Entre el 14 y el 22 de julio, tres desahucios madrileños terminaron de tres maneras distintas. Un jubilado ganó, una familia perdió y una mujer de 82 años sigue esperando. Los tres desenlaces se decidieron por lo mismo: un informe. Esta es la crónica del tercero, desde el portal.
Madrid ha representado este julio, en ocho días y sin pretenderlo, una obra completa sobre el derecho a permanecer en la propia casa. Tres desahucios, tres barrios, tres desenlaces. Y, detrás de cada uno, la misma pieza de atrezo: un documento administrativo cuya presencia o ausencia ha resultado más determinante que la edad de los afectados, que su enfermedad, que sus hijos o que la titularidad de la vivienda. Conviene ver los tres actos seguidos, porque por separado son casos y juntos son un mecanismo.
Acto primero: lo que el Ayuntamiento no supo justificar
El 14 de julio, El Salto publicó el auto que deniega al Ayuntamiento de Madrid la autorización de entrada en la vivienda de Alejandro Ibáñez García, jubilado de 81 años y último residente de los Apartamentos Municipales para Mayores San Francisco, en La Latina. El consistorio aprobó en septiembre de 2024 un contrato de reforma integral del edificio, trasladó entre finales de aquel año y junio de 2025 a la mayor parte de los mayores alojados allí y llevó a los tribunales a los cuatro que se negaron a irse. Las obras, hoy en día, no se han ejecutado.
El magistrado no entra a valorar la política municipal de mayores. Entra en el expediente, y en el expediente no encuentra nada. Una autorización de entrada, razona, no se concede de forma automática: exige acreditar necesidad, procedencia y proporcionalidad.
No consta informe técnico que explique qué riesgos concretos obligan a vaciar el inmueble entero, ni por qué la reforma no puede acometerse por fases —como venían pidiendo residentes y asociaciones—, ni una necesidad de demolición que sí impondría el desalojo total.
A ello suma una omisión que considera decisiva: el Ayuntamiento no mencionó, ni en la solicitud ni en la documentación aportada, que Alejandro se hubiera negado a marcharse por voluntad propia cuando se intentó desalojarle en junio de 2025.
Alejandro había avisado en 2024, cuando aún eran cuatro: «de aquí no nos movemos», porque se valen por sí mismos y el traslado a residencias les costaría, según denunciaban entonces, la mayor parte de su pensión. Su abogado, Víctor Palomo, sostiene que el procedimiento no se siguió como debía.
La Asociación La Chispera y varias entidades vecinales del centro van más lejos y atribuyen al conflicto un trasfondo de intereses políticos y una posible operación sobre el edificio; es su lectura, no un hecho acreditado, y así conviene consignarla. Lo acreditado es más modesto y elocuente: el Ayuntamiento perdió por escrito, no por argumentos.
Acto segundo: lo que Naciones Unidas no pudo detener
Veinticuatro horas después, en el otro extremo de la ciudad, el mismo mecanismo funcionó al revés. El 15 de julio, la comisión judicial ejecutó el lanzamiento de Dulce y su familia en la corrala de El Ruedo, en Moratalaz, un piso de la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid que ocupaban sin título desde 2021. Con ella vivían cinco hijos, tres de ellos menores y el pequeño con síndrome de Down, además de Herminio, al que unas crónicas identifican como su pareja y otras como su hermano.
El Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas había pedido al Estado español suspender el lanzamiento o facilitar una alternativa adecuada mientras estudia el fondo del asunto, advirtiendo del riesgo de «daños irreparables» para los menores. España deberá remitir sus observaciones antes de enero de 2027.
La petición no detuvo nada. El Ayuntamiento sostiene que la familia rechazó tanto el recurso ofrecido por los Servicios Sociales como el alojamiento temporal del Samur Social; las entidades que la acompañaban replican que la única alternativa sobre la mesa era una habitación compartida o un albergue, lo que para una familia numerosa no es propiamente una alternativa. La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, acudió al desahucio y ha pedido a la Fiscalía de Menores que investigue si se vulneraron derechos de la infancia.
El asunto, ya analizado en estas páginas, tiene una arista jurídica incómoda: las medidas provisionales de los comités de la ONU obligan políticamente al Estado, pero no suspenden por sí solas un procedimiento judicial en curso.
La diferencia con el acto primero no está en la gravedad de las circunstancias. Está en quién tenía que documentar qué. A Alejandro le salvó un informe que el Ayuntamiento no aportó. A Dulce la condenó, entre otras cosas, un informe que las administraciones sí habían tramitado a su modo: el auto que autorizó la entrada obligaba a la Agencia de Vivienda Social a coordinarse con los servicios sociales municipales, y ambas administraciones sostienen que se actuó con todas las garantías.
Acto tercero: lo que un informe aún no dice
El 22 de julio estaba fijado el lanzamiento de Francisca López Ruiz, Paquita, 82 años, enferma de párkinson, quien vive desde 1998 en el mismo piso de la calle Santa Ana, en La Latina, junto a su hijo Carlos. Entró pagando poco más de ochocientos euros de renta; hoy paga 1150 y sostiene que nunca ha dejado de hacerlo.
Según La Chispera, la sociedad propietaria ganó hace dos años el pleito del que deriva la orden de lanzamiento, notificada a comienzos de julio: veinte días para encontrar casa en Madrid. elDiario.es identifica a la propiedad como Tolesanta, promotora que explota una decena de pisos turísticos en la calle Toledo y a la que la Audiencia Provincial obligó a clausurar esa actividad por ruidos y molestias, con 34.000 euros de indemnización a los vecinos afectados; el auto de lanzamiento llegó pocos días después de aquella sentencia.
La sucesión de fechas es un hecho; la relación entre ambas, una inferencia que ni el juzgado ha establecido ni corresponde dar por buena. La propia Paquita solo afirma lo que le consta: que la quieren fuera para poner turistas y que nadie de la empresa le ha explicado nada.
En la noche del lunes, su abogado recibió la suspensión cautelar. El Tribunal de Instancia número 36 aplaza el lanzamiento y reclama con urgencia, en un plazo máximo de diez días, que las administraciones autonómica y municipal verifiquen si concurre vulnerabilidad y, en su caso, propongan alquiler social y ayudas para cuando abandone la vivienda. Conviene leer despacio esa última condición: la suspensión no discute que se vaya, solo cuándo y adónde.
No hay nueva fecha. La concentración se mantuvo igualmente, convocada por el Sindicato de Inquilinas y por La Chispera —la misma asociación del acto primero, el mismo barrio, ocho días después—. «Soy el pueblo de Madrid», dijo ella desde el portal.
Aquí el mecanismo se vuelve casi paródico. Paquita y su hijo no son una familia económicamente vulnerable en el sentido administrativo del término: ingresan alrededor de tres mil euros al mes y se declaran dispuestos a pagar algo más de renta si esa fuera la cuestión; el Ayuntamiento, de hecho, sostiene que no concurre vulnerabilidad económica.
Pero Paquita tiene reconocido por la Comunidad de Madrid un grado tres de dependencia —el máximo— y se recupera de una intervención reciente en una pierna. Es decir: el juzgado ha tenido que suspender un lanzamiento para pedir a dos administraciones que verifiquen una condición que una de ellas ya ha certificado. El expediente no consulta al expediente.
Y la paradoja de fondo permanece intacta: para no acabar en la calle hay que acreditar previamente que la calle sería intolerable. «¿Adónde me voy a ir con unas semanas de aviso?», resume ella.
Una hora en el número 6
Llegué a la calle Santa Ana a las diez de la mañana, citado allí con Alejandro Ibáñez —el jubilado del acto primero, vecino del mismo barrio—. No hizo falta esperar mucho: entre los presentes ya circulaba que no habría lanzamiento.
El rumor traía incluso la explicación exacta, la misma que el auto conocido la víspera por el abogado terminaría de confirmar: faltaba un informe de servicios sociales que el procedimiento exige con carácter preceptivo. Los miembros de La Chispera pasaban a la vez otra voz, la de que hacia las once habría un homenaje y de que Paquita saldría al portal a saludar.
En el momento de mayor concentración conté algo más de un centenar de personas. La proporción importa más que la cifra: la mayoría eran medios de comunicación, buena parte de ellos retransmitiendo en directo; después, el grupo de la asociación vecinal, que ejercía de maestro de ceremonias, acompañados de representantes del Sindicato de Inquilinas; y en último lugar, vecinos.
José Antonio sanitario jubilado, amigo de un panadero de la zona, repartía entre los congregados hogazas de pan de pueblo, churros y porras. Conviene anotarlo, porque es justamente la clase de hecho que no deja rastro en ningún expediente: solidaridad de portal, de la que aún queda.
Conviene detenerse en ese grupo, porque La Chispera es la pieza que triangula los tres actos. Es la asociación que acompañó a Alejandro Ibáñez en el pleito de los Apartamentos San Francisco, la que ha sostenido durante meses la protesta de los mayores del barrio y la que convocó, junto al Sindicato de Inquilinas, la concentración de la calle Santa Ana. Y es, además, el conmutador por el que pasan las comunicaciones: quién habla con la prensa, a qué hora se sale al portal, qué se cuenta y qué se calla.
En un barrio que se vacía de vecinos a la misma velocidad a la que se llena de maletas, esa función no es accesoria: es prácticamente la única infraestructura que queda del lado de quien vive aquí. Un bastión envalentonado y la prueba de que todavía quedan vecinos, todavía quedan trincheras y todavía hay batallas por ganar.
Paquita apareció dos veces. Primero se asomó al balcón, apoyada en el bastón, con toda la pena del mundo encima. Después bajó a pie de calle, con el mismo bastón y más lágrimas, y los gritos de «¡Paquita se queda!, ¡Paquita se queda!» ya no pararon. Fue la única protagonista de la mañana, y esa soledad dice algo: de los tres actos de este julio, solo uno tenía a alguien que pudiera asomarse todavía a su propia ventana. En Moratalaz no hubo balcón al que salir, porque cuando llega la comisión judicial ya no hay nada que celebrar.
Entre escena y escena, del número 6 de la calle Santa Ana salían turistas ocasionales. Las maletas los delataban. De dos en dos, de tres en tres, en procesión, con el ruido de las ruedas sobre un asfalto imperfecto. Y cuando enseñaban la espalda, huyendo de la escena con el equipaje a rastras, la proclama cambiaba: «¡Fuera turistas de nuestros barrios!».
No hace falta atribuirles nada ni averiguar de quién es cada piso: la secuencia se explicaba sola. Conviene, eso sí, no confundir la imagen con toda la explicación, ni el blanco con la diana. Por aquella puerta no salían fondos buitre ni funcionarios iracundos, sino gente con una reserva; y los dos primeros actos de esta historia transcurren sin un solo turista.
El alquiler vacacional es uno de los puntos de inflexión del barrio, el más visible y el que mejor fotografía; no es el único motor de lo que le está ocurriendo. Periodistas, maletas y algún vecino: ese es hoy el censo de una mañana cualquiera en La Latina.
El casero cambia, la maquinaria no
Lo que hace instructiva esta trilogía no es la coincidencia temporal, sino el reparto de papeles. En ocho días, el desahuciador ha sido sucesivamente la Comunidad de Madrid a través de su parque público, el Ayuntamiento de Madrid sobre un equipamiento asistencial de su propiedad y una promotora privada con negocio en el alquiler turístico. Dos de los tres caseros son administraciones públicas. La discusión habitual —mercado contra Estado, fondo buitre contra vecino— no describe bien lo que ha ocurrido: describe, como mucho, el tercer acto.
Y la variable que decide no es la vulnerabilidad, ni la edad, ni la infancia. Es el papel, y solo el papel que está en el sitio correcto. Alejandro se queda porque la administración no acreditó su propia necesidad. Paquita gana diez días porque falta en el expediente un informe sobre una dependencia que la Comunidad ya le había reconocido.
Dulce se fue a la calle con un dictamen de Naciones Unidas en la mano y ningún trámite que lo hiciera ejecutable. El derecho a la vivienda, en Madrid, se está dirimiendo en la calidad de los expedientes; y esa es una forma discreta de decidir quién tiene abogado, quién tiene asociación vecinal detrás y quién solo tiene razón.
El momento más emotivo de la mañana no lo convocó nadie. Fue el abrazo de Paquita y Alejandro Ibáñez en la puerta del portal: el acto tercero y el acto primero, la mujer que espera un informe y el hombre al que salvó un informe que nunca existió. Ninguno de los dos figura en el expediente del otro.
- Pie de foto: abrazo de Alejandro y Paquita tras el desahucio fallido se Santa Ana 6. ©avallespin
