Esta entrada del Observatorio Trump, elaborada en España el 20 de septiembre, recoge una demanda presentada por nueve organizaciones de derechos civiles y sindicatos para impedir que la Administración de Donald Trump despliegue agentes federales de una manera que pueda intimidar a los votantes.
El procedimiento se inició el viernes 18 ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia, cuando ya ha comenzado la votación para las elecciones legislativas del 3 de noviembre y varios estados preparan protocolos ante una posible presencia de agentes de inmigración en los colegios electorales.
La demanda, de 65 páginas, sostiene que las declaraciones y actuaciones de la Administración han creado temor entre votantes negros, latinos y asiáticos, ciudadanos naturalizados y familias con distinto estatus migratorio.
Los demandantes solicitan que el tribunal declare vulnerada la sección 11(b) de la Ley de Derecho al Voto y prohíba desplegar agentes de una forma que intimide ilegalmente a quienes votan o ayudan a otras personas a ejercer ese derecho.
El procedimiento acaba de comenzar. Todavía no existe ninguna resolución judicial sobre las acusaciones ni sobre las medidas solicitadas.
Organizaciones civiles y sindicatos llevan el conflicto a los tribunales
La demanda está promovida por la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color (NAACP), Mi Familia en Acción, OCA–Asian Pacific American Advocates, National Urban League y la organización de refugiados e inmigrantes MN8.
También participan el Sindicato Internacional de Empleados de Servicios (SEIU), la Federación Estadounidense de Maestros, el Sindicato Internacional de Trabajadores de la Alimentación y el Comercio (UFCW) y la Unión Internacional de Pintores y Oficios Afines (IUPAT).
Entre los demandados figuran los departamentos de Seguridad Nacional y Justicia, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), el FBI y varios de sus responsables, incluidos el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin; el fiscal general, Todd Blanche; el director del FBI, Kash Patel, y el responsable de política migratoria de la Casa Blanca, Tom Homan.
Las organizaciones alegan que algunos de sus miembros están modificando sus planes electorales por miedo a encontrarse con agentes federales. La demanda describe votantes que se plantean sustituir el voto presencial por el voto por correo, acudir acompañados o renunciar a trabajar como voluntarios electorales.
Estas afirmaciones forman parte de los argumentos de los demandantes y todavía no han sido valoradas por el tribunal.
La ley prohíbe la intimidación de los votantes
La sección 11(b) de la Ley de Derecho al Voto prohíbe las amenazas, la coacción y la intimidación —incluidos los intentos— durante las distintas fases del proceso electoral, según explica una guía de derechos electorales del Departamento de Justicia.
Otra disposición, el artículo 592 del título 18 del Código de Estados Unidos, castiga a los funcionarios federales que ordenen o mantengan tropas u hombres armados en lugares donde se celebran elecciones, salvo que sea necesario repeler a enemigos armados del país.
La demanda no sostiene que los agentes ya estén desplegados de forma generalizada en los colegios electorales. Pretende obtener una protección judicial preventiva ante declaraciones de responsables de la Administración y cambios en las políticas que anteriormente limitaban la actuación de agentes federales en esos lugares.
Es, además, el segundo procedimiento planteado en septiembre con ese objetivo. La ciudad de Denver, organizaciones latinas y otros colectivos ya habían presentado otra demanda para impedir la presencia de agentes armados en los centros de votación.
La Administración rechaza las acusaciones
El Departamento de Justicia respondió que afirmar que el Gobierno ha anunciado el envío de agentes a las urnas constituye una forma de alarmismo, según informó The Washington Post.
El Departamento de Seguridad Nacional aseguró también que ICE no prepara operaciones dirigidas contra los colegios electorales. Sin embargo, añadió que sus agentes podrían intervenir ante una amenaza concreta para la seguridad o para ejecutar una orden de detención.
Estas explicaciones no han despejado las dudas de numerosos responsables estatales. Autoridades electorales de Nuevo México, Michigan, Maine y Oregón han preparado instrucciones para responder si agentes federales aparecen en las inmediaciones de los centros de votación, según Axios.
Los protocolos incluyen pedir a los agentes no autorizados que abandonen el recinto, avisar a las autoridades locales y recurrir a los tribunales cuando resulte necesario.
Un nuevo frente electoral después del voto por correo
Este procedimiento abre un frente distinto del litigio sobre las papeletas postales. El 15 de septiembre, el Tribunal Supremo rechazó el último intento de la Administración de modificar el voto por correo antes de las elecciones.
La controversia ya no se centra únicamente en las reglas para enviar y recibir las papeletas, sino también en las condiciones materiales en las que los ciudadanos podrán acudir a votar.
Para el Observatorio Trump, el caso muestra tres niveles de oposición democrática: organizaciones civiles y sindicales que acuden a la justicia, estados que preparan medidas de protección y tribunales que deberán determinar hasta dónde puede llegar la actuación federal.
La presentación de la demanda no equivale a una victoria judicial. Los próximos pasos relevantes serán la respuesta formal del Gobierno, la posible petición de medidas cautelares y las instrucciones operativas que adopten el FBI, ICE y el Departamento de Justicia durante la votación anticipada y la jornada electoral.
- Pie de foto: Una votante sale del colegio electoral instalado en el Ayuntamiento de Cohasset, Minnesota, durante las elecciones de noviembre de 2024. Fotografía: Lorie Shaull/Wikimedia Commons, CC BY 2.0
