La escena
Santander, junio de 2026. El Palacio de la Magdalena lleva décadas siendo el escenario donde la élite económica española se reúne bajo el paraguas del periodismo para hablar de sí misma.
El seminario de la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) es, en ese sentido, un rito de primavera: los grandes directivos suben al atril, los periodistas toman nota y el optimismo fluye con la misma generosidad que el vino de los cócteles.
Este año, el protagonista indiscutible no fue ningún ponente. Fue el token.
Carlos Torres Vila, presidente de BBVA, lo invocó como la única palanca capaz de salvar a Europa de su declive de competitividad frente a Estados Unidos. Peio Belausteguigoitia, Country Manager de BBVA España, lo usó como garantía de que no habrá despidos. Carlos Aso, consejero delegado de Andbank, lo presentó como el ariete que va a demoler el modelo de comisiones de la banca tradicional. Antonio Huertas, presidente de MAPFRE, lo enmarcó con cautela humanista —«la mejor IA es la que no sustituye la empatía»— sin que eso le impidiera celebrar la eficiencia que promete.
Cuatro directivos. Cuatro mensajes distintos. Un consenso unánime: la inteligencia artificial es el futuro, y ese futuro llega ya, es urgente y no admite dudas.
Hubo, sin embargo, una frase que no pronunció ninguno de ellos a lo largo de toda la jornada.
«¿Cuánto cuesta?»
Lo que sí dijeron
Sería injusto no escuchar el argumento antes de desmontarlo. Los directivos que tomaron la palabra en Santander no hablaban por hablar: representan a instituciones con millones de clientes, miles de empleados y balances que los mercados leen cada trimestre con lupa. Su apuesta por la inteligencia artificial no es un capricho tecnológico; es una decisión estratégica que afecta a cómo se conceden créditos, cómo se gestionan riesgos y cómo se fija el precio de los servicios financieros que usa la mayoría de los españoles.
Torres Vila fue el más explícito en el diagnóstico. Europa pierde terreno frente a Estados Unidos. La brecha de productividad es real, es medible y se agranda cada año. La inteligencia artificial no es una opción corporativa, es —en sus palabras— una necesidad de Estado. Un continente que legisle por miedo a la tecnología argumentó, está firmando su propia sentencia de irrelevancia económica.
Belausteguigoitia bajó el argumento a la planta de los recursos humanos. El miedo más extendido entre los trabajadores —que la IA se traduzca en expedientes de regulación de empleo masivos— fue descartado con rotundidad: el banco no prevé despidos colectivos provocados por la implantación de estas herramientas. La apuesta, dijo, es la reconversión interna: liberar al empleado de las tareas repetitivas para que se concentre en lo que una máquina no puede hacer, el juicio, la negociación, la relación con el cliente.
Aso aportó el dato más disruptivo. En la gestión de activos, la inteligencia artificial ya hace en minutos lo que antes exigía equipos enteros de analistas. Eso, traducido al precio del producto financiero, significa que el modelo de comisiones tradicional está herido de muerte. Las entidades que no integren esta eficiencia en su propuesta de valor perderán la batalla frente a los neobancos sin contemplaciones.
Huertas, el más cauteloso del panel, no renunció al entusiasmo, pero puso una condición: la tecnología debe ser un apoyo al trabajador, no su sustituto. En el negocio asegurador, sostuvo, el cliente exige el factor humano en los momentos críticos. La empatía no se automatiza.
El relato era coherente, bien armado y, en su superficie, razonable. Cuatro ejecutivos de primer nivel describiendo una transformación tecnológica con consciencia de sus límites humanos y sociales.
Lo que ninguno de los cuatro puso sobre la mesa fue el reverso del argumento: si la inteligencia artificial va a hacer todo eso —reconvertir plantillas, demoler estructuras de costes, automatizar el análisis de riesgos a escala masiva—, ¿con qué energía?, ¿con qué agua?, ¿sobre qué suelo?, ¿a qué precio real?
Lo que no dijeron
Un token no es una metáfora. Es una unidad de procesamiento que consume electricidad en un servidor físico que necesita agua para no fundirse, instalado en un edificio que ocupa suelo y que requiere una línea de alta tensión para funcionar. Cada consulta que un empleado del BBVA hace a su asistente de inteligencia artificial, cada análisis de riesgo que el algoritmo de Andbank ejecuta en milisegundos, cada proceso que MAPFRE automatiza en la gestión de siniestros tiene una traducción directa e inevitable en vatios, litros y metros cuadrados.
Cuando Belausteguigoitia anuncia que BBVA no prevé EREs por la IA, está describiendo una reconversión de costes, no una reducción. Lo que el banco deja de pagar en masa salarial lo empieza a pagar en infraestructura tecnológica. La diferencia es que el coste laboral es flexible —se puede negociar, reducir o adaptar— y el coste de la infraestructura digital, una vez que los procesos dependen de ella, es fijo, recurrente y lo fija un proveedor externo que opera desde la Costa Oeste de Estados Unidos.
El Banco Santander —ausente del panel, pero presente en los datos que circulaban por el seminario— ha reconocido en sus propios informes que el 40 por ciento de su código lo desarrolla ya su inteligencia artificial agéntica y que más de 185.000 empleados en todo el mundo tienen acceso a herramientas de IA. Esa cifra no describe una empresa de servicios financieros con apoyo tecnológico. Describe una «industria electrointensiva indirecta». Nadie en Santander la llamó así.
La primera omisión es el coste de infraestructura. Las licencias corporativas de inteligencia artificial generativa para plantillas de decenas de miles de empleados suponen facturas mensuales de millones de euros abonadas a Microsoft, Google u OpenAI. Antes de que un algoritmo sea útil, los datos internos de la entidad tienen que estar impecablemente limpios, estructurados y actualizados en tiempo real: miles de horas de ingeniería de software dedicadas en exclusiva, que no aparecen en ninguna diapositiva del seminario.
La segunda omisión es el coste energético. El procesamiento masivo de modelos de lenguaje consume cantidades ingentes de electricidad y agua para la refrigeración de los centros de datos. Las mismas entidades que en Santander defendían sus compromisos de huella de carbono cero van a disparar su consumo energético corporativo en los próximos años. En el seminario había un eje dedicado a la transición energética y otro dedicado a la inteligencia artificial. Nadie cruzó públicamente los dos. Nadie preguntó cuánto va a costar esa energía a medio plazo en un mercado eléctrico europeo tan volátil como el actual.
La tercera omisión es quizá la más grave porque afecta a la lógica misma del negocio: el precio al que la banca está comprando hoy los tokens no es el precio real. Es el precio de iniciación.
Las grandes tecnológicas norteamericanas —Microsoft, Google, OpenAI— llevan meses inundando el mercado corporativo con capacidad de cómputo a tarifas que no cubren sus costes de infraestructura. Es una estrategia deliberada: subvencionar el acceso para que las organizaciones reestructuren sus procesos, reconviertan sus plantillas y anclen su operativa a una dependencia tecnológica de la que después resulte imposible salir. Cuando el banco haya desmantelado los equipos que esa tecnología reemplaza y sus procesos críticos dependan de que el modelo de lenguaje esté encendido, el precio del token subirá a su valor real de mercado.
Ese valor real lo determinan recursos que, a diferencia de las promesas corporativas, sí son finitos. El silicio necesario para fabricar los chips que procesan la inteligencia artificial está llegando a sus límites físicos de miniaturización; cada nueva generación de microprocesadores es astronómicamente más cara de diseñar y fabricar, y su producción está concentrada en un oligopolio de dos o tres empresas con sede en Asia. La energía base que necesitan los centros de datos —estable, constante, disponible las veinticuatro horas— no tiene precio fijo en un mercado eléctrico europeo sometido a tensiones geopolíticas crecientes. Y el agua, como veremos, no se negocia en bolsa.
La banca está tomando decisiones estratégicas irreversibles —restructurar procesos, reconvertir perfiles, comprometer inversiones plurianuales— sobre la base de un precio del token que es, en este momento, tan ficticio como el tipo de interés al cero por ciento. Lo que entonces fue una política de emergencia que creó una dependencia estructural de la deuda barata, esto es hoy una política comercial que está creando una dependencia estructural de la computación barata. La resaca, en ambos casos, llega cuando el precio vuelve a reflejar la realidad.
Ninguno de los directivos mencionó en el Palacio de la Magdalena que el escandallo que defendían está construido sobre un andamiaje de precios subsidiados con fecha de caducidad.
La cuarta omisión es la más concreta y la más invisible. El agua para enfriar los servidores no se compra en el mercado libre: la concede una Confederación Hidrográfica, organismo autónomo del Ministerio de Transición Ecológica. La potencia eléctrica necesaria para alimentar un gran centro de datos no se contrata con una llamada de teléfono: la raciona Red Eléctrica de España a través de permisos de acceso y conexión que actualmente están saturados de solicitudes pendientes. El suelo donde se instalan los servidores no es una variable abstracta: lo ordena un plan urbanístico municipal que puede conceder la licencia o denegarla durante años.
El Estado tiene la sartén por el mango. Pero en el Palacio de la Magdalena, el Estado —sus instituciones, sus organismos, sus planes de ordenación territorial— no existía. La conversación transcurrió como si los tokens brotaran del aire.
