La Fiscalía de Ceuta ha solicitado este sábado, de manera formal, inhibirse de las causas abiertas en los juzgados locales contra el delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez Triano, por su actuación durante la entrada masiva de personas migrantes de los días 30 y 31 de julio. El Ministerio Público entiende que los hechos denunciados no son un episodio aislado, sino que forman parte del mismo operativo que ya investiga la jueza María Tardón en la Audiencia Nacional, y pide por tanto que sea ella quien examine el conjunto de las actuaciones de todas las autoridades implicadas en lo ocurrido a finales de julio.
Acciones institucionales
Las denuncias que dieron origen a las diligencias en Ceuta partieron de Manos Limpias, a la que después se sumaron Hazte Oír y Vox. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de la ciudad había incorporado la querella de estas dos últimas entidades a las diligencias previas abiertas por la primera y había reconocido a las tres como acusación popular. La querella atribuye a Pérez Triano presuntos delitos de prevaricación, omisión del deber de perseguir delitos, denegación de auxilio y homicidio y lesiones por imprudencia grave en comisión por omisión, en relación con la gestión del aviso remitido por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) el 29 de julio, la víspera de la entrada de más de 80.000 personas. Fuentes judiciales explican que la Fiscalía considera que no cabe juzgar por piezas separadas lo que fue, a su juicio, un único operativo con múltiples mandos, y que corresponde a Tardón decidir si asume también esta pieza dentro de la causa que instruye desde agosto.
La petición llega apenas un día después de que el hasta ahora jefe de gabinete de Pérez Triano, Gonzalo Sanz, dimitiera tras sostener por escrito que sí trasladó al delegado los avisos del CNI, en contra de la versión oficial de la Delegación del Gobierno —como recogía esta serie el viernes. El movimiento de la Fiscalía añade así una nueva pieza judicial a un expediente que ya tenía personadas como acusación particular tanto a la Ciudad Autónoma de Ceuta como al propio Estado, a través de la Abogacía del Estado.
En paralelo, y en un registro distinto al del choque entre instituciones, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, se reunió el jueves con la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, para coordinar la actuación sobre los menores migrantes no acompañados que permanecen en Ceuta. Según la nota difundida por La Moncloa, ambas instituciones coincidieron en que cualquier medida debe preservar el interés superior del menor y el pleno ejercicio de sus derechos, sin que ello suponga, de momento, ninguna norma nueva ni un calendario concreto de traslados o escolarización.
También el jueves, el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, cerró en Bruselas una intensa ronda de contactos con el comisario europeo de Interior y Migración, Magnus Brunner, la comisaria para el Mediterráneo, Dubravka Šuica, y la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola. Vivas resumió el balance del viaje en una sola palabra, «receptividad», y evitó dar por resuelto el problema: valoró el anuncio de Brunner de una ayuda extraordinaria de unos 115 millones de euros, pero advirtió de que serán las próximas semanas las que digan si esa receptividad se traduce en medidas concretas, entre ellas el retorno a Marruecos de quienes siguen en territorio ceutí y la financiación europea del coste de la emergencia humanitaria. Para el Gobierno de la ciudad, esas dos condiciones —retorno y financiación— siguen siendo la línea roja que separa un gesto diplomático de una solución real, y de ahí que Vivas insistiera en que la valoración definitiva del viaje solo podrá hacerse con perspectiva de semanas, no de titulares.
Oenegés
La coordinación anunciada por Rego y Peramato llega sin que se hayan resuelto todavía las condiciones descritas apenas un día antes por elDiario.es, que documentó cómo decenas de mujeres y menores, algunas embarazadas, llevan quince días a las puertas de dos centros de acogida estatales —uno de ellos gestionado por la ONG Sur Acoge— sin apenas atención, con picaduras de insectos, escasez de agua y comida y bajo cordones militares que solo les permiten bajar a la playa del Trampolín para el reparto de Cruz Roja.
El Ministerio de Inclusión, del que depende uno de esos centros, no había respondido hasta entonces a las preguntas del medio sobre por qué esas mujeres y menores permanecen fuera de las instalaciones en lugar de dentro de ellas.
Prensa oficialista marroquí
La petición de inhibición de la Fiscalía no había recibido hasta el cierre de esta edición ningún comentario en los medios marroquíes consultados. Sí ha tenido eco, en cambio, la controversia sobre la imparcialidad judicial: Le360 recogió los reproches de Puente a la interpretación de los informes desclasificados, subrayando que, a juicio del ministro, esos documentos no permiten en ningún caso atribuir a Marruecos la organización de la entrada masiva y que las lecturas que lo sugieren son «sesgadas». El diario no vinculó esas declaraciones con la petición de la Fiscalía, de la que tampoco informaron este sábado ni Hespress ni TelQuel en sus ediciones digitales.
Síntesis
La jornada certifica que la crisis institucional abierta por la desclasificación de los informes del CNI ya no se limita al terreno político: la Fiscalía busca ahora concentrar en la Audiencia Nacional todas las responsabilidades penales derivadas de julio, justo cuando la propia legitimidad de esa instrucción es objeto de disputa entre el Gobierno y la magistratura.
Mientras tanto, el esfuerzo de coordinación anunciado por Rego y Peramato para proteger a los menores no acompañados convive con un terreno —el de los centros de acogida en Ceuta— donde, según el testimonio recogido por elDiario.es, la protección efectiva sigue sin llegar a quienes más la necesitan. Y en Bruselas, la «receptividad» que trajo Vivas de su viaje queda, de momento, pendiente de traducirse en hechos.
