no ciudadanos
El alcance inmediato de la decisión es reducido. La sentencia resuelve una impugnación referida exclusivamente a Cox y no declara inválida la ley federal para todas las personas o circunstancias. Tampoco obliga a otros jueces ni impide que un tribunal de apelación revoque la decisión.
La resolución no reconoce a Cox el derecho a votar. Florida exige la ciudadanía estadounidense para participar en las elecciones y conserva la facultad de procesar las infracciones de su propia legislación. El juez subraya que el estado puede prohibir y castigar la conducta atribuida a la acusada.
Leibowitz distingue entre la organización material de los comicios, ámbito en el que el Congreso dispone de importantes competencias, y la determinación de quién reúne las condiciones para votar. A su juicio, la norma federal no se limita a regular el procedimiento electoral, sino que establece por sí misma una categoría de personas excluidas.
La sentencia tampoco afecta a otra disposición que sanciona las declaraciones falsas de ciudadanía. Según la acusación, Cox había utilizado documentación falsa para obtener un permiso de conducir de Florida y había participado en varias elecciones. El tribunal no resolvió si esos hechos quedaron probados, sino si la norma federal empleada para acusarla podía aplicarse constitucionalmente.
El Departamento de Justicia recurre
El Departamento de Justicia presentó un recurso poco después de conocerse la decisión. El caso pasará previsiblemente al Tribunal de Apelaciones del Undécimo Circuito, con jurisdicción sobre Florida, Georgia y Alabama.
La Administración de Donald Trump había defendido que las competencias federales sobre inmigración y elecciones permitían al Congreso penalizar directamente el voto de no ciudadanos. Leibowitz rechazó que esos poderes generales autoricen a sustituir las condiciones electorales fijadas por los estados.
El juez señala una posible alternativa: el Congreso podría estudiar una norma que castigase el incumplimiento de los requisitos de ciudadanía establecidos previamente por cada estado. Esa fórmula reforzaría las decisiones estatales en lugar de imponer una condición federal independiente.
El razonamiento puede influir también en futuros litigios sobre la ley SAVE America, promovida por Trump para exigir documentos que acrediten la ciudadanía al inscribirse y una identificación fotográfica al votar. Un análisis del Cato Institute advierte que la sentencia no resuelve la constitucionalidad de ese proyecto, pero obliga a distinguir entre verificar una condición estatal y crear una nueva condición federal.
La ofensiva federal encuentra pocos casos
La sentencia llega cuando la Administración Trump ha convertido el voto de no ciudadanos en uno de sus principales argumentos para intervenir en la gestión electoral. El Gobierno ha movilizado al Departamento de Seguridad Nacional y al Departamento de Justicia, ha reclamado censos estatales y ha ampliado una base federal para comprobar la ciudadanía.
El Tribunal Supremo permitió provisionalmente el uso de esa base en septiembre, como explicó el Observatorio al informar de la reactivación del sistema federal de verificación. La decisión era cautelar y no resolvía definitivamente sus posibles efectos sobre la privacidad o la depuración de los censos.
Los resultados conocidos hasta ahora no sostienen la existencia de un fraude generalizado. El fiscal general Todd Blanche anunció cincuenta acusaciones por presunto voto de no ciudadanos desde el regreso de Trump a la Casa Blanca. Esos expedientes forman parte de noventa casos federales por diferentes conductas electorales.
En Minnesota, diez personas fueron acusadas después de tres elecciones en las que se emitieron más de ocho millones de votos. En el condado de Maricopa, Arizona, una revisión federal señaló inicialmente a sesenta posibles votantes sin ciudadanía; los fiscales presentaron finalmente cargos contra ocho personas. Blanche ha reconocido que los casos son independientes y que no se ha identificado un patrón común.
Elecciones del 3 de noviembre
No existe una encuesta nacional que mida directamente la reacción a la sentencia de Florida. Una medición de Angus Reid USA, efectuada entre el 31 de julio y el 5 de agosto entre mil adultos, muestra que el 49 por ciento apoya la ley SAVE America después de conocer los argumentos favorables y contrarios, mientras el 37 por ciento la rechaza.
El apoyo a controles documentales no equivale a aceptar que el fraude sea frecuente. La misma encuesta refleja que el 50 por ciento cree que la propuesta ayudaría a impedir el voto de no ciudadanos, mientras el 39 por ciento teme que dificulte la participación de electores legítimos. La muestra en línea tendría un margen de error comparable de tres puntos en una encuesta probabilística del mismo tamaño.
La sentencia introduce una cuestión constitucional en una campaña dominada por mensajes más simples: no decide si los no ciudadanos deben votar, sino qué nivel de gobierno puede definir y castigar la infracción. Su efecto sobre las elecciones del 3 de noviembre dependerá del recurso, de la rapidez de los tribunales y de si la Administración presenta el caso como prueba de debilidad electoral o los estados lo interpretan como una defensa de sus competencias.
