Donald Trump ha solicitado la retirada de 810 millones de dólares ya aprobados por el Congreso mediante una «rescisión de bolsillo», una maniobra presentada cinco días antes de que termine el ejercicio fiscal. La Casa Blanca sostiene que permite eliminar gastos innecesarios, pero la oficina fiscalizadora del Congreso y legisladores de ambos partidos consideran que el presidente no puede cancelar unilateralmente esos fondos.
El presidente Donald Trump ha enviado al Congreso una propuesta para retirar 810 millones de dólares de once partidas presupuestarias destinadas, entre otros fines, a refugiados, educación, vivienda, investigación sanitaria y asistencia internacional.
El mensaje especial remitido el 25 de septiembre invoca la Ley de Control de Embargos Presupuestarios de 1974. Sin embargo, su presentación a solo cinco días del final del ejercicio fiscal reduce drásticamente el margen del Congreso para examinar y aprobar las cancelaciones.
La Casa Blanca denomina el procedimiento «rescisión de bolsillo». Su efecto práctico consistiría en mantener paralizado el dinero hasta el 30 de septiembre, cuando expira la disponibilidad de buena parte de las partidas, aunque las dos cámaras no hayan aprobado su cancelación.
La mayor retirada afecta a los programas para refugiados
Más de dos tercios de la propuesta corresponden a 567,4 millones de dólares asignados a la Oficina de Reasentamiento de Refugiados del Departamento de Salud y Servicios Humanos. La Administración argumenta que el descenso de las llegadas a la frontera ha dejado esa cuenta sobrefinanciada.
El paquete también incluye 69,6 millones para programas universitarios de educación internacional y lenguas extranjeras; 56,1 millones para asesoramiento sobre vivienda; 27,7 millones para la Agencia para la Investigación y Calidad Sanitarias; 25 millones para estudiantes migrantes y 15 millones para el Servicio de Relaciones Comunitarias del Departamento de Justicia.
Otras reducciones alcanzan programas de integración de inmigrantes, conservación de bosques tropicales y arrecifes, apoyo a empresas de minorías y actividades de la Oficina de Salud de las Minorías.
En una presentación pública del paquete, la Casa Blanca describe esas partidas como gasto perjudicial o innecesario. Esa caracterización corresponde a la Administración: el documento presupuestario acredita los importes y programas afectados, pero no constituye una evaluación independiente de sus resultados.
La ley concede 45 días al Congreso
La Ley de Control de Embargos permite al presidente proponer la retirada de fondos y suspender temporalmente su utilización durante 45 días de sesión continuada. Para que la cancelación sea permanente, la Cámara de Representantes y el Senado deben aprobarla.
Si el Congreso no actúa dentro de ese plazo, el dinero debe volver a estar disponible. El problema de la rescisión de bolsillo es que los fondos pueden caducar antes de que termine el periodo concedido a las cámaras.
La GAO, organismo independiente que fiscaliza el gasto para el Congreso, sostiene que ese procedimiento no está autorizado. Su interpretación es que la ley permite proponer cancelaciones, pero no acortar unilateralmente el periodo durante el cual el dinero aprobado puede gastarse.
La posición se apoya en una decisión jurídica de 2018: cuando una propuesta llega cerca del vencimiento, la Administración debe dejar tiempo suficiente para que las agencias puedan comprometer los fondos si el Congreso no aprueba la retirada.
Una republicana acusa a Trump de vulnerar la ley
La reacción no se ha limitado al Partido Demócrata. La senadora republicana Susan Collins, quien preside la Comisión de Asignaciones del Senado, afirmó que el Congreso no recibió aviso ni fue consultado sobre el paquete.
Collins calificó como una vulneración clara de la ley cualquier intento de retirar fondos sin aprobación parlamentaria y anunció que trabajará con otros senadores para responder, según recogió Bloomberg Government.
La representante demócrata Rosa DeLauro, portavoz demócrata de la Comisión de Asignaciones de la Cámara de Representantes, acusó a la Oficina de Gestión y Presupuesto de intentar eludir la autoridad constitucional del Congreso. La legisladora pidió a los republicanos que se sumen al rechazo de la operación.
El Senado tiene previsto reunirse durante los tres últimos días del ejercicio fiscal, pero la Cámara de Representantes está en receso. La Administración ha indicado que pretende retirar los fondos aunque el Congreso no apruebe la solicitud antes del 30 de septiembre, lo que anticipa una nueva disputa institucional y posiblemente judicial.
El poder presupuestario entra en la campaña
La cuantía —810 millones de dólares— es reducida en comparación con el presupuesto federal, pero el precedente tiene mayor alcance: determinar si el Ejecutivo puede neutralizar partidas aprobadas por el Legislativo mediante el momento elegido para presentar una solicitud.
No existe todavía una encuesta que mida directamente la reacción ciudadana a esta rescisión. El contexto electoral, sin embargo, es desfavorable para la Casa Blanca. La última medición de Reuters/Ipsos situó la aprobación de Trump en el 32 por ciento y dio a los demócratas una ventaja de 43 a 35 por ciento entre votantes registrados en la pregunta genérica sobre las elecciones legislativas.
Como informó este Observatorio Trump al analizar el deterioro de su apoyo, esas cifras no permiten proyectar directamente el reparto de escaños del 3 de noviembre. Sí explican por qué una disputa sobre el control del dinero público puede aumentar la presión sobre los republicanos del Congreso para que marquen distancias con la Casa Blanca.
