La Comunidad de Madrid alcanza su mejor puntuación histórica en el Índice DEC y supera la cobertura media española en ayuda a domicilio, teleasistencia, centros de día y plazas residenciales. Sin embargo, destina menos recursos por habitante, ofrece menos horas de atención y mantenía en agosto de 2026 miles de servicios y plazas pendientes.
La Comunidad de Madrid obtiene en el Índice de Desarrollo de los Servicios Sociales 2025 (IDec) su mejor resultado desde que comenzó la serie. Alcanza 4,85 puntos sobre diez, queda a quince centésimas del aprobado y mantiene una calificación global de servicios sociales «débil».
El informe, elaborado por la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, evalúa la ordenación del sistema, el esfuerzo económico y la cobertura efectiva de las prestaciones. Madrid avanza especialmente en esta última dimensión, pero conserva desequilibrios importantes.
En el indicador específico de atención a la dependencia, la región obtiene 4,5 puntos, por debajo de los 4,9 de media estatal. El estudio señala además la falta de un plan estratégico vigente y cuestiona la integración efectiva de la dependencia en los servicios sociales municipales.
La Comunidad aprobó una nueva Ley de Servicios Sociales en 2022 y publicó su cartera de servicios en 2023. No obstante, el Índice DEC considera que la retirada de determinadas competencias y encomiendas de gestión a las entidades locales debilitó la participación de la atención social primaria en la tramitación de la dependencia.
Más personas atendidas, pero menos horas de ayuda
Madrid presta ayuda a domicilio al 20,32 por ciento de las personas mayores de 75 años, frente al 11,97 por ciento de media española. Es una de las coberturas más elevadas del país, solo ligeramente inferior a la de Andalucía.
La extensión del servicio contrasta con su intensidad. Cada persona recibe una media de 20,58 horas mensuales, por debajo de las 23,8 horas del conjunto de España. Una cobertura elevada no garantiza por sí sola una atención suficiente si el tiempo concedido no responde a las necesidades cotidianas.
La región también supera la media en teleasistencia, que llega al 32,36 por ciento de las personas mayores de 75 años, frente al 24 por ciento nacional. Los centros de día alcanzan una cobertura del 2,5 por ciento, ligeramente superior al 2,19 por ciento del país.
Madrid dispone además de 6,15 plazas residenciales de financiación pública por cada cien personas mayores de 75 años. La media estatal se sitúa en 5,5.
Otro punto fuerte es la dotación de los centros municipales de servicios sociales, con un profesional por cada 583 habitantes, frente a uno por cada 1.363 en el conjunto de España.
Miles de plazas y servicios continúan pendientes
La cobertura existente convive con una demanda sin atender elevada. A 31 de agosto de 2026 había 3006 personas esperando una plaza residencial para mayores y 2946 pendientes de un centro de día, según la información publicada por la Comunidad de Madrid.
En ayuda a domicilio figuraban 10.827 servicios pendientes en el municipio de Madrid y 6262 en el resto de la región. La teleasistencia acumulaba otras 10.505 solicitudes no atendidas en la capital y 480 fuera de ella.
Estas cantidades corresponden a servicios demandados y no necesariamente a personas diferentes. La Administración autonómica advierte de que, salvo en la atención residencial, una misma persona puede figurar en dos o más listas cuando las prestaciones son compatibles.
Las cifras tampoco incluyen a quienes reciben determinadas prestaciones económicas transitorias vinculadas al servicio solicitado. Por ello, describen la demanda pendiente de cada recurso, pero no pueden sumarse para calcular una lista única de desatención.
En las prestaciones económicas aparecían 87 solicitudes pendientes de la ayuda vinculada a un servicio y otras 50 correspondientes a cuidados en el entorno familiar. No constaban solicitudes pendientes de asistencia personal, según los datos autonómicos actualizados en agosto.
Madrid gasta menos que la media española
El desarrollo de la cobertura se ha producido con un esfuerzo presupuestario inferior al promedio nacional. Las administraciones madrileñas —Comunidad y ayuntamientos— gastaron en 2024 unos 439,9 euros por habitante en servicios sociales, frente a los 575,1 euros de media española.
El gasto representó el 0,98 por ciento del PIB regional, muy por debajo del 1,75 por ciento nacional. También supuso el 9,49 por ciento del presupuesto de las administraciones madrileñas, frente al 10,4 por ciento del conjunto del país.
La Comunidad y los ayuntamientos aumentaron en 2024 su gasto por habitante un 8,5 por ciento, con 34,6 euros adicionales. Pese a ese crecimiento, la región continúa entre las que destinan un menor porcentaje de su riqueza a los servicios sociales.
El Índice DEC atribuye parte de la elevada cobertura madrileña a las economías de escala derivadas de la concentración de población. Al mismo tiempo, advierte de una «cobertura en riesgo» por la debilidad de la ordenación y de la planificación del sistema.
Los hogares cubren una parte esencial de los cuidados
La situación madrileña forma parte de un problema más amplio. En España, la ayuda a domicilio solo alcanza al 5,8 por ciento de las personas mayores de 65 años. En 2010 cubría al 4,7 por ciento, por lo que su avance en catorce años ha sido de apenas 1,1 puntos.
La prestación económica para cuidados en el entorno familiar llegaba en 2025 a 728.851 personas, el 43,5 por ciento de las beneficiarias del sistema. Su importe medio era de 262 euros mensuales.
Estas cantidades difícilmente compensan la pérdida de ingresos de quienes reducen su jornada o abandonan su empleo para cuidar. Las mujeres continúan asumiendo una parte desproporcionada de esa responsabilidad y representan además más del 80 por ciento del empleo profesional generado por el sistema de dependencia.
La presión sobre los hogares explica el crecimiento de soluciones de atención por horas. Aquí Madrid informó recientemente del recurso a cuidadores domiciliarios para conciliar el empleo con la atención de familiares dependientes.
La capacidad del sistema depende también de las condiciones de quienes prestan la atención. Sindicatos y patronal reclamaron en 2024 nuevos contratos que incorporasen los costes salariales y garantizasen la continuidad del servicio, como recogió Aquí Madrid sobre la ayuda a domicilio.
La nueva financiación pone a prueba la gestión autonómica
El Gobierno reforzó en junio la financiación estatal mediante el Real Decreto-ley 17/2026. La aportación adicional prevista asciende a 6162 millones de euros entre 2026 y 2027.
El nivel mínimo que el Estado transfiere por cada persona atendida aumenta hasta 90 euros mensuales en el grado I, 260 en el grado II y 660 en el grado III. Para el nuevo grado III+ de dependencia extrema se fija un mínimo de 4930 euros.
La financiación ofrece a Madrid la posibilidad de reducir las listas, reforzar las plantillas y ampliar las horas de atención. El resultado dependerá de cómo convierta los nuevos recursos en servicios efectivos y de proximidad.
El aumento presupuestario ya está vigente, pero la reforma general de las leyes de dependencia y discapacidad continuaba en tramitación parlamentaria en septiembre. El Congreso aprobó el proyecto el 14 de julio y lo remitió al Senado, sin que hubiera concluido todavía todo el procedimiento legislativo.
El proyecto plantea ampliar la compatibilidad de las prestaciones, reforzar la asistencia personal y facilitar los cuidados comunitarios. Su redacción definitiva dependerá del cierre de la tramitación y de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Madrid parte de una cobertura superior a la media en varios servicios, pero también de una inversión reducida, intensidades limitadas y una demanda pendiente considerable. La nueva etapa deberá medirse no solo por el número de personas incorporadas al sistema, sino por el tiempo y la calidad de los apoyos que reciben.
