La Casa Blanca ha llevado por primera vez ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos la batalla legal por el salón de baile de 8400 metros cuadrados que Donald Trump construye sobre el solar del Ala Este de la Casa Blanca, demolida en octubre.
El viernes 14, el Gobierno pidió a los jueces que suspendan de urgencia el fallo de un tribunal de apelaciones que obliga a detener las obras. El recurso llega mientras la mayoría de los estadounidenses sigue rechazando el proyecto: según una encuesta de Washington Post/ABC News/Ipsos —cuyo patrón se ha mantenido estable durante todo 2026—, el 56 por ciento se opone a la demolición y construcción del salón de baile, frente a solo un 28 por ciento que lo respalda.
La petición llega después de que un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Circuito de Columbia confirmara, por dos votos contra uno, la orden dictada en abril por el juez federal Richard J. Leon —nombrado por el republicano George W. Bush—, que paraliza la construcción sobre rasante pero permite continuar las obras subterráneas de seguridad. El tribunal suspendió su propia sentencia dos semanas, plazo que vence el 21 de agosto, para que la Administración pudiera recurrir. El proyecto, valorado en 400 millones de dólares y financiado en gran parte con donaciones privadas, lleva diez meses en obras y está completado en un 65 por ciento.
La mayoría del panel, las juezas Patricia Millett (nombrada por Barack Obama) y Bradley Garcia (nombrado por Joe Biden), sostuvo que «si se debe o no construir un salón de baile de estas dimensiones es una decisión que corresponde al Congreso, no una cuestión de autoayuda ejecutiva», según recoge PBS News. La jueza Neomi Rao, nombrada por Trump, discrepó.
El fiscal general adjunto D. John Sauer pidió al Supremo que actúe antes de que la sentencia entre en vigor: la orden judicial, escribió, «promete caos al servicio de nada». La demandante, el National Trust for Historic Preservation, acusó a la Casa Blanca de «adelantarse a los tribunales». El presidente del Supremo, John Roberts, fijó el martes como plazo de respuesta. El litigio se remonta a abril, cuando Leon bloqueó las obras por falta de autorización expresa del Congreso, algo que ningún presidente había hecho antes al modificar de forma sustancial el edificio con fondos privados.
A diferencia de otras entradas de este Observatorio, la resistencia no procede del Partido Demócrata, sino del poder judicial federal —incluido un juez nombrado por un republicano— y de una organización de defensa del patrimonio: oposición democrática amplia, no disputa partidista.
Pero el dato que este Observatorio viene siguiendo es otro: el rechazo no es solo demócrata. La misma encuesta halló que el 61 por ciento de los independientes también rechaza el proyecto —frente a un 62 por ciento de republicanos que lo respalda—, una fractura poco frecuente dentro del bloque republicano.
De cara a las elecciones de mitad de mandato del 3 de noviembre, el desenlace en el Supremo se suma a otros frentes judiciales de la Administración —vacunas infantiles, ciudadanía por nacimiento, el arco junto al Lincoln Memorial— que conforman uno de los ejes más visibles del pulso entre Casa Blanca y tribunales. El seguimiento de la opinión pública deberá precisar si una victoria judicial de Trump modera ese rechazo entre los independientes o lo consolida como símbolo de gasto y opacidad que la oposición demócrata explotará en campaña.
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