La crisis de Ceuta ha entrado este lunes en una nueva fase judicial e institucional, con la Audiencia Nacional asumiendo formalmente la investigación de los sucesos de finales de julio y el Gobierno confirmando que desclasificará mañana los informes de inteligencia sobre el episodio. En paralelo, la periferia de la ciudad se ha movilizado por primera vez de forma coordinada y Bruselas ha anunciado que estudia un mecanismo europeo de alerta temprana para evitar que se repita.
Acciones institucionales
La jueza María Tardón, titular del Juzgado Central de Instrucción número tres de la Audiencia Nacional, ha decidido quedarse con la investigación sobre la entrada masiva de finales de julio, después de que la Fiscalía informara a favor de su competencia. En un auto conocido hoy, la magistrada aprecia indicios de un «ataque grave contra la integridad territorial e independencia del Estado», de organización criminal y de vulneración de los derechos de los extranjeros, y señala una «clara e indudable gestión favorecedora» del proceso desde territorio marroquí, evidenciada, según el auto, en el comportamiento de las fuerzas de seguridad de ese país.
Tardón recoge también el informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras sobre un presunto «guiado activo» de los migrantes y vincula los hechos con 83 fallecimientos acreditados hasta el momento en aguas españolas, además de identificar una estructura de hasta cinco niveles de implicación en la planificación y dirección del proceso.
El auto recuerda además que ese mismo departamento policial había emitido, el veintinueve de julio, un día antes de los hechos, una primera alerta de riesgo de entrada masiva dirigida a los puestos fronterizos de Ceuta y Melilla, y describe el episodio como un método propio de «guerra híbrida» o «zona gris», recogiendo la propia calificación que hizo Sánchez durante su visita a la ciudad el 31 de julio, cuando definió lo ocurrido como «un ataque, una violación de la integridad territorial de España».
El Gobierno, por su parte, ha confirmado que el Consejo de Ministros aprobará mañana martes la desclasificación de los informes elaborados durante la crisis por el CNI, la Policía Nacional y la Guardia Civil, que quedarán a disposición pública el miércoles. La medida responde al compromiso anunciado por Pedro Sánchez ante el Congreso la semana pasada, con el objetivo declarado de acreditar que ningún servicio de inteligencia alertó con antelación de una entrada de las dimensiones registradas los días treinta y uno de julio.
Los informes del CNI que se harán públicos abarcan el periodo comprendido entre el uno de julio y el uno de agosto, mientras que los elaborados por la Policía Nacional y la Guardia Civil ya han trascendido parcialmente en las últimas semanas. Fuentes gubernamentales han precisado que el Ejecutivo estudiará la fórmula jurídica que permita hacer pública la documentación del CNI sin comprometer su labor ni la colaboración con servicios de inteligencia extranjeros.
Sobre el terreno, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha situado en torno a cuatro mil los retornos voluntarios a Marruecos gestionados desde el diez de agosto. Pero el dato más relevante de la jornada no es ese, sino el reconocimiento explícito del propio ministro de que resulta «imposible» precisar cuántos inmigrantes permanecen todavía en Ceuta: las estimaciones oficiales han oscilado en las últimas semanas entre los dos mil quinientos y cifras no oficiales que llegan hasta los dieciocho mil, sin que exista un registro público individualizado que permita cerrar el recuento.
En el plano sanitario, la gestión no ha sido esta vez del Ministerio de Sanidad sino de una iniciativa colegial y privada: el Colegio Oficial de Médicos de Ceuta y la aseguradora AMA han alcanzado un acuerdo para sufragar el alojamiento y la manutención de médicos voluntarios que quieran desplazarse a la ciudad de forma altruista, ante las dificultades logísticas que hasta ahora frenaban a parte de los facultativos dispuestos a colaborar. Desde el Colegio se ha subrayado que el concepto de voluntariado se plantea «en un sentido amplio», de manera que los profesionales que se desplacen podrán colaborar allí donde las necesidades sanitarias lo requieran, en un contexto en el que Sanidad ya había ampliado hasta noviembre su propio refuerzo sanitario en la ciudad.
Debate político
La crisis sigue marcando la relación entre PP y Vox de cara al nuevo curso parlamentario. Un análisis publicado hoy recuerda que ambos partidos coinciden en el ochenta por ciento de las votaciones del Congreso en esta legislatura, un dato que el PSOE ha incorporado a su argumentario contra Alberto Núñez Feijóo de cara al ciclo electoral de 2027.
En paralelo, el debate parlamentario sobre la gestión migratoria ha situado el control de la frontera sur como eje del nuevo curso político, con Vox capitalizando la crisis como palanca de oposición y el PP evitando asumir en su totalidad el programa migratorio de su socio parlamentario.
Prensa oficialista marroquí
A dos semanas de las elecciones legislativas marroquíes del veintitrés de septiembre, la reivindicación sobre Ceuta y Melilla ha vuelto a aparecer en la precampaña. El secretario general del Partido del Progreso y el Socialismo, Nabil Benabdellah, ha defendido en un mitin que «tarde o temprano» nadie podrá negar que ambas son «ciudades marroquíes ocupadas», mientras que el líder del Movimiento Popular, Mohamed Ouzzine, ha reclamado una disculpa oficial por la quema de una bandera marroquí en Madrid y ha calificado la reivindicación de «profundamente arraigada» en la conciencia nacional.
Frente a este discurso, el primer secretario de la Unión Socialista de Fuerzas Populares, Driss Lachgar, ha pedido responsabilidad para no deteriorar las relaciones con España, advirtiendo de que ese tono puede acabar beneficiando a la extrema derecha española.
El Istiqlal, socio del Gobierno marroquí, mantiene por su parte una postura intermedia: su secretario general, Nizar Baraka, ha reivindicado en un mitin en Rabat la soberanía marroquí sobre Ceuta y ha advertido de que el país «no retrocederá ni un solo palmo de su territorio nacional», aunque ha definido a España como un «socio esencial» en la relación bilateral.
Síntesis
La jornada confirma que la crisis de Ceuta ha entrado en una fase de rendición de cuentas institucional —judicial, con la causa de Tardón; documental, con la desclasificación anunciada para el miércoles— sin que el Gobierno haya logrado todavía cerrar la pregunta más básica: cuántas personas siguen en la ciudad. A esa incertidumbre se suma hoy una movilización vecinal inédita en la periferia ceutí, que ha reunido a residentes de barriadas como Príncipe Felipe, Príncipe Alfonso, Loma Colmenar, Arcos Quebrados, Juan Carlos I, Sidi Embarek y Tarajal bajo el lema «La periferia de Ceuta se moviliza», partiendo a las 17:30 horas desde la farmacia de Príncipe Felipe hasta las naves del Polígono del Tarajal, para reclamar seguridad y el regreso a la normalidad antes del inicio del curso escolar.
La dimensión europea de la crisis también se ha ampliado: el comisario de Migración, Magnus Brunner, ha anunciado en una entrevista al diario vienés Kurier que la Unión Europea trabaja en un sistema de alerta temprana para anticipar episodios similares en otras fronteras exteriores. Brunner ha señalado además que la vigilancia de redes sociales para detectar movimientos coordinados hacia la frontera debería reforzarse con una futura reforma de Europol, y que Frontex podría ganar protagonismo en ese sistema, en un contexto en que Marruecos vive su propia precampaña electoral con Ceuta y Melilla como argumento de disputa interna.
Puede leerse la entrega anterior en Aquí Madrid:
