La Comunidad de Madrid ha autorizado 14,8 millones de euros para mantener hasta el 31 de agosto de 2027 la gestión de veintitrés escuelas infantiles públicas. La medida garantiza 3724 plazas del primer ciclo de Educación Infantil, pero llega en medio de las críticas laborales y educativas que atraviesan el sector de cero a tres años.
El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado la continuidad de los contratos vigentes de gestión de veintitrés escuelas infantiles públicas de la red autonómica, con una inversión de 14,8 millones de euros.
Según la nota difundida este 8 de julio de 2026 por el Ejecutivo regional, la partida permitirá asegurar el funcionamiento de centros situados en Colmenar Viejo, Coslada, Las Rozas de Madrid, Fuenlabrada, Alcorcón, Collado Villalba, Alcalá de Henares, Móstoles, Arganda del Rey, Valdemoro, Rivas Vaciamadrid, Leganés, Alcobendas, Majadahonda, Pinto y Madrid capital.
La decisión afecta a 3724 plazas del primer ciclo de Educación Infantil, una etapa no obligatoria que en la red autonómica es gratuita para las familias desde 2019. La Comunidad sostiene que la prórroga, cuya tramitación comenzó en marzo, busca garantizar la apertura de los centros durante el próximo curso y favorecer la conciliación familiar y laboral.
Educación infantil de cero a tres: continuidad de plazas, no ampliación
La medida aprobada no supone, según la información oficial disponible, la creación de nuevas plazas, sino la continuidad de contratos ya existentes hasta el 31 de agosto de 2027. Este matiz resulta relevante en un contexto en el que la escolarización temprana se ha convertido en una cuestión educativa, laboral y social para muchas familias madrileñas.
Los centros incluidos son El Almendro, en Colmenar Viejo; Antón Pirulero, en Coslada; Aserrín Aserrán, en Las Rozas de Madrid; El Cocherito Leré, en Fuenlabrada; El Corro de la Patata, en Alcorcón; Cuentacuentos, en Collado Villalba; Don Melitón, en Alcalá de Henares; y Fábulas y Leyendas, en Móstoles.
También figuran Gloria Fuertes y Pinceladas, en Arganda del Rey; Jacaranda, en Valdemoro; Nanas de la Cebolla y Patas Arriba, en Rivas Vaciamadrid; La Noria y Pandora, en Leganés; Pío Pío, en Alcobendas; La Tarara, en Majadahonda; Tragaluz, en Pinto; y Valle de Oro, La Aldea, Cinco Lobitos, Palmas Palmitas y Sol Solito, en Madrid capital.
De acuerdo con la Comunidad de Madrid, todas estas escuelas forman parte de una red pública autonómica integrada actualmente por 392 centros. La administración regional señala que, para seleccionar a las empresas adjudicatarias, la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades valora criterios como el proyecto docente, la propuesta pedagógica, la atención al alumnado con necesidades de apoyo educativo, la gestión de recursos humanos y las actividades complementarias.
La gestión indirecta permanece en el centro del debate
La aprobación presupuestaria se produce mientras el primer ciclo de Educación Infantil mantiene abierto un debate sobre el modelo de gestión indirecta, las ratios, los salarios y el reconocimiento educativo de la etapa de cero a tres años.
En abril, Aquí Madrid informó de la huelga indefinida en el primer ciclo de educación infantil de Madrid, convocada por la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles con el respaldo de CGT Enseñanza Madrid. Las reivindicaciones incluían la reducción de ratios, mejoras salariales, más recursos y el reconocimiento pleno del carácter educativo de esta etapa.
La orden de la Comunidad permite sostener la prestación del servicio en veintitrés centros, pero no aborda por sí misma las demandas que han situado al sector en conflicto. Entre ellas figuran la implantación de la pareja educativa, la revisión de condiciones laborales y la adecuación de los pliegos de gestión a los costes reales de la atención educativa.
La tensión entre conciliación y calidad educativa
El análisis publicado por Alba Jiménez en Aquí Madrid, «Entre la vocación y la realidad, la huelga pendiente de la educación infantil», subrayaba que hablar de ratios, tiempos de atención y recursos no implica solo discutir condiciones laborales, sino también la calidad del acompañamiento que reciben los niños y las familias.
Ese enfoque resulta clave para interpretar la nueva autorización presupuestaria. La Comunidad de Madrid presenta la continuidad de los contratos como una garantía para las familias. Los colectivos movilizados, por su parte, vienen defendiendo que la estabilidad del servicio debe ir acompañada de condiciones que permitan una atención educativa suficiente y no solo una respuesta administrativa a la conciliación.
La decisión regional, por tanto, asegura la continuidad de 3724 plazas públicas en el corto plazo, pero mantiene abierto el fondo del conflicto: qué modelo de educación infantil de cero a tres años quiere sostener Madrid y con qué recursos humanos, pedagógicos y presupuestarios.
